¿Libertad de expresión ampara todos los cortes?

Ver respuesta del gobierno argentino a la demanda uruguaya

El escrito de rechazo de la demanda del Uruguay por cortes de accesos fronterizos se basa en la falta de daño económico y en la defensa del derecho de expresión.

El escrito que presentó el gobierno argentino ante el tribunal arbitral del Mercosur en respuesta a la demanda del Uruguay por los cortes de accesos fronterizos en la puja de las papeleras contaminantes de Fray Bentos se apoya en dos argumentos clave. En el texto completo de esa respuesta que se conoció ayer se niega que esas interrupciones al tránsito pudieran haber ocasionado un daño comercial resarcible a particulares o al Estado uruguayo. Usando números del INDEC argentino, pero también de una consultora uruguaya que trabaja para la aduana de ese país, se demostró que, en el período en el cual se desarrollaron las protestas, el comercio y el turismo por esa frontera con Entre Ríos aumentaron respecto de igual período del año anterior.

Ese dato es importante porque bloquea el reclamo de sanciones económicas que pide el Uruguay a la Argentina por una suma que ha llegado a decirse alcanzaría más de u$s 450 millones.

Fineza jurídica

Un segundo argumento que contiene el escrito elaborado por los abogados de la Cancillería argentina tiene más fineza jurídica y será motivo de debate más que nada dentro de la Argentina. Es el que sostiene que cortar un acceso fronterizo ante una situación como la que se plantea con las plantas de celulosa contaminantes de Fray Bentos es una forma de ejercer el derecho constitucional de expresión. Se molestó ayer el Presidente cuando leyó en los diarios que el gobierno «justificaba» los cortes de ruta. Lo arrastró su pasión por rectificar a los medios, porque lo que firmó la Cancillería puede entenderse como una «justificación», aunque no en sentido literal, de las protestas.

Ese derecho, sostiene el escrito del cual damos aparte los párrafos principales, tiene jerarquía constitucional y está amparado por tratados internacionales y es dominante si se lo contrapone con otro derecho, también constitucional, como el de libre circulación. El argumento busca sostén en un fallo clave de la Corte de Justicia de Luxemburgo (el tribunal supremo de Justicia de la Unión Europea). Ese organismo falló en favor del gobierno de Austria cuandouna empresa de transportes se quejó de que no actuase ante un corte de rutas promovido por ambientalistas de ese país que se quejaban de que los camiones transportaban sustancias contaminantes.

El reclamo del Uruguay a la Argentina se hace reprochándoles a las autoridades que no dieran actuación a las fuerzas del orden para evitar esos cortes. Incluso con ironía, algunos defensores de las plantas contaminantes llegaron a referirse a la Argentina como la «República Occidental Piquetera», usando en beneficio de ese país críticas que en la Argentina se han hecho a la inacción del gobierno ante los cortes de ruta.

La posición contenida en el escrito presentado ante el Mercosur limita ese presunto consentimiento al principio de fondo que se discute: la libertad de expresión de los ciudadanos ante una amenaza de vida o muerte como es este conflicto ambiental.

Es exagerado quizá creer que esta argumentación convalide cualquier tipo de piquete por más que haya sido razonable la crítica a las autoridades policiales argentinas por no intervenir en cortes de calles como ha ocurrido con las administraciones Duhalde y Kirchner. En este último caso, el de los cortes en ciudades por activistas piqueteros, se trató de acciones políticas internas que el gobierno incluso fue acusado de promover con propósitos proselitistas en perjuicio de adversarios políticos. El consentimiento del gobierno se basó en que reprimirlos hubiera podido causar daños más graves que los que producían las interrupciones a la circulación.

No es el caso de esta argumentación en beneficio de la libertad de expresión de los vecinos de Gualeguaychú que han protagonizado una acción cívica sin propósito partidario, sin palos ni enmascarados y con un reclamo sobre una situación que puede ser terminal, como es la eventualidad de la contaminación del aire, el agua y el suelo en donde se proyecta la construcción de las plantas de celulosa.

Aunque sea cuestionable pegar el debate sobre cortes de calles dentro del país y estas interrupciones al tránsito internacional en la crisis de las papeleras, lo cierto es que el escrito argentino compromete al gobierno en otro debate no menos grave: la libertad de expresión. La administración Kirchner protagoniza un debate sin fin con entidades, medios y periodistas sobre su particular forma de entender el derecho de expresión. No dar reportajes sino a periodistas allegados que no repreguntan, preferir la pantalla de programas cómicos que hacen burla del derecho de expresión, no brindar conferencias de prensa, prohibir a sus funcionarios mantener contactos off the record con periodistas (para no mencionar los reproches al direccionamiento de la publicidad oficial, que es otro debate) le han valido críticas al gobierno de actores y sectores que seguramente usarán los contenidos de este escrito en defensa del derecho de expresión.