La Legislatura se encamina a abrir dos investigaciones paralelas por las escuchas ilegales

La intención de abrir una investigación legislativa por las escuchas telefónicas ilegales va camino a un insólito e inédito periplo institucional. A dos semanas de la sesión clave, en la Legislatura consideran que la única salida potable es crear dos comisiones investigadoras para determinar la responsabilidad de los funcionarios del Gobierno porteño en el caso de espionaje.

Según pudo averiguar ámbito.com, tanto el macrismo como los diputados de la oposición se mantienen firmes en sus posturas. El PRO insistirá en el autoenjuiciamiento de Mauricio Macri y los otros bloques exigirán la formación de una comisión investigadora especial.

La diferencia entre la comisión que quiere crear la oposición y la que pretende el oficialismo es que la primera tiene poderes más amplios y puede investigar diferentes temas y extender su investigación a otros funcionarios que pudiesen estar implicados en la designación, entre otros, del ex comisario Jorge "Fino" Palacios, hoy procesado y preso en el penal de Marcos Paz.

En cambio, la que impulsa el PRO estaría limitada a investigar sólo la responsabilidad de Macri y por el tema de las pinchaduras, no extensivo al accionar de la Policía Metropolitana, ni a la presencia del espía Ciro Gerardo James en el Ministerio de Educación, por ejemplo.

La investigadora especial será debatida en los próximos días en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el macrista Martín Ocampo, donde la oposición tiene mayoría (8 contra 7). Por ahora hay dos proyectos en carpeta. Uno presentado por el peronista Diego Kravetz que impulsa una comisión de 15 miembros, y otro de Martín Hourest, del monobloque Igualdad Social, que promueve una de 19.

Por estas horas las gestiones entre oficialismo y oposición se centran en acordar un criterio de integración y la cantidad de legisladores nombrados. El partido de Macri reclama que se respete la "proporcionalidad" según los números de la Cámara, donde es primera minoría, pero del otro lado exigen la "representatividad" de todos los bloques.

Para Ocampo, la propuesta que evita el juicio político tiene "rasgos de inconstitucionalidad" porque no se puede hablar de "representación" inherentemente al sistema de proporcionalidad de las fuerzas políticas en el recinto. "Ir con un representante de un bloque de 24 legisladores es ir a una comisión 'lijadora', vamos como monobloque", se quejó en diálogo telefónico con ámbito.com.

A pesar de argumentos que llevan los emisarios del PRO a la mesa de la oposición, se estima que de Asuntos Constitucionales saldrá un único proyecto con dictamen favorable que se votaría el 12 de agosto. Para crearla, se necesita una mayoría simple (31 de 60 votos) que el grupo opositor tiene asegurada.

La estrategia del PRO entonces será mantener vigente el juicio político, de donde Macri saldrá indemne. Pero como el jefe de Gobierno sólo tiene 24 votos garantizados y está en tratativas con el denarvaísmo para capitalizar dos más, se especula que el proyecto irá directamente a la Sala Acusadora sin pasar por el tormento de la votación en el recinto. Esta novedad es sostenida por los macristas como una opción válida dentro de un limbo jurídico que propicia la Carta Magna porteña, pero resistida por los opositores que recuerdan el procedimiento que concluyó con la destitución de Aníbal Ibarra.

Una vez que la resolución llegue por la manga a la Sala Acusadora, los 45 legisladores que la integran deberán designar a 13 investigadores que se ocuparán de recolectar pruebas y tomar testimonios en no más de 90 días corridos. He aquí el periplo institucional. La comisión especial que promueve la oposición con 15 o 19 miembros -según el proyecto- también se ocupará de juntar evidencias y declaraciones en el mismo plazo. Es más, la mayoría de los integrantes de una comisión podrían estar en la otra.

Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, confió a este medio ayer que si la situación de tensión se mantiene "saldrán las dos". Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, también asintió esa posibilidad. Ocampo se mostró esperanzado en que las conversaciones en curso eviten las investigaciones paralelas. "Vamos a aceptar cualquier propuesta que busque la verdad y deje investigar, pero no permitiremos un circo político", indicó.

La clave es que una vez que la comisión investigadora de la Sala Acusadora termine su trabajo, las conclusiones pasarán a la Sala Juzgadora (integrada por otros 15 legisladores) si 30 de los 45 votan a favor. Allí, la oposición sólo reune 26 voluntades por lo que haría inviable la destitución, más allá de las responsabilidades que se le endilguen al jefe de Gobierno.

El periplo institucional se cierra con dato no menor: la comisión investigadora que impulsa la oposición presentará al finalizar su tarea un informe con sugerencias no vinculantes. La máxima podría ser el pedido de juicio político a Macri.