Luz verde para proyectos contra lavado de activos y financiación del terrorismo

En una jornada con agenda de comisiones cargada, la Cámara de Senadores avanzó y dejó listos para llegar al recinto los dos proyectos del Poder Ejecutivo contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, durante una reunión en la que expuso el ministro de Justicia, Julio Alak.

Tal como lo había hecho en la Cámara baja, el funcionario se presentó este lunes en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Pedro Guastavino, para defender las iniciativas que envió la presidenta Cristina Kirchner en sesiones extraordinarias, a fin de adecuar la legislación vigente a los parámetros que recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Durante la reunión, Alak explicó además los fundamentos de la nueva ley penal tributaria, norma que tuvo también dictamen favorable de la comisión.

Con este trámite cumplido, los tres proyectos quedaron en condiciones de llegar al recinto de la Cámara alta y convertirse en ley, ya que cuentan con el aval de Diputados.

El bloque del Frente para la Victoria tiene previsto tratar los temas esta semana, pero para eso necesita del acompañamiento de algunos sectores de la oposición, que le deberán prestar su consentimiento para avanzar con los proyectos sobre tablas, ya que el reglamento dice que entre el dictamen y el debate en el recinto deben pasar siete días.

En el Salón Arturo Illia del Senado, Alak se presentó a la reunión junto al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella; y al presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli.

Al igual que en la Cámara baja, el principal cuestionamiento de la oposición tuvo que ver con la propuesta contra la financiación del terrorismo, que podría dejar la puerta abierta a la denominada "criminalización de la protesta".

Según Alak, con las dos iniciativas habrá "un esquema más ajustado a la realidad".

Sin embargo, intentó aclarar que el texto sobre terrorismo "no apunta a criminalizar la protesta social", tal como le reclamaron los senadores radicales Luis Naidenoff y Mario Cimadevilla.

"Hemos sido sumamente prudentes" en la elaboración de las normas, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Reiteró que en el país la futura ley genera polémica debido a "las herencias de los años 70 y del 2000, cuando entró en crisis todo el sistema político, económico y social y emergieron los movimiento sociales".

A su entender, esa cuestión quedó "a salvo" con "el pedido expreso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que se aclarara que no podía considerarse acto de terrorismo aquel que se hace en ocasión de una protesta social".

En otro orden, Alak sostuvo que la ley contra el lavado de dinero apunta a "adecuar" la legislación nacional a los estándares del GAFI, aunque afirmó que "el delito es más mutable a nivel internacional porque muchas veces se utiliza tecnología de punta".

Indicó que la normativa "debe ajustarse permanentemente" para "hacer efectiva la lucha contra el delito" y agregó: "Por esa razón esta no será la primera ni la última modificación".

A su vez, Vanoli habló del proyecto que incorpora una nueva agravante en la parte general del Código Penal para intensificar la pena de cualquier delito que sea cometido con finalidad terrorista, luego de que Sbatella hiciera polémicas declaraciones sobre las corridas bancarias y su eventual condimento terrorista.

En ese sentido, el funcionario afirmó que "Argentina ha conocido como se ha intentado desestabilizar los mercados" y "esto ha tenido consecuencias económicas y sociales muy graves".

"Argentina ha sufrido crisis y esto ha traído mucho dolor y es por esa razón que esto se incluye en la ley", añadió Vanoli ante los senadores, y ratificó que se busca "penalizar a quienes hacen de intermediarios financieros por afuera de la ley".

"El que haga operaciones monetarias o cambiarias no autorizadas será penalizado", agregó Vanoli.

Sbatella, en tanto, aseguró que el impulso de la ley de lavado y la de terrorismo forma parte de "la continuidad de un plan de acción que la Argentina se impuso internamente y por obligaciones internacionales", aunque no hizo nuevas declaraciones sobre las corridas bancarias.

El proyecto que genera discusión incorpora una nueva agravante en la parte general del Código Penal, que intensifica la pena de cualquier delito que sea cometido con finalidad terrorista.

El texto dice que se aplicará el agravante si la finalidad fuese la de "obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo" y aclara que se utilizará "siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional".

Al ser un concepto amplio, se cuestiona que esa figura podría usarse para "criminalizar la protesta".

En tanto, la norma contra el lavado de activos establece la reforma del Código Penal a fin de incluir las principales conductas punibles que afectan el orden económico y financiero.

Avanza en la tipificación de los delitos de uso de información privilegiada y manipulación de valores negociables, conductas penales que forman parte de los estándares recomendados por la GAFI.

Por último, la ley penal tributaria actualiza los montos a partir de los cuáles se considera como delito a la evasión.

"El piso mínimo para que una maniobra sea considerada delito pasa de 100 mil a 400 mil pesos, mientras que la evasión agravada pasa de un millón a 4 millones", dice el proyecto.

También, la norma actualiza otros montos, por ejemplo, para ser penado por el cobro de un reintegro indebido y para los agentes de retención que no depositen los tributos retenidos.