Legislatura porteña: aceleran debate por el Servicio Penitenciario de CABA y esperan que sea tratado antes de fin de año

El oficialismo y la oposición acercan posiciones para arribar a un texto de consenso que prepare el terreno para el traspaso de competencias nacionales al distrito. Entre los bloques hay optimismo. El Ejecutivo espera que se trate antes del recambio legislativo.

El PRO y la oposición continúan debatiendo los proyectos sobre la creación del sistema carcelario y de Ejecución de Pena. 

El debate por la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires y la ley de Ejecución de Pena avanzan en paralelo en la Legislatura porteña. Culminada la primera etapa en la que se invitó a exponer a especialistas, el oficialismo y la oposición liman asperezas con el objetivo de arribar a un texto de consenso, con particular foco en el cumplimiento de las sentencias, la escucha a la víctima y la reinserción social. En el recinto abunda el optimismo y se preparan para llevarlo al recinto antes de fin de año.

Mientras el gobierno de Jorge Macri avanza en las discusiones con Nación por la firma del convenio para el traspaso de presos y las transferencias del Servicio Penitenciario Federal a la órbita porteña, en el plenario de las comisiones de Justicia, de Legislación del Trabajo, Seguridad y Asuntos Constitucionales preparan el terreno para la confección de dos leyes marco, sobre los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo y bloques opositores, que permitan dar forma a lo que será la conformación de un sistema carcelario propio.

Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con penales de gestión propia. La administración de Devoto se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Las comisarías y alcaidías son consideradas como espacios de tránsito. Sin embargo, en el último tiempo, el lento traslado de detenidos por parte de Nación a instituciones federales produjo una superpoblación que ocasionó reiteradas fugas de presos, principalmente en 2024 y principios del 2025.

Frente a ese panorama, el gobierno porteño decidió intensificar las discusiones con el Ejecutivo nacional para llegar a un acuerdo que, además del cupo de traslado de detenidos juzgados por delitos federales y la transferencia de las competencias del SP, abarcaría también el traspaso de instalaciones, como un pabellón del penal de Ezeiza y el sector que CABA está construyendo en Marcos Paz, hacia donde sería enviados los reclusos de Devoto, cuya cárcel dejaría de estar activa. El objetivo es descomprimir las comisarías locales.

Avanza el debate sobre el Sistema Penitenciario de CABA

Para hacerse cargo de la administración penitenciaria, el Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura los proyectos de Ejecución de Pena y de creación del SP local. Al momento de su presentación, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, llamó a trabajar "todos juntos para lograr la mejor ley para los porteños" ya que "es un problema que atañe a todos" por lo que pidió contar "con la participación activa de todos".

En paralelo, la oposición dio forma a sus propuestas propias que fueron presentadas en el recinto e incluidas en los temarios de debate de las comisiones. Fuentes con despacho en Uspallata ven con optimismo el debate parlamentario y auguran un tratamiento en el corto plazo. "Está avanzando a buen ritmo. Esperamos que en cuestión de semanas vaya al recinto y se trate", señalaron a este medio.

Desde mitad de año llevan convocadas unos 16 plenarios de comisiones de los que participan legisladores y legisladoras de todos los bloques, junto a quien es la principal voz del Ejecutivo porteño en la arena legislativa, el subsecretario de Política Criminal y Asunto Penitenciarios, Leandro Halperín. Por allí pasaron representantes del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de la Procuración General de la Nación, jueces, abogados, especialistas de la sociedad civil, exdetenidos y familiares de víctimas, entre otros.

Legislatura porteña. Laura Palmiotti

Debido a la importancia de la discusión, la Comisión de Justicia, presidida por la legisladora de la UCR-Evolución, Inés Parry, tiene un especial protagonismo. “Venimos trabajando de manera muy horizontal, escuchando no solamente a los especialistas que invitamos cada una de las fuerzas política, sino que, además, nos nutrimos de las experiencias de quienes han transitado por esos espacios”, dijo en diálogo con Ámbito.

Durante la primera etapa del debate, en los primeros tres meses, se discutieron los alcances de la ley de Ejecución de Pena y de la creación de la fuerza penitenciaria que se encargará del traslado, custodia de los detenidos y control de los establecimientos. “Ambas son normativas necesarias a los efectos de definir qué es lo que tiene y debe tener el sistema y lo que no. Además de determinar cuáles son las sanciones y beneficios que van a tener los integrantes de esa fuerza”, ahondó. El objetivo, según explicó, es generar “una mirada innovadora” tomando “lo que funciona” de la experiencia del Sistema Penitenciario Federal y dejando de lado aquello que sus propios miembros marcan que no debe replicarse.

Las coincidencias entre los legisladores abundan. Todos comparten la importancia de la creación de un Sistema Penitenciario propio. Para la legisladora d Graciana Peñafort, autora de uno de los proyectos que se pusieron a consideración, hay consenso con el resto de las propuestas respecto a objetivos y marcos conceptuales que son “fundamentales”. “Principalmente todos están enfocados en establecer una estructura penitenciaria propia para la Ciudad y queremos garantizar la reinserción social de los condenados”, señaló a este medio.

