La Legislatura porteña avanza con un proyecto para crear la Educación Digital Integral (EDI) en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y plantea incorporar contenidos específicos sobre ciudadanía digital, inteligencia artificial, redes sociales y protección de datos personales en todos los niveles obligatorios del sistema educativo.
2 de noviembre 2026 - 18:10
CABA: impulsan un proyecto en la Legislatura porteña para crear la Educación Digital Integral
La iniciativa es impulsada por el peronismo y cuenta con el apoyo del PRO, la UCR y el larretismo, bloques que aportaron en la redacción del dictamen que se firmó en la Comisión de Educación que preside María Bielli.
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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debatirá un proyecto que apunta a crear la Educación Digital Integral (EDI).
La propuesta obtuvo dictamen en la comisión que preside la legisladora porteña de Fuerza Buenos Aires María Bielli, una de las impulsoras del debate, y apunta a adaptar el sistema educativo a las transformaciones tecnológicas y a los nuevos desafíos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.
Entre sus principales objetivos figuran la prevención del grooming, el ciberacoso, la violencia de género digital y la difusión de imágenes sin consentimiento, un tema que preocupa cada vez más en los entornos escolares y que en el último tiempo tuvo como antecedente el caso del Colegio Modelo de Lomas de Zamora, donde un grupo de alumnos crearon con Inteligencia Artificial (IA) imágenes de sus compañeras desnudas y las comercializaban en sitios para adultos.
“Hay que darle a la escuela herramientas para incorporar a las tecnologías como objeto de estudio, desde una mirada crítica, que permita que esta generación de niños, niñas y jóvenes cuenten con más herramientas. Bajo la premisa de que eran ‘nativos digitales’, se los dejó bastante solos en el ámbito digital”, expresó Bielli, autora de uno de los proyectos que se tomó como referencia para redactar el texto final.
La iniciativa será tratada en la sesión del jueves que viene. Desde el entorno de la legisladora señalaron a Ámbito que esperan que sea sancionada ya que en la elaboración del dictamen participaron buena parte de los bloques del recinto. El PRO aportó al debate con un texto de Sergio Siciliano y la UCR/Ciudadanos Unidos hizo lo propio con una iniciativa de Manuela Thourte. También acompañaron desde la banca de Confianza y Desarrollo. La Libertad Avanza y la izquierda decidieron no apoyar.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de criterios específicos para el uso de inteligencia artificial (IA) en los establecimientos educativos. La iniciativa establece que estas herramientas deberán utilizarse con fines pedagógicos y bajo principios de privacidad, transparencia, pertinencia educativa, accesibilidad y protección reforzada de los datos personales.
En ese sentido, el texto plantea que la utilización de sistemas de IA no podrá reemplazar la intervención docente en los procesos de construcción del conocimiento. También establece que su incorporación deberá ser proporcional a la edad y al grado de madurez de los estudiantes, y contempla evaluaciones previas y continuas de los riesgos técnicos, éticos, didácticos y cognitivos.
Entre los aspectos que deberán ser considerados aparecen las denominadas alucinaciones de la inteligencia artificial, la posible pérdida de autonomía del juicio crítico de los integrantes de la comunidad educativa y los costos ambientales y energéticos asociados a la infraestructura tecnológica.
Además, el Ministerio de Educación porteño, que será la autoridad de aplicación, tendrá que determinar qué sistemas de inteligencia artificial podrán utilizarse en las escuelas, elaborar protocolos para informar a estudiantes y familias sobre su implementación y monitorear su impacto. También deberá garantizar instancias de capacitación para los equipos directivos, administrativos y docentes.
Nuevos referentes digitales en las escuelas
Otro de los ejes de la iniciativa es la creación y consolidación de figuras específicas para acompañar la implementación de la educación digital en las instituciones.
El proyecto establece que todos los establecimientos educativos, tanto de gestión estatal como privada, deberán contar con al menos un docente referente de educación digital. Su función será acompañar a los equipos docentes en la incorporación de tecnologías a las prácticas de enseñanza, colaborar en la elaboración de recursos educativos y actuar como nexo institucional frente a las problemáticas vinculadas con los entornos digitales.
En las escuelas estatales, esa función estará a cargo de los Facilitadores Pedagógicos Digitales (FPD), quienes deberán contar con título docente o trayecto pedagógico y formación específica en educación digital.
