Más tensión por papeleras: hubo detenidos y siguen cortes

Activistas de Greenpeace procedentes de la Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Italia, Finlandia, México y hasta de Uruguay fueron detenidos ayer por la Prefectura uruguaya durante un acto de protesta en Fray Bentos, en las obras donde se construyen las dos papeleras que rechaza el gobierno nacional. Más tarde fueron liberados.

El gobierno uruguayo detuvo ayer en Fray Bentos a nueve militantes ecologistas de Greenpeace después de haberse encadenado al muelle de una de las papeleras que se construyen en la costa frente a Entre Ríos, en una nueva jornada donde recrudecieron las protestas. Es la primera intervención activa de esa organización. Los vecinos de Gualeguaychú volvieron a cortar ayer el tránsito en el puente que une esa ciudad con Uruguay no sólo para protestar por la instalación de plantas de celulosa, sino también por las detenciones de los militantes de Greenpeace. Y aunque éstos fueron luego liberados, la interrupción del paso fronterizo continuó.

En tanto, la Asamblea Ambiental va a proponer levantar todos los cortes de ruta a condición de que se reúnan en una misma mesa los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez con el objetivo de acordar la paralización de las obras de la empresa finlandesa Botnia y la española Ence hasta que concluyan los estudios ambientales.

«Los estudios deberán ser transfronterizos, acumulativos, transparentes e independientes», explicó Edgardo Moreira, uno de los asambleístas.

Ayer, la Cancillería argentina envió sus objeciones a un informe preliminar del Banco Mundial sobre el impacto ambiental de las dos papeleras que se están instalando sobre el margen este del limítrofe río Uruguay. El canciller Jorge Taiana remitió a la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial las objeciones sobre el «Borrador del estudio de impactos acumulativos», publicado en diciembre pasado y favorable a las plantas de celulosa.

Este informe ya había sido cuestionado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, cuyos vecinos se consideran los principales damnificados. Taiana advirtió que «las plantas pueden generar perjuicio sensible a la Argentina», lo que «causaría responsabilidades patrimoniales muy serias para, entre otros, las empresas industriales y las entidades financieras participantes». La nota del canciller fue dirigida al presidente del BM, Paul Wolfowitz, y entregada en las oficinas de la CFI en Buenos Aires.

Según el gobierno, ese informepreliminar «elaborado por consultores privados» para la CFI «no se ajusta a las propias políticas» de esa entidad, por no haber « tomado totalmente en cuenta las conclusiones» del ombudsman del Banco Mundial de noviembre de 2005.

«El documento no analiza métodos de producción libres de cloro y carece de indicaciones para prevenir la contaminación con efluentes líquidos y emisiones gaseosas», señaló la nota.

Taiana advirtió que el informe «no crea adecuados sistemas de control de las contingencias que puedan suscitarse, frecuentes en esta industria» de celulosa.

También se critica que el borrador ignore la controversia entre la Argentina y Uruguay sobre la aplicación del Estatuto del Río Uruguay de 1975, « relevante por los principios vinculantes para las casas bancarias que lideran el financiamiento de las obras».

«La controversia entre ambos países surgió cuando se autorizaron unilateralmente los proyectos, a pesar de los requerimientos reiterados de la Argentina para que se suspenda la construcción hasta tanto pueda determinarse, de manera objetiva y fehaciente, su impacto acumulado transfronterizo», reclamó la Cancillería.

Las críticas incluyen la faltade precisión en el compromiso de las empresas de utilizar tecnologías recomendadaspor la Unión Europea y el uso de «un modelo matemático de dispersión de contaminantes en la atmósfera que no es adecuado porque no se lo puede utilizar en zonas costeras».

• Impacto ambiental

Hoy la ofensiva política y diplomática de la Argentina continuará con la presentación a Uruguay de un informe en el que se detalla el impacto ecológico que provocaría la instalación de las dos papeleras en Fray Bentos, en ocasión de la última reunión de la comisión técnica binacional que se realizará en Buenos Aires.

Fuentes de la Cancillería argentina informaron que en el último encuentro de la comisión, los delegados argentinos demostrarán el impacto ambiental que representará la puesta en marcha de dos procesadoras de celulosa en el margen oriental del río Uruguay.

La comisión creada a principios de junio de 2005, y conformada por técnicos de ambos países, se reunirá hoy a partir de las 11 en el edificio de la Cancillería y, de acuerdo con el cronograma de trabajo, deberá emitir un informe conjunto para el 30 de enero sobre la instalación de las papeleras de la finlandesa Botnia y la española Ence, que costarán 1.700 millones de dólares. Recién después de ese último encuentro, Uruguay pediría una reunión entre Kirchner y Tabaré como última alternativa de acuerdo.

La comisión está integrada por funcionarios de las dos cancillerías y los gobiernos nacionales y provinciales, y la supervisa un grupo de técnicos de la Universidad de la República de Uruguay, y de la Universidad Nacional del Litoral, de la Argentina.

Desde Uruguay, el ministro de Medio Ambiente, Jaime Baigorria, sumó un nuevo aspecto al debate al señalar que el gobierno argentino ya había aceptado, oportunamente, la instalación de las papeleras en Fray Bentos. «Ya no es un tema de naturaleza ambiental. Esto ha quedado consustanciado en los informes hechos por nuestros técnicos que ya estaban en conocimiento de la Cancillería argentina. Ya se había clausurado este tema de disputa, y solamente quedaba pendiente hacer los monitoreos de agua del río Uruguay», afirmó el funcionario oriental.

En tanto, el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, defendió a los vecinos de Gualeguaychú que cortaron el último fin de semana la ruta internacional hacia Uruguay y afirmó que no son «delincuentes» ni « forajidos», a pocas horas de que el gobierno de Tabaré Vázquez expresara por carta su preocupación por las consecuencias turísticas y comerciales de los bloqueos de caminos y de puentes.