Menem y Rodríguez Saá juntos rechazaron el acuerdo

Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá juntaron filas ayer, cancelando por un instante su puja por la candidatura presidencial del PJ, para rechazar el documento consensuado en Olivos entre el gobierno, la mayoría de los gobernadores y legisladores, que dispone, entre otros puntos, elecciones generales el 27 de abril de 2003 y una eventual segunda vuelta el 18 de mayo.

«No hay acuerdo», sostuvieron Menem y Romero en un documento, y lamentaron que «en un país con 52 por ciento de pobreza y una sociedad harta, angustiada y desesperanzada, el designado presidente de la Nación ha decidido dejar de gobernar para manipular al mejor estilo dictatorial el proceso electoral».

El comando electoral de Rodríguez Saá, por su lado, denunció que la nueva postergación del cronograma electoral «es una maniobra más del gobierno para boicotear las elecciones. Esto confirma lo que nosotros veníamos diciendo de que Duhalde quiere perpetuarse en el poder y que busca la manera de que no haya elecciones, porque no tiene candidato», aseveró el legislador porteño Enrique Rodríguez, integrante de la mesa nacional del «adolfismo».

Anoche se produjo el primer contacto entre los dos cuarteles del peronismo no duhaldista; fue una charla telefónica entre el compañero de fórmula de Menem, Juan Carlos Romero, y el propio Rodríguez Saá. Coincidieron en el rechazo de la movida oficialista, pero no acordaron caminar juntos ni un metro en sus respectivas campañas.

Menem y Romero distribuyeron anoche, con membrete del Consejo Nacional del PJ, una ratificación de la fecha de internas nacionales para el 15 de diciembre, fecha que fue ratificada por la Cámara Nacional Electoral, pero que es ignorada por el duhaldismo. Esta fracción promoverá mañana junto con la UCR y otros partidos la suspensión por esta vez de las elecciones internas obligatorias por la Ley 25.611, que es la que sostiene hasta ahora esa fecha de diciembre.

La actitud del menemismo será desde hoy denunciar al gobierno de Eduardo Duhalde de haber no sólo «destruido la economía, sino también ahora de intentar destruir la democracia». Este argumento lo sostienen en cómo Duhalde va logrando sus objetivos de atrasar las elecciones y ahora de suspender la vigilancia de la Justicia sobre las internas partidarias.

Este sector reflota la idea de que existe un «pacto bonaerense» renovado entre duhaldistas y radicales donde cada parte saca su beneficio.

• Debilidades

La UCR logra esconder sus debilidades eligiendo sus candidatos en internas organizadas por el partido sin vigilancia judicial, al menos con el rigor que impone el sistema de la Ley 25.611. El duhaldismo, dicen los menemistas, logra mantener intactos los mecanismos de su jefe para dominar el voto de Buenos Aires, el distrito clave para cualquier elección. Además, se queja el menemismo, este acuerdo firmado esconde la verdadera debilidad del gobierno ante el FMI, que no aclara cuándo habrá elecciones aumentando la incertidumbre sobre la economía.

No menos importante en este reclamo es el tema de quién paga las internas. Si rige la Ley 25.611, no sólo son obligatorias y vigiladas por la Justicia. También las tiene que pagar el Estado. Si ese régimen es suspendido, los partidos deberán asumir el costo de la selección de candidatos. Los postulantes ligados al gobierno, creen los menemistas, se beneficiarían del respaldo del aparato estatal mientras los candidatos propios deberían encontrar un monedero generoso.

El comunicado menemista critica en su comunicado la derogación de «la ley de internas abiertas controladas por la Justicia Electoral» y la postergación «del cronograma de las elecciones generales de marzo para abril o mayo».

«Esto se contrapone con lo que los argentinos reclaman y la comunidad internacional espera con gran preocupación», enfatizaron Menem y Romero.

Añadieron que «es el mismo Presidente quien, en forma ininterrumpida, modifica perversamente los llamados a elecciones que él mismo impulsa» y cuestionaron que sea «el mismo Presidente quien, con sus socios radicales, ha decidido ignorar a la Justicia». «¿Quién, en su sano juicio, puede suponer que, ante semejante escenario de autoritarismo, manipulación y contubernio, se puede lograr un acuerdo político?», se preguntaron los precandidatos. Manifestaron Menem y Romero que «la Argentina necesita certidumbre» y, en la misma línea, consideraron vital que «en forma perentoria la gente elija a sus representantes». «Este gobierno ha decidido en forma antidemocrática ignorar la expresión ciudadana, la Justicia y sus instituciones», opinaron.

Al respecto, destacaron haber elegido «el ámbito de la racionalidad y la sensatez» y adelantaron que denunciarán «estas maniobras en el orden nacional e internacional, pues los candidatos con mayor intención de voto no pueden quedar al margen de un acuerdo que comprometerá a la Argentina con la comunidad financiera».

«Por último, ratificamos la amplia convocatoria a toda la dirigencia peronista de la Argentina para comenzar a movilizar y concientizar a todos nuestros compatriotas», remarcaron Menem y Romero.

Esta posición es la que siguieron el pampeano Rubén Marín, el riojano Angel Maza y Romero, quienes no firmaron el acuerdo que, en cambio, fue suscripto por 20 de los 24 gobernadores y por los líderes parlamentarios de varios partidos políticos. En sintonía con los menemistas, tampoco firmó el pacto la gobernadora de San Luis, Alicia Lemme, representante en la negociación de Rodríguez Saá.