La suerte de Aníbal Leguizamón, diputado que reemplaza a la fallecida Amanda «Lita» Artola y debió jurar la semana pasada, quedó ayer en manos del kirchnerista Carlos «Cuto» Moreno, por estas horas única autoridad del bloque oficial que tiene la responsabilidad de garantizar la sesión de hoy. Pero las dudas sobre la realización de esa sesión superaban anoche a las certezas. Agustín Rossi, presidente del bloque kirchnerista, estará en Santa Fe de campaña para la elección interna de gobernador del próximo domingo; también se ausentaría de Buenos Aires Patricia Fadel, secretaria de la bancada y armadora de los temarios de sesión, y hasta Patricia Vaca Narvaja. Con ese panorama, más la inexistencia de temas de importancia, será difícil que Alberto Balestrini pueda cumplir la promesa que le hizo la semana pasada a Leguizamón de habilitarle la jura.
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El nuevo diputado seguía a Artola en la lista que armó Aldo Rico con Carlos Dellepiane a la cabeza. Artola dejó ese espacio en 2005 y pasó al bloque del Frente para la Victoria.
Leguizamón no seguirá ese camino, de hecho formaráuna bancada propia. De ahí el nuevo legislador interpreta sus dificultades por asumir.
Leguizamón se había garantizado hace una semana la posibilidad de asumir. Se garantizó que el juez federal de La Plata, Humberto Blanco, lo enviase el mismo miércoles en el auto oficial del juzgado. La demora, en su caso, no es poca cosa: ocupa una banca que vence el próximo 10 de diciembre, por lo que el tiempo que transcurra es vital.
La posibilidad de asumir hoy, además, tiene otros elementos que van a más allá de las dificultades del kirchnerismo para reunir el quórum. «Cuto» Moreno no mantuvo buenas relaciones políticas en los 70 con el padre del diputado.
Pero de no haber sesión, las disputas comenzarán a girar en torno a interpretaciones constitucionales.
Habiéndose emitido su diploma puede considerarse que Leguizamón ya es diputado. El requisito de la jura no hace en este caso al fondo de la representación, al punto que no pueden violarse ya sus fueros. La cuestión se torna, entonces, casi administrativa. Mucho más en un país donde hasta los textos constitucionales originales pueden desaparecer, como en Catamarca, y quedar sólo ediciones en diarios, como copia de respaldo.
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