El peronismo aprobará hoy la prórroga de ordinarias en el Congreso, casi en simultáneo esta tarde en Senado y Diputados, con la excusa de que no se debe clausurar el Poder Legislativo durante el tradicional receso de verano.
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En realidad, esa posibilidad ya había sido prevista por el oficialismo, aunque la oposición pretende imponer las condiciones del estado de sesión permanente para actuar con libertad. No obstante que Fernando de la Rúa extendió las extraordinarias hasta el 28 de febrero y ofreció incorporar proyectos ajenos al temario predeterminado (Presupuesto 2002, ley de Coparticipación, Pacto Fiscal y otras iniciativas de interés gubernamental), los bloques justicialistas rechazaron el convite. Avanzaron con la prolongación de ordinarias, lo cual equivale a tratar cualquier propuesta -figure o no en extraordinarias-, sea para aprobar leyes, entre ellas una mini-reforma del Estado que permita colectar fondos para un seguro de desempleo y la reforma constitucional, o derogar decretos que emita el Ejecutivo hasta el 1 de marzo. Ya está en marcha el rechazo parcial del 1.570 que puso en marcha el «plan freezer».
En ese sentido, dieron pasos fundamentales. Al dictamen favorable que emitió el PJ el jueves pasado en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, se sumó ayer uno similar de la misma dependencia, pero de la otra ala parlamentaria.
A partir de mañana -aún cuando Navidad y Año Nuevo pospongan la amenaza de deliberación en el recinto-, los peronistas quedarán habilitados a varias cuestiones de interés particular: 1) podrán voltear los poderes especiales de Domingo Cavallo y 2) hacer lo propio con las restricciones al movimiento de cuentas bancarias salariales y de jubilaciones, consideradas ahí inconstitucionales.
En la víspera, los diputados peronistas sacaron sendos despachos, uno para actualizar el de revocación de facultades que había vencido el 10 de diciembre, y otro -cuya autoría corresponde a Graciela Caamaño de Barrionuevo- destinado a disponer la libertad de extracciones de trabajadores y clase pasiva de los cajeros.
Respecto de la autoconvocatoria, la frepasista del oficialismo Nilda Garré y el provincial Alberto Natale (Interbloque Federal) coincidieron en cuestionar la potestad de diputados y senadores en la materia. Ambos defendieron a rajatabla la letra de la Constitución que reserva al Poder Ejecutivo nacional la convocatoria al Congreso fuera del término que va de marzo al 30 de noviembre.
Los peronistas del Senado, además de acompañar estas iniciativas, insistirán con la reducción de gastos en varias dependencias del Estado que permitirá armar un seguro de desempleo. Se juramentaron a aprobarlo el miércoles o jueves de la semana que viene, antes de que termine 2001.
• Proyecto
La sanluiseña Liliana Negre de Alonso presentará hoy un proyecto para eliminar la Oficina Anticorrupción y bajar gastos en la Auditoría General de la Nación y en la Sindicatura General (SIGEN). Según la delegada de San Luis, la Oficina Anticorrupción tiene funciones superpuestas con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas e insume $ 3.635.202, razón por la cual corresponde suprimirla del organigrama. Asimismo, Negre aspira a achicar la estructura de la AGN que cuenta con un presupuesto de más de $ 27 millones, de los cuales $ 20 millones se van en sueldos, y hacer lo mismo con la SiGEN, cuyos emolumentos rondan $ 23.687.865; de los cuales más de $ 16 millones pertenecen a gastos de personal. Con la misma orientación, apunta al Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento que consumen más de $ 10 millones.
• Pronunciamiento
El chubutense Marcelo Guinle se pronunció anoche en la reunión de bloque en favor de «reducir los focos de corrupción», en alusión a las oficinas públicas que conspiran contra el déficit cero y sirven de supuestas «cajas» para la política.
Fue el pie que permitió a Negre de Alonso proponer formalmente analizar un «nuevo diseño institucional, reforma constitucional mediante». La sugerencia, avalada por Adolfo Rodríguez Saá y los gobernadores del Frente Federal de las denominadas provincias «chicas», derivó en la posibilidad de conformar una comisión que estudie la necesidad de la reforma, que, de prosperar, se consumaría con costo cero y miembros (legisladores mandato cumplido, mandatarios provinciales, constitucionalistas, etcétera) ad honorem.
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