Ley de responsabilidad fiscal tiene hoy más valor que coparticipación
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A este problema con sus empleados, por tal aumento, complican también a las provincias los fuertes vencimientos del año que viene por la deuda emitida.
Se afirma que lo que está haciendo el gobierno es prometer a las provincias ayuda financiera el año próximo sin aclararles mucho qué les exigirán. Con eso logró el gobierno adhesiones impensadas para cercar al duhaldismo. Hasta el gobernador de Tucumán, José Alperovich, un hombre que le debe mucho a Eduardo Duhalde y quien hasta hace dos meses ni hablaba con el Presidente, salió a decir la frase típica: «No puede haber provincias con soluciones individuales», una cobertura de palabras contra la provincia de Buenos Aires sin querer herir demasiado a Duhalde pero con ello sin privarse del dinero de la Casa Rosada para 2005.
A la reunión de Tucumán donde se presentó el borrador del nuevo proyecto de ley de coparticipación sólo fueron unas pocas provincias chicas. Al posterior encuentro en Jujuy no concurrieron la provincia de Buenos Aires, ni Córdoba, ni Santa Fe, ni La Pampa, o sea 56% del país que, hasta ahí, se oponía al proyecto nacional de coparticipación del gobierno. Inclusive tres gobernadores -Carlos Verna de La Pampa, Jorge Sobisch de Neuquén y Alberto Rodríguez Saá de San Luis-se pronunciaron abiertamente contra la idea Kirchner y hasta se insinuaba un poderoso «eje» opositor de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Aquí es importante tomar en cuenta otro elemento en juego: al Fondo Monetario le interesa mucho más una ley de responsabilidad fiscal que una nueva ley de coparticipación que, en definitiva, es una cuestión interna entre argentinos. Una ley de responsabilidad fiscal -como tiene Brasil, por ejemplo-pone a los gobernadores y al presidente de la Nación -podría extenderse a cuerpos como la Corte Suprema, el Congreso, etc.- frente a la Justicia penal y la posibilidad de cárcel si gastan más que lo asignado en el Presupuesto votado en un Parlamento. También, por caso, si se emiten «cuasi monedas» («patacones y otros bonos provinciales de triste memoria). En consecuencia la Argentina, cada provincia, o hasta cada organismo se verían obligados a gobernar con racionalidad administrativa.
Sancionar una ley así no es nada fácil: requiere ser votada en el Congreso Nacional y en cada una de las legislaturas provinciales.
Por esta ley de responsabilidad fiscal, en realidad, almorzaron el lunes José María Díaz Bancalari (presidente duhaldista del bloque del PJ en Diputados) y Eduardo Camaño (también duhaldista y titular de la Cámara de Diputados) con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, que conoce el verdadero interés del Fondo en leyes argentinas. El martes, por lo mismo, la vicegobernadora bonaerense, Graciela Giannettasio, se entrevistó con el ministro.
Desde el duhaldismo -que nunca se caracterizó por ser prolijo, medido y sin déficit para gobernar-insinuaron al gobierno oponerse a sancionar esta ley que los «ataría».
Esto hizo avanzar la estrategia de confrontación de Kirchner. Por un lado, limitaba el gasto al Presupuesto en todo el país y cumplía con el Fondo. Por el otro, enfrentaba al duhaldismo. ¿Cómo hace un político, un legislador, un gobernador para oponerse a una ley que evite los desfalcos del Estado y castigue al transgresor con los dineros públicos?
Así comenzaron a ser consul-tados todos los gobernadores, inclusive los de provincias no peronistas. ¿Consecuencia? Hoy sólo está junto a Felipe Solá, Jorge Sobisch de Neuquén, opositor irreconciliable de Kirchner que se ve en vísperas de la elección de 2007 en una fórmula presidencial.
Hasta los que decididamente no quieren ni nunca querrán al kirchnerismo, ya lo dijo este diario, lo apoyan contra los bonaerenses porque saben que Eduardo Duhalde, desde el Congreso, o Sobisch pararán cualquier exceso oficialista (un solo gobernador en contra impide la sanción de una nueva ley de coparticipación).
Sin duda Duhalde intentará pararlo o se arriesga a ser devorado por Kirchner en el reparto de fondos públicos. Hasta teme alguna traición por vía judicial, zona dominada hoy por el Presidente. Felipe Solá se mueve en justificaciones técnicas bastantes razonables aunque haya sido injustamente acusado por Kirchner de que no «vamos a pagar la burocratización de la provincia de Buenos Aires». Solá posee sólo 30 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, en el piso de las provincias, cuando la de Santa Cruz tiene 82 empleados gubernamentales en la cabeza de la burocracia.
Se insiste -de ahí la suavidad salvo arrebatos de Kirchner por televisión-en que deberá haber un arreglo, que posiblemente se encamine vía un cierto mayor porcentaje a Felipe Solá para su provincia pero a cambio de más pingüinos en la lista de diputados bonaerenses para la elección del año próximo y, desde ya, la sanción clave en el Congreso Nacional y Legislatura bonaerense de tal ley. También se lo exigiría en las listas de los gobernadores a los cuales ayudará financieramente. En definitiva, sería una estrategia muy bien planificada por el kirchnerismo mientras Duhalde sigue gozando de viajes y viáticos por su anodino cargo del Mercosur.




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