«Se están gastando $ 8.000 millones en seguridad interior y en defensa y creo yo que debemos hacer más eficientes estos gastos.» Así se expresó ayer el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, ante la ola de versiones y de fusiones de distintas fuerzas, Armadas y de seguridad. Lo que viene complicando la discusión en torno a la necesidad de « coordinar y racionalizar el gasto», es la necesidad de ajustes que, en opinión del ministro, significarán un ahorro de más de $ 200 millones, que podrán ser usados en mejorar el equipamiento de esas mismas fuerzas, Armadas y de seguridad.
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Básicamente y en primer lugar se trata del pase a retiro de 15 por ciento del personal «que ya está en condiciones de hacerlo», subrayó Jaunarena. Cierto es que cobrará como jubilado; pero entre el costo del personal en actividad y el de retirado, Defensa calcula que se logrará un ahorro del orden de los $ 60 millones.
El segundo punto, por el que habrá una reducción del gasto de entre $ 120 millones y $ 150 millones, es más conflictivo. No es un secreto que hay muchos comandos doblados. «Si eliminamos las dobles escuelas y establecemos un sólo comando, además de liberar edificios, el costo administrativo se reduce sensiblemente», precisó anoche el ministro de Defensa a este diario. No sería éste el único ajuste. En la costa patagónica son muchas las bases de la Armada y la Prefectura que están duplicadas, con el costo que suponen. Ante la crisis que enfrenta la Argentina aparece como un absurdo esa duplicación, difícil de explicar cuando se deciden recortes en jubilaciones de $ 500 mensuales. Más aún cuando los ministros del área deben encarar programas de equipamiento a 5, 10, 15 y 20 años vista, y que políticamente resultan indigeribles.
Esa racionalización del gasto a la que aludió el ministro de Defensa tiene que ver también con el sistema de compras y la diversidad de los sistemas de armas, por ejemplo en el caso de las comunicaciones, que impide una más coordinada y conjunta tarea interfuerzas.
Area reservada
Tampoco el argumento -en el caso del debate abierto sobre la duplicación de funciones de la Armada y Prefectura Naval-, de que se afecta la Ley de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior. El espíritu de la Ley de Defensa, exhaustivamente analizada en los años '80 -incluyendo el anexo que la acompañaba con los cuadritos y las cruces-, fue que las Fuerzas Armadas no hicieran tareas de inteligencia interna. Menos aún sobre dirigentes políticos o sectoriales. Hacer inteligencia no sólo significa espiar -en su acepción más vulgar-, sino informarse acerca de un determinado conflicto para poder trazar planes y enfrentarlo, básico en cualquier Fuerza Armada, de seguridad o empresa privada. En el Estado, esto no lo pueden hacer el Ejército, la Armada ni la Fuerza Aérea. Es un área reservada a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, policías provinciales y la Secretaria de Informaciones de Estado (SIDE). Que en última instancia son las que deben operar y poner el pecho en rutas, poblados, fronteras, puentes y objetivos estratégicos como puede ser el complejo hidroeléctrico El Chocón-Cerros Colorados, por ejemplo.
La pregunta que se hacen en Defensa, obligados junto con Interior a llevar adelante un recorte que agobia a los uniformados -sin distinción de qué fuerza se trata-, es «¿qué inteligencia interior se puede hacer en el mar?». No hay forma de vulnerar el espíritu de la Ley de Defensa y, en todo caso, « lo que hemos provocado es el debate sobre estos temas», confió Jaunarena.
La Prefectura sería un arma más de la Armada en ese proyecto aún nonato. Con un prefecto general al frente de ella y participando del Consejo de Almirantes en un pie de igualdad. Sin haber perdido la fuerza su identidad, su doctrina y sus mandos naturales. Menos aún sus actuales áreas de responsabilidad, junto al mar. Esto, naturalmente es resistido por la Prefectura, en nombre de una tradición y una historia, donde ellos afirman que la tarea «policial» es una función indelegable. En el gabinete se ha sacado a ventilar el hecho de que en Chile la Armada está bien equipada, y sus atribuciones abarcan las llamadas « alcaldías de mar». Y ante la obligación del ajuste, « no hay razones ideológicas», apuntó el secretario de Asuntos Militares, Angel Tello.
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