La iniciativa también establece criterios para su distribución. En el nivel primario, cada establecimiento deberá contar con una dedicación mínima de ocho horas cátedra semanales por turno en las escuelas de jornada simple y de 16 horas en las de jornada completa. En aquellas instituciones que tengan más de 14 secciones por turno, la dedicación mínima también será de 16 horas. Para el nivel secundario, se prevé un mínimo de 16 horas cátedra semanales por establecimiento y turno.
El texto contempla, además, la incorporación de estudiantes promotores en entornos digitales en las escuelas secundarias. La propuesta establece que deberá promoverse la designación de al menos un alumno cada cinco secciones, elegido por sus pares. Entre sus responsabilidades estarán fomentar el diálogo sobre los usos y riesgos de las plataformas, participar de instancias de capacitación y colaborar en la difusión de campañas de prevención.
Encuesta sobre el uso de redes sociales e inteligencia artificial
El proyecto también propone generar información estadística periódica sobre la relación de los adolescentes con las tecnologías. Para ello, establece la realización de una Encuesta sobre Tecnologías Digitales en la Adolescencia, destinada a estudiantes de entre 11 y 18 años matriculados en escuelas de la Ciudad.
El relevamiento tendrá una periodicidad mínima de dos años y deberá contemplar cuestiones como el acceso a dispositivos y plataformas, el tiempo de utilización, los usos educativos y recreativos, la participación en apuestas online y el empleo de herramientas de inteligencia artificial generativa, particularmente con fines escolares.
También se buscará conocer la relación entre el uso de tecnologías y los procesos de socialización, aprendizaje y salud mental, además de identificar las principales preocupaciones de los adolescentes sobre sus experiencias digitales.
La primera encuesta deberá realizarse dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Su participación será voluntaria y requerirá el consentimiento informado de un adulto responsable y el asentimiento del adolescente. El proyecto establece, además, que los resultados deberán publicarse en un informe oficial y que los datos se difundirán en formatos abiertos, con resguardo del anonimato y la confidencialidad.
Capacitación para las familias y prevención de las violencias digitales
La iniciativa no limita la educación digital al ámbito escolar. También contempla campañas de concientización dirigidas a la sociedad y actividades de formación para las familias, con el objetivo de brindar herramientas para comprender el funcionamiento de las redes sociales, sus algoritmos y los efectos que pueden tener sobre niños y adolescentes.
En esa línea, el proyecto prevé talleres periódicos destinados a estudiantes para promover el ejercicio de sus derechos en los entornos digitales, proteger la privacidad y la identidad digital y prevenir distintas formas de violencia. Entre los contenidos se incluyen el reconocimiento del grooming, el ciberacoso y la difusión de imágenes sin consentimiento, así como la prevención del consumo problemático de tecnologías.
También se establece la capacitación de trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial porteños que intervienen en el sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para el sector privado, se promoverán instancias de formación destinadas a trabajadores de las áreas de información y comunicaciones.
Por último, el texto asigna al Ministerio de Educación la responsabilidad de actualizar los contenidos curriculares, desarrollar materiales didácticos accesibles y garantizar la conectividad y la disponibilidad de equipamiento tecnológico en los establecimientos educativos estatales.
Si la iniciativa se convierte en ley, el Poder Ejecutivo porteño tendrá un plazo de 90 días desde su promulgación para reglamentarla. A su vez, se establece un período de dos años para completar la implementación del esquema de Facilitadores Pedagógicos Digitales en las escuelas estatales.
El proyecto de ley se engloba en un paquete de propuestas. Por un lado, la reforma del Código Contravencional para actualizar las figuras de difusión de imágenes íntimas, hostigamiento y suplantación digital. También, un proyecto de incorporación de criterios de seguridad en los servicios digitales del Gobierno de la Ciudad y de protección reforzada de niños, niñas y adolescentes en las relaciones de consumo.
“Lo que hay que discutir es el diseño. Las plataformas están diseñadas para obtener el mayor lucro posible y eso se hace atentando contra la salud y los derechos de los más chicos. Es necesario avanzar con legislación nacional sobre la ley de datos personales, la propia arquitectura de las plataformas y discutir también cómo se captura el valor que nuestros datos generan para estas grandes tecnológicas”, concluyó Bielli.
