Mariotto: "La Corte puso límite a la industria de las medidas cautelares"

Gabriel Mariotto

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, subrayó que el fallo de la Corte sobre la Ley de Comunicación le pondrá un límite a las medidas cautelares "funcionales a los grupos que no quieren adecuarse a la ley y que quieren seguir con una ley propia".

"Es un fallo que dice cosas interesantes con respecto a la constitucionalidad, a la vigencia y aplicación de la ley y con respecto del artículo 161 va a analizar la cuestión de fondo con respecto al plazo, al tiempo que tienen los grupos concentrados para ajustarse al derecho", señaló el funcionario en declaraciones radiales.

"Lo que está en cuestión es ese año que se votó en el Congreso, un año para que se ajusten al derecho o para desinvertir como les gusta decir a las empresas concentradas", agregó.

Mariotto señaló que "el tiempo ya se extendió de un año, era un año a partir de la reglamentación pero no se pudo hacer inmediatamente por otra medida cautelar más que lo impidió. Así que lo cierto es que Clarín ya consiguió ganar tiempo, solo Clarín porque el resto de las empresas que tengan que ajustarse al derecho lo tienen que hacer".

Sin embargo, el jefe del ex Comfer remarcó que hay "mucha expectativa" en cuanto a otras interpretaciones que hace el fallo referido a las medidas cautelares: "Vienen impidiendo la aplicación de la ley y funcionan como una sentencia in eternum que frena la ley".

"Esta interpretación de la Corte le pone un límite a esa industria de medidas cautelares que es funcional a los grupos que no quieren adecuarse a la ley y que quiere seguir con una ley propia", subrayó.

Con respecto al artículo 161, el funcionario subrayó que "tiraron la pelota para arriba". "Nosotros vamos a seguir argumentando que el texto de la ley se ajusta a derecho, que es el texto razonable, que es un plazo lógico y que con todos los artilugios que están llevando adelante con las medidas cautelares ya el año deja de ser un año para ser al menos un año y medio", remarcó.

"Les cuesta mucho el mirar el ejercicio de todos los ciudadanos de tener libertad de expresión y el monopolio atenta contra la libertad de expresión", indicó.

Al ser consultado sobre la postura en la que queda el Gobierno, Mariotto señaló que "va a salir fortalecido de las elecciones de 2011". "La Corte lo que esta haciendo es no tomar compromiso y esperar que resuelva el tema de fondo hasta el 2011. El verdadero desafío está en qué tipo de país queremos, esa es un poco la interpretación política que puedo hacer sobre el fallo", opinó.

"Ahora hay que esperar que se expida el juez Carbone que vaya al fondo y nosotros vamos a seguir diciendo que el año se ajusta al derecho y tiene que ver con que los ciudadanos tienen que ejercer su derecho a vivir en libertad de expresión más allá del perjuicio económico de un grupo monopólico", dijo.

Por último, remarcó que es necesario que las medidas cautelares no suspendan leyes ya que este sería una invasión al poder legislativo y concluyó: "Con este fallo vamos a seguir teniendo un Poder Legislativo para todos los ciudadanos y otro para Clarín que no le aplican las leyes que se votan en democracia".

• Avanzan implemantación de la norma

El Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, afirmó que la Ley de Comunicación Audiovisual "está vigente" y afirmó que el gobierno nacional "seguirá avanzando" en su implementación.

Tras conocerse el martes el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de medios, Da Rocha señaló que "parece ser que hoy unos diarios leyeron un fallo y nosotros otro" y consideró que "hay que ser sinceros y leer y decir todo".

"Es cierto que se ha mantenido la medida cautelar, es indudable y hay que reconocerlo" pero "también es cierto que la Corte le ha puesto un plazo a esa medida cautelar", explicó en declaraciones radiales.

Para Da Rocha, el máximo tribunal "declaró que la ley está vigente en general, incluído el artículo 161, salvo para el demandante que hizo el planteo (el grupo Clarín) exclusivamente".

"El plazo (de un año que marca la ley) se considera insuficiente para hacer la desinversión", reconoció el funcionario y adelantó que para el Gobierno "el plazo real es de dos años" y parece "razonable".

"El fallo es un aviso para decirles que no se pueden seguir manejando con medidas cautelares" y "quiere decir que la ley está vigente y que vamos a seguir avanzando", acotó.