En particular, señaló que las iniciativas, tanto del oficialismo como de los bloques opositores, reconocen la necesidad de crear un sistema penitenciario y de Ejecución Penal propio de CABA en razón de la autonomía que la Constitución le confirió al distrito porteño. “Esto es crucial para manejar a las personas privadas de libertad bajo la jurisdicción local y para resolver la situación de hacinamiento en alcaidías y comisarías, que no son aptas para el alojamiento prolongado”, puntualizó.

Al centro de la imagen, Inés Parry, presidenta de la Comisión de Justicia. A su lado, Hernán Reyes (Asuntos Constitucionales) y Gimena Villafruela (Seguridad).

La superpoblación de las alcaidías y comisarias

De acuerdo a cifras actualizadas del GCBA, el total de detenidos en comisarías y alcaidías porteñas asciende a 2.386, de los cuales 243 están imputados, 1771 han sido procesados y hay 372 condenados. La gran mayoría -1.605- se encuentran arrestados por delitos contra la propiedad, mientras que 316 están detenidos por delitos contra la integridad, 148 por delinquir contra las personas, 112 contra la administración y 56 contra la libertad.

Respecto al grado de la condena hay 11 detenidos que aún deben pasar más de 10 años en una cárcel. Otros 23 deberán cumplir entre 5 a 10 años más de lo que ya cumplieron. Mientras que hay 33 presos a los que les restan pasar de 2 a 5 años más en una prisión. Asimismo, a 31 detenidos en alcaidías les restan entre 1 y 2 años más de detención y unos 43 tienen que pasar entre 6 meses y un año más de tiempo recluidos.

“El debate que estamos dando es muy importante en términos de autonomía. Hoy realmente tenemos muy resentido el sistema de alcaidías y comisarías. Hay personas que están cumpliendo penas en un espacio en el que no está preparado ni penado. No tenemos ni flujo ni fluidez como había antes de la pandemia”, explicó Parry y agregó que el 94% de las personas que están detenidas en la Ciudad de Buenos Aires “corresponden a delitos que no están transferidos de jueces nacionales”.

“Es un círculo vicioso muy negativo que trae muchas dificultades”, continuó la legisladora radical, quien además de recordar las consecuencias que trajo hasta el momento, como las fugas de detenidos, también remarco las dificultades para el personal policial: “Están cumpliendo funciones por fuera de sus atribuciones que, frente a este panorama, es necesario que cumplan”.

Darle voz a la víctima

Los legisladores coinciden con el Ejecutivo en encontrar una solución a la problemática carcelaria. En ese camino, además de la ejecución de la pena, también hay un entendimiento entre las diferentes fuerzas en darle a la víctima la posibilidad de ser escuchada en los diferentes momentos del proceso. “Todos consideran que tiene que ser oída en el proceso y que, en el medio, puede cambiar de parecer: si al principio no quiere participar y más tarde sí, que esté al corriente de qué es lo que pasa con la persona con la que tuvo un conflicto. Eso también es una mirada diferente de lo que ocurre a nivel nacional”, resaltó Parry.

Peñafort remarcó también la coincidencia política sobre dicho punto, aunque afirmó que por parte de especialistas es uno de los aspectos que fue “sumamente cuestionado”, en particular por el hecho de que “puedan emitir opinión ante el juez sobre institutos de libertad anticipada, como salidas transitorias o condicionales”.

El Plan de Vida y la reinserción social

Otra de las discusiones internas tiene que ver con la distinción entre Sistema Penitenciario y Servicio Penitenciario. “Parece que es lo mismo, pero no”, dijo Parry y pasó a explicar: “El Servicio es propiamente la cárcel. En cambio, el Sistema es todo: la cárcel, la fuerza, cómo esto se articula y opera con los jueces, con el Ejecutivo y también con la creación de lo que sería un Instituto o Agencia, que es el que llevaría adelante lo que denominamos como el Plan de Vida”.

Se trata de lo que Parry define como “el compromiso” de las personas que están en reclusión para reintegrarse a la sociedad. “Tiene que ver con cómo van a ir cumpliendo las etapas de reinserción”, que, de acuerdo a los proyectos, serían regidos por principios de progresividad e incluiría actividades laborales, educativas, de salud y culturales. “Queremos que cuenten con un acompañamiento interdisciplinario para que la seguridad no sea exclusivamente quien coarte las posibilidades de reinserción y resocialización de quienes están cumpliendo penas privativas de la libertad. Lo queremos abordar como un sistema integral”, explicó la legisladora.

