Legislatura porteña: Jorge Macri empuja el debate sobre el Servicio Penitenciario de CABA y sale a buscar consenso opositor

El ministro de Justicia, Gabino Tapia, concurrió a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Seguridad para defender el proyecto del jefe de Gobierno. Además, dio detalles sobre las negociaciones con Nación sobre el traspaso de presos a cárceles federales y la transferencia de competencias del Servicio Penitenciario Federal a la órbita porteña.

El ministro de Justicia, Gabino Tabia, durante su exposición en la comisión de Asuntos Constitucionales y de Seguridad. 

La Legislatura porteña dio el puntapié inicial para empezar a debatir la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Gabino Tapia, asistió este martes a una reunión de comisión para dar impulso al proyecto presentado en marzo pasado por el Ejecutivo de Jorge Macri. Además, brindó detalles sobre las negociaciones con Nación para el traspaso de las competencias. La oposición coincidió en que hace falta un sistema propio, pero plantearon inquietudes, por lo que se avecina un debate largo.

El funcionario porteño se presentó este martes por la mañana en la reunión de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad, acompañado del secretario de Justicia, Francisco Quintana, y Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, para defender la iniciativa del oficialismo. La creación del sistema penitenciario, dijo Tapia, representaría un paso más en la consolidación de la autonomía de la Ciudad respecto a la Nación, además de fortalecer las instituciones locales y brindar de herramientas al Gobierno porteño para combatir la criminalidad y promover la reinserción social.

Conscientes de la necesidad de acuerdos con la oposición, el ministro planteó la necesidad de trabajar "todos juntos para lograr la mejor ley para los porteños" ya que "es un problema que atañe a todos" por lo que pidió contar "con la participación activa de todos". "Este proyecto está orientado a tener el Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos aires", explicó y agregó que "en principio estará enfocado en los detenidos que hayan sido juzgados por la Justicia local", es decir, cuyos delitos ya han sido transferidos a la competencia judicial porteña.

Gabino Tapia defendió el proyecto de Jorge Macri de creación del Servicio Penitenciario de CABA

El proyecto que presentó el oficialismo en marzo pasado plantea la creación del Sistema Penitenciario "como institución civil armada, jerarquizada y depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad" con el fin de permitir la "custodia y guarda de detenidos, imputados y condenados, que se encuentren alojados en establecimientos penitenciarios de la Ciudad", sometidos a ejecución de penas privativas de la libertad y que estén a disposición del sistema judicial porteño.

Durante la reunión, Tapia también hizo hincapié en las negociaciones que lleva adelante con Nación para la transferencia de detenidos juzgados por la Justicia federal y que se encuentran alojados en edificios del Gobierno de la Ciudad. Actualmente hay 2.418 detenidos en comisarías y alcaidías porteñas, de los cuales 288 están imputados, 1.735 procesados y 395 condenados. Unos 1.649 están arrestados por delitos contra la propiedad, aunque también hay condenados por delitos graves: 23 de ellos están sentenciados a más de 10 años y uno de ellos a prisión perpetua. En principio, el proyecto del Ejecutivo abarcaría a 400 detenidos.

La superpoblación de las instituciones carcelarias de CABA obliga al Ministerio de Seguridad a disponer más cantidad de policías en comisarías, en vez de estar en las calles. "Los policías de la Ciudad tienen que estar en las calles, patrullando. No tienen por qué estar cuidando presos en comisarías", cuestionó una fuente del Ejecutivo porteño a Ámbito. Hoy, más de 3000 efectivos están destinados a tareas de cuidados de presos. El año pasado, el Gobierno de Macri se vio sacudido por múltiples fugas en alcaidías, lo que generó fuerte críticas de parte de la oposición y en la opinión pública.

Tapia confirmó que las negociaciones para descomprimir el ecosistema carcelario están avanzadas. Además, señaló que están trabajando desde hace varios meses para que evitar que el cúmulo de detenidos vaya creciendo. En paralelo, están debatiendo con el Gobierno nacional el traspaso de las competencias del Servicio Penitenciario Federal. "Hay una comisión conformada y tiene un plazo de trabajo de seis meses. La mesa de trabajo termina a fin de año", explicó Tapia.

