18 de enero 2006 - 00:00

Magistratura: Cristina ahora tras cordobeses

El gobierno nacional, presionado ante la cercanía de las sesiones de febrero, convocó a los diputados nacionales del partido del intendente de Córdoba, Luis Juez, para que se reúnan hoy con Cristina Fernández de Kirchner, autora del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. La primera dama intentará conseguir apoyo para la aprobación de la iniciativa que dejará en manos del oficialismo la designación y remoción de los jueces. Eligió la senadora esa misión antes que viajar ayer con su esposo en su primera visita de Estado a Brasil.

Raúl Merino, Daniel Giacomino, Norma Morandini, Francisco Delich
y Gumersindo Alonso integran el bloque de diputados nacionales del Partido Nuevo de Juez, quien anteriormente ya se habían pronunciado en contra de la reducción de miembros, con media sanción del Senado: «Es un mamarracho», habían dicho. Sin embargo, Juez luego se reunió con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y explicó que quedó tranquilo porque el gobierno le aseguró que no buscaba controlar a la Justicia.

Cristina Fernández «es la autora del proyecto y tratará de explicarnos en detalle cuál es el objetivo final» de la reforma, reveló Merino. «No sé si mañana, durante las conversaciones que tendremos con ella nos dará algunas otras razones o estará, diríamos, dispuesta a hacer algunas modificaciones», anunció el diputado.

• Injerencia

Merino explicó que el proyecto del gobierno implica una «fuerte participación de parte del Poder Ejecutivo Nacional», porque la reestructuración implicaría la supresión de un puesto de la segunda minoría de la Cámara de Diputados y del Senado, y eso «daría la sensación de una injerencia» en la Justicia.

A fines del año pasado, el intendente cordobés ya había sostenido que el proyecto era « inoportuno», y que generaba «un manto de sospecha por la posible manipulación de la Justicia y no se condice con un gobierno que hizo un gran esfuerzo por tener una Corte Suprema independiente y de jerarquía». Ahora el gobierno, ávido de 129 voluntades legislativas que aún no ha podido reunir para asegurarse la modificación del órgano colegiado, despliega una estrategia que apunta a conseguir votos en sectores disidentes de cada bloque parlamentario. Ya se aseguró el apoyo de algunos radicales y ahora tratará de convencer a los legisladores cordobeses para ingresar al recinto con el tema resuelto.

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