La demanda de cambio de los grupos sociales se corresponde con la falta de credibilidad política del común de los argentinos. La indagación causal del fracaso sucesivo de los encargados del proceso gubernamental, la reiterada frustración de las esperanzas colectivas y la inocuidad de la acción de quienes no supieron estar a la altura de las circunstancias, a todo lo cual deben sumarse variables como el síndrome de «la vida que no se vive», la legislación de fuego fatuo, la entropía política, el acostumbramiento al golpe de Estado y la gravitación vicaria de las Fuerzas Armadas han producido el hecho crucial de que, políticamente, hoy nadie crea en nada.
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Esta desoladora realidad explica la presencia de grupos que han ganado las calles y avenidas como espacios propios para su acción, con una filosofía próxima a la desesperación, grupos que operan en medio de un inmenso escepticismo generalizado. Escepticismo que se muestra en toda su crudeza cuando el pueblo, inerme e inerte, desoye la posibilidad histórica de asumir la función protagónica de un proceso de auténtica recuperación democrática.
Esta falta de fe en la política y en los políticos en un mal profundo, una dolencia nacional, que hiere la democracia y sus posibilidades de futuro.
Parece claro que corresponde a los ciudadanos la tarea de edificar la Nación, tarea que reclama la unidad de los argentinos bajo formas de convivencia fundadas en relaciones de solidaridad. Y que el caos siente aversión por esa exigencia de vida civilizada. Alucinado por soluciones extrañas a la vida nacional, desprecia los métodos democráticos por considerarlos anacrónicos e ineficaces. De ahí que la rebeldía, la protesta, la disconformidad con las estructuras y valores del sistema de relaciones que sirven de soporte a la sociedad actual no configuran otra cosa que una expresión sin otro objetivo previsible que crear la anarquía y el caos y asumir al país en la hondonada de una dictadura sin término. Esto conduce al problema de la imperiosa necesidad de remozar las estructuras políticas, lo que exige, además de un cambio en el sistema de participación del cuerpo electoral y en la toma de decisiones, el establecimiento del referéndum, la consulta popular, la revocación de mandatos, la creación de instrumentos de gestión ciudadana, la renovación de los partidos políticos, de su estructura y de sus funciones, y esencialmente de sus círculos interiores, con la incorporación de jóvenes que los saquen de la situación en que se encuentran, de simples máquinas electorales. Unicamente así el poder dejará de ser un fin en sí mismo, los medios no sustituirán a los fines y la política reasumirá su rango de empresa comunitaria.
(*) Profesor emérito de Derecho y miembro de la Corte Suprema.
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