Más militares a la Justicia para mejorar los salarios

En sendos decretos que se publicaron en el Boletín Oficial Nº 31.447 el gobierno nacional aumentó el sueldo tanto de uniformados en actividad como de los agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas. No era lo esperado por ninguno de los favorecidos. Otra vez, Nilda Garré, ministra de Defensa, recurrió al artilugio de conceder las mejoras por la vía de aumentar suplementos específicos, sin modificar el «haber» de los militares. El decreto propone una mejora salarial escalonada de alrededor de 19 por ciento, semejante a la que se otorgó a la administración pública nacional. La política de sueldos castrenses era una decisión postergada casi tanto como las compensaciones que reclamaban desde el sector rural. Claro que los uniformados no tienen más apoyo para sus demandas que la palabra de los jefes de cada fuerza, y rara vez esas jerarquías levantan la voz, a no ser que sean interrogados por el poder político. Por caso, los cuatro jefes « bromearon» con Cristina de Kirchner antes de la cena de camaradería diciéndole que no disfrutaría del menú si antes no se hacía eco del pedido de aumento.

Con ese margen -nulo- de negociación se entiende que, tan pronto como se dio a publicidad la mejora salarial, una veintena de oficiales y suboficiales de las tres armas inició el reclamo en la Justicia por la errónea liquidación de los haberes. Y se extenderán como mancha de aceite en los próximos días. Esas demandas en la Justicia se sumarán a las miles que tramitan de arrastre de años anteriores, desde el período de Carlos Menem. Según datos del Instituto de Ayuda Financiera para Retirados y Pensionados Militares (IAF), la caja previsional de los uniformados a cargo del licenciado Lorenzo Donohoe, en 2002 se pagaron sentencias por más de 2.250 millones de pesos, hay presentaciones actuales en la Justicia por más de 4.000 millones, que si se agregan a los reclamos de la gente en actividad, llegarían a más de 6.500 millones, todos pagaderos en bonos públicos. Como la Ley de Solidaridad Previsional sancionada en 1995 fijó que cada año el Presupuesto Nacional determinará qué se paga y cómo, con el transcurrir del tiempo se acumuló una bola de nieve inmanejable. Así, son más las nuevas sentencias que benefician a los reclamantes que las cancelaciones en bonos que se efectivizan a través del Presupuesto.

Por vía separada (en otro decreto) se darán mejoras a los retirados, pero de menor cantidad que los activos, a pesar de que está vigente la Ley de Personal Militar Nº 19.101, que en su articulado básico establece la movilidad del pasivo en línea con los haberes de los uniformados en actividad.

En un tercer decreto la Presidente concedió mejoras para los agentes de inteligencia de las tres fuerzas (PCI, en la jerga de los espías), pero generó descontentos. La controversia radica en que no contempla un aumento del haber sino un reajuste que se dará, al igual que los militares, en suplementos no remunerativos.

Ya estaban caldeados los ánimos de esos agentes porque Néstor Kirchner, antes de dejar el gobierno, concedió un aumento a los PCI de la Secretaría de Inteligencia (SI) de la Presidencia, que alcanzó al haber básico, y en esa oportunidad excluyó al personal de inteligencia de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Las protestas tienen asidero: todos los espías del Estado son empleados públicos y están regidos bajo el mismo régimen laboral: el Estatuto de Personal Civil de Inteligencia. Ese estatuto se modificó y aprobó durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Miguel Angel Toma ejercía las funciones de «señor Cinco», como se conoce al secretario de Inteligencia de la Presidencia, y justamente una de las modificaciones fue eliminar la separación que había entre agentes de la SIDE (ahora, SI) y de los organismos militares. Más claro, la planta de PCI del Estado pertenece a un mismo gremio y la regula una misma ley laboral.

De ese palo también salieron una decena de reclamos dirigidos a Carlos Aguilar, director nacional de Inteligencia Estratégica Militar, cúspide del espionaje castrense. Yacen en su escritorio y no se decide a girarlos a su jefa Nilda Garré; es que Aguilar está en este momento cuestionado por la ministra a raíz de una serie de compras de equipamiento electrónico presuntamente excesivas.