Según confirmaron fuentes de Uspallata a Ámbito, a la mesa de discusión se sumó recientemente el Ministerio de Seguridad de CABA, a cargo de Horacio Giménez. A principio de junio, la cartera nacional que conduce Patricia Bullrich le acercó un primer borrador, el cual está siendo analizado en detalle. "No es un convenio sencillo. Se fueron puliendo detalles en torno a buscar el mejor acuerdo. Debe ser de manera ordenada para cuidar los intereses de los porteños", dijo Tapia esta mañana. De concretarse, abarcaría la transferencias de instalaciones y de personal, pero también de fondos. En paralelo, también continúa la discusión sobre las competencias judiciales.

La oposición planteó críticas y dudas, pero anticipó que debatirá el proyecto

Desde la oposición destacaron la importancia de abrir el debate, aunque plantearon inquietudes y críticas respecto al proyecto del oficialismo. "Es importante estar acá debatiendo estos proyectos que desde nuestro bloque hace tiempo venimos proponiendo abordar", celebró en primer lugar Claudia Neira, presidenta de la bancada de Unión por la Patria. En ese sentido, hizo hincapié en "la crisis de la situación de las personas privadas de la libertad" que atraviesan la Ciudad y aseguró que, con debate, se puede lograr una ley de solución a la situación actual. Desde su lugar, propuso crear mesas de trabajo con distintos ejes de discusión para ir acercando posiciones respecto de los diferentes proyectos que actualmente están en comisión de la Legislatura.

Pese a coincidir en la importancia del proyecto, Neira cuestionó que no se plantea dar una solución integral, sino que estaría enfocada en transferir a 400 detenidos, de los más de 2.400. "Que vamos a hacer con esos más de dos mil detenidos en comisarias y alcaldías", se preguntó. También puso en duda que el Ejecutivo reglamente la ley si no se aprueba tal y como Jorge Macri espera. De todas maneras, remarcó la oportunidad única de sentar las bases del sistema penitenciario propio. "Tenemos la oportunidad de diseñar el sistema y de hacer algo distinto del nacional y de las provincias donde el sistema es una catástrofe. Podemos hacer algo bien", dijo.

A su turno, el legislador de La Libertad Avanza, Juan Pablo Arenaza, coincidió con Neira respecto a la necesidad de debatir en profundidad el tema. "En la legislatura tenemos el antecedente que fue votada la ley de Seguridad Pública. Logramos construir una ley innovadora. Es verdad que, en algunos puntos está mal aplicada, pero no es nuestra responsabilidad", señaló y consideró que se trata de un "desafío enorme". "Tenemos mucho trabajo, pero el Ejecutivo también para generar consensos. Si nos cerramos de un lado o de otro, va a ser muy difícil que salga", añadió. Sin embargo, se diferenció al plantear que la discusión en la Legislatura comience una vez que se concrete el traspaso de competencias de Nación a Ciudad: "Sino vamos a trabajar sobre algo que no sabemos".

El representante de la Coalición Cívica en Vamos por Más, Hernán Reyes, asintió respecto al desafío que presenta la posibilidad de discutir un Sistema Penitenciario autónomo. Además, coincidió con la presidenta de UP respecto a avanzar con mesas de trabajo en vez de esperar a que se concrete la transferencia de competencias. "No creo que debamos esperar al momento del traspaso", dijo, ya que una vez que se concrete la transferencia "tendrá impacto inmediato" y "va a ser una bomba de tiempo", por lo cual es necesario preparar el terreno. En esa línea, propuso invitar a los funcionarios nacionales para que den precisiones sobre el avance de las negociaciones y cómo impactará en CABA.

Sobre el final de la presentación, tomó la palabra la legisladora del PJ Graciana Peñafort para criticar uno de los puntos más polémicos del proyecto del gobierno de Jorge Macri: la posibilidad de habilitar la gestión privada de los centros de detención. "¿En serio le vamos a confiar el encierro de cualquiera de nosotros a privados? Me preocupa el intento de desligar la potestad del Estado. Me parece horroroso. Estamos jugando muy al límite", cuestionó.

Así las cosas, se espera que en los próximos días se conformen las mesas de trabajo para comenzar a discutir los proyectos que están en danza, con el fin de intentar acercar posiciones. Pese a la urgente necesidad del Ejecutivo de hallar una solución a la crisis carcelaria porteña, todo parece indicar que vendrá por delante un debate extenso. Como ejemplo basta recordar que la ley de Seguridad Pública, aprobada en 2016, mediante la cual se creó la Policía de la Ciudad, implicó un año de discusiones.