El juzgado Federal de Norberto Oyarbide es una pasarela semana por donde desfilan actuales y ex funcionario del Gobierno causa que investiga irregularidades vinculadas al "mafia de los medicamentos" y la campaña presidencial 2007, de Cristina de Kirchner.
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El indagado de esta semana fue el ex recaudador de la campaña kirchnerista y actual gerente de la ANSeS, Sebastián Gramajo, imputado por presunta "asociación ilícita", que aseguró que no hubo aportes irregulares y que "cuando había alguna mínima sospecha se devolvían".
Gramajo aseguró no conocer a ninguno de los involucrados en la causa que investiga Oyarbide, aunque dijo no recordar si el titular de droguerías San Javier, Néstor Lorenzo, actualmente detenido, fue una de las tantas personas que pasó por las oficinas del Frente para la Victoria (FPV) para interesarse por cómo se realizaban los aportes.
Antes de ingresar a declarar presentó un escrito ante el juez especificando cuáles eran sus funciones como responsable económico de la campaña, y cómo era que ingresaban los aportes.
Al igual que el titular de Lotería Nacional, Hernán Diez, dijo ante el juez el lunes pasado al ser indagado, Gramajo aseguró que todos los aportes de campaña eran bancarizados, "tanto las entradas como las salidas, los gastos".
El actual gerente de la ANSeS aseguró que era el banco el encargado de "realizar el control de veracidad de los fondos", y que se encargaba -en caso de haber presuntas irregularidades- de emitir el certificado ROS (Reporte de Operación Sospechosa).
Gramajo dijo no conocer ni a Sebastián Forza, una de las víctimas del Triple Crimen de General Rodríguez y quien habría realizado aportes de campaña, ni al titular del gremio bancario Juan José Zanola, detenido como acusado de ser el supuesto "jefe" de una asociación ilícita destinada a la comercialización de medicamentos vencidos o adulterados.
"A Zanola nunca lo ví en mi vida, tampoco a Forza, en mi vida tuve algún cargo vinculado a la salud", aseguró Gramajo.
En las últimas semanas, el juez Oyarbide ya indagó -entre otros- a Diez y al ex titular de la Superintendencia de Riesgos de Salud Héctor Capaccioli, por presunta defraudación al Estado en el manejo por los fondos del APE.
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