Macri, sobreseído en la causa por presunta violencia contra indigentes
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Mauricio Macri.
Luego de no presentarse a tres llamados a indagatoria, Macri fue interrogado por el caso en junio pasado, oportunidad en la que se lo acusó por "no haber efectuado los controles pertinentes a fin de evitar la repetición de estos sucesos, pese a su gravedad y
reiteración, haber alcanzado estado público y ser advertido por la Legislatura".
En su defensa, el mandatario porteño defendió la creación de la UCEP y dijo ser "ajeno" a los hechos denunciados y que "su proceder siempre estuvo ajustado a derecho".
A los pocos días de esa citación, el entonces juez de la causa, Facundo Cubas, le dictó una falta de mérito y ahora el Jefe de Gobierno resultó sobreseído.
Macri estaba acusado de 17 casos de supuesto maltrato y amenazas, los cuales tuvieron lugar entre 2008 y 2009: en la mayoría de los hechos, las denuncias son por agresión física a indigentes, y por personal de la entonces UCEP que en los operativos se movilizaban a bordo de camionetas y en algunos casos acompañado por un camión con el cual compactaban los pertrechos y elementos que les secuestraban a esas personas.
Para el fiscal del caso, no hay "elementos que permitan concluir que habría incurrido en algún tipo de responsabilidad penal", por lo que propuso el sobreseimiento definitivo del jefe de Gobierno.
"Luego de más de tres años de instrucción no se ha reunido prueba suficiente que permita agravar la situación procesal del imputado", justificó Fontbona de Pombo en su fallo al sobreseer a Macri.
Según la jueza, no existen elementos que vinculen a Macri "decisivamente con el accionar concreto e ilegal que luego, eventualmente pudo desplegar la Unidad de Control del Espacio Público, por fuera de la expresa letra de la normativa".
"Tampoco ha podido acreditarse que tuviera incidencia en la determinación de los operativos realizados ni la metodología implementada; como tampoco en el horario nocturno de actuación, la designación del personal, la contratación del camión compactador, la adquisición de los chalecos antipunzantes o la utilización de relevamientos efectuados por el programa Buenos Aires Presente", añadió la magistrada.
En esta causa, también son investigados el ex ministro de Espacio Público Pablo Piccardo, así como ex integrantes de ese organismo, por los delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"Mas allá de las responsabilidades que les pudieran caber a los integrantes de la UCEP y a quienes tenían bajo su órbita directa la repartición, la conducta desarrollada por el jefe de Gobierno resultó propia de su competencia específica y exenta de un comportamiento penalmente relevante que justifique mantener su sujeción al proceso", concluyó la jueza.
Ahora, es de prever que el fiscal no apele la medida, ya que fue quien propició el sobreseimiento, aunque sí puede hacerlo la querella.
Una de las querellas representada por el abogado Adrián Albor corresponde a dos mujeres -una de ellas embarazada al momento del hecho- quienes habrían recibido maltratos tanto físicos como verbales por parte del entonces personal de la ex UCEP.




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