Peñafort añadió: “La idea es promover un abordaje interdisciplinario y la atención a grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes adultos, LGTBIQ+, adultos mayores, personas con discapacidad, que cumpla con los estándares internacionales, como la Opinión Consultiva N° 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En ese sentido, aseguró que todos los proyectos en discusión “buscan garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad”.

Uno de los diferenciales que proponen los textos que están en danza tiene que ver con la creación de un Instituto o Agencia que se encargará de dar seguimiento a las sentencias. “Hoy son los jueces de ejecución los encargados de hacer el seguimiento. Y en su mayoría no son penas privativas de la libertad. Ese es uno de los flancos débiles del Servicio Penitenciario. Lo que queremos es aportar una mirada diferencial a través de un organismo o instituto que será el encargado del seguimiento y de implementar el Plan de Vida para la reinserción”, explicó Parry. Hay coincidencia al respecto entre los diferentes bloques, aunque está en debate temas como la capacitación de los civiles que lo integren respecto de las cuestiones penitenciarias.

El Sistema Penitenciario como institución civil

Otro de los puntos tiene que ver con la designación de las autoridades del SP. “Existe consenso en que la gestión del nuevo sistema debe ser de naturaleza civil y altamente profesionalizada”, dijo al respecto Peñafort e indicó, tal como señala su iniciativa, que debe ser considerado como una “institución civil armada” bajo el ala del Ministerio de Justicia.

En consonancia, el texto del oficialismo remarca que el Director General “no puede pertenecer a ninguna fuerza de seguridad”. Además, priorizan la formación, capacitación y especialización continua del personal, vinculada al Instituto Superior de Seguridad Pública (PE) o un Instituto Superior del Sistema Penitenciario (Peñafort).

La dependencia del futuro SP de CABA es uno de los temas sobre los que hay diferencias. Tanto el Ejecutivo como el texto de Peñafort plantean que debe orbitar Justicia. Otra de las iniciativas, impulsada por Matías Barroetaveña (UP), propone que esté bajo el ala de Seguridad. En La Libertad Avanza coinciden con la mirada de este último.

“La mayoría de las fuerzas pensamos que debe depender del Ministerio de Justicia dado que es un organismo auxiliar de la administración de Justicia. Esa es la diferencia más marcada que estamos transitando”, contó Parry, aunque lo ve como algo “salvable”. “Entiendo que todavía lo podemos subsanar”, afirmó.

Entre los proyectos que circulan en comisión, la gestión de los establecimientos también es un punto a seguir. El oficialismo propone que se permita a las empresas a que "construyan y/o administren" las cárceles, aunque con la salvedad de que las funciones de seguridad, custodia y las áreas técnico-criminológicas "deben ser ejercidas exclusivamente por personal del Sistema Penitenciario de la Ciudad".

El texto de Peñafort habilitaría "mecanismos de participación público-privada" para la construcción y mantenimiento, pero, de igual manera que el Ejecutivo, el control y la gestión de la seguridad, así como las tareas de rehabilitación, estarán bajo responsabilidad de las autoridades penitenciarias y judiciales. Barroetaveña, por caso, impulsa la habilitación a que personas jurídicas de derecho privado puedan "crear y administrar establecimientos de detención" y que la fuerza penitenciaria pueda ser reemplazada personal propio, que cuente con curso formativo reglamentado.

Según indicaron en su momento fuentes del Gobierno porteño a este medio, tener ambos proyectos aprobados les permitiría contar con una estructura armada para que, una vez que se firme el convenio y se disponga el traspaso de las competencias, se pueda concretar sin demoras. Desde CABA buscan preparar el terreno. "En principio estará enfocado en los detenidos que hayan sido juzgados por la Justicia local", es decir, cuyos delitos ya han sido transferidos a la competencia judicial porteña, aclaró Tapia a fines de junio.

Para la legisladora de la UCR y titular de la Comisión de Justicia, no es lo mismo si hay un convenio firmado o si no lo hay. "Varía en el alcance, la robustez y en cuántas personas va a tener que albergar ese sistema penitenciario. No es lo mismo pensar un sistema para 550 personas que pensarlo para 2.500 o para 8.000. Eso dependerá del convenio", explicó aunque resaltó la predisposición del parlamento local para tener las leyes marco.

Respecto a lo que viene, Parry explicó que está avanzada la redacción de la ley de Ejecución. En las próximas semanas se meterán de lleno en las discusiones sobre la conformación del Instituto y en la creación de la fuerza penitenciaria, donde se analizarán cuestiones vinculadas a las tareas de sus miembros, a los escalafones, los ascensos y las causales de remoción, entre otros puntos.

"En el marco de los acuerdos parlamentarios, esperamos poder sancionarla lo antes posible. Desde mi punto de vista seguramente en los próximos meses. Soy optimista", estimó la legisladora de la UCR y concluyó: "Somos conscientes que nosotros vamos a sancionar una ley y el beneficio no es automático ni inmediato. Hay procedimientos que se van a disparar a partir de tener sancionada la ley que obviamente también llevan su tiempo".