Autopistas: luz verde de Casación para procesamientos

Política

La jueza María Eugenia Capuchetti podrá volver a definir la situación procesal de los exfuncionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías, cuyos procesamientos habían sido anulados.

Se prendió la luz verde para volver a definir la situación procesal de los exfuncionarios macristas imputados en la causa que investiga irregularidades en las concesiones de los peajes. Los procesamientos de Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías habían sido anulados por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Pero la Cámara de Casación despejó el camino para que la jueza María Eugenia Capuchetti decida si vuelve a procesar o no al exministro de Transporte, al exjefe de la cartera de Hacienda, al extitular de la Vialidad, y al ex procurador del Tesoro e histórico abogado de la familia Macri. Todos ellos terminaron complicados a partir de una investigación del canal C5N. El juez Rodolfo Canicoba Corral los había procesado por administración fraudulenta, pero en septiembre del año pasado, los camaristas Irurzun y Bruglia los beneficiaron al anular los por cuestiones formales. Los acusados aducían que no habían tenido acceso a toda la prueba al momento de ser indagados.

Ayer, por unanimidad, la Sala II del máximo tribunal penal del país rechazó un recurso planteado por la querella a cargo de la Unidad de Información Financiera que buscaba validar los procesamientos. La resolución a la que accedió Ámbito, firmada por los magistrados Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci calificó la queja de “inadmisible” por no tratarse de un planteo sobre una sentencia definitiva.

La semana pasada, en tanto, la Cámara Federal ratificó la validez de las indagatorias, por lo que ahora la jueza Capuchetti ya no tendrá obstáculos para volver a definir la situación procesal de los exfuncionarios. Puede volver a procesarlos, sobreseerlos o dictarles la falta de mérito.

La causa investiga tres hechos fundamentales. Por un lado, la sospechosa prórroga de las concesiones por diez años sin llamar a una nueva licitación, de la Panamericana y el Acceso Oeste. En la primera la beneficiada fue Autopistas Del Sol S.A., cuyo accionista principal era el entonces presidente Mauricio Macri a través de Socma. Por otro lado, el pago a las empresas Ausol y GCO -controladas por la española Abertis- por parte del Estado de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas. Además, las condiciones en las que se dio la venta de las acciones que Macri tenía en Ausol. La compradora fue una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A. Socma se desprendió de los papeles a mediados de 2017, un 400 por ciento más caros de lo que valían antes de la llegada de Macri al Gobierno y tras la descomunal suba de tarifas autorizada por su gobierno.

Tras un año de instrucción, el procesamiento a los exfuncionarios de Macri fue la última medida de Canicoba Corral antes de jubilarse en julio del año pasado. En su resolución sostuvo que los imputados habían “direccionado toda negociación y contratación” para beneficiar a las empresas de Macri.

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