Dispar suerte corrieron el domingo pasado las consultas populares que se realizaron en tres provincias argentinas sobre reformas políticas. Mientras en Mendoza la idea de cambiar la Constitución no cosechó los suficientes adeptos, en Catamarca y Misiones los electores se mostraron favorables a restringir los atributos del Poder Ejecutivo.
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En Misiones 88% de quienes se expresaron sobre la creación del Consejo de la Magistratura local optó por otorgarle al organismo rango constitucional. Frente a esos 116.919 votos por el Sí, el No obtuvo 12%, es decir 15.579 sufragios.
La medida es apoyada tanto por el oficialismo del PJ, que encabeza el gobernador Carlos Rovira, como por la UCR y establece que el Consejo de la Magistratura elevará al gobernador una terna de jueces cada vez que haya que designar autoridades judiciales.
El electorado mendocino, en tanto, no apoyó la propuesta del gobernador aliancista Roberto Iglesias de encarar una reforma parcial de la Constitución provincial.
La posibilidad de que en Mendoza sea convocada una Convención Constituyente para modificar 34 artículos de la Carta Magna -entre los que se destacaba el de la reelección del gobernador-quedó descartada luego de que la Alianza reconociera oficialmente la derrota del Sí a la reforma en el distrito.
Los votos a favor de la reforma superaron 40 por ciento del total, duplicando a los del No, pero no alcanzaron para superar 50 por ciento del padrón total de la provincia. Pese a la propuesta en favor de permitir que un gobernador pueda repetir su mandato, Iglesias había reiterado en varias ocasiones que no era su intención presentarse para un nuevo período.
En Catamarca
Por último, la comunidad catamarqueña se expidió por el Sí a la reforma constitucional para reducir en 50 por ciento el número de integrantes de la Cámara de Diputados y limitar a un solo período la reelección del gobernador.
A pesar de 70% de abstención en la materia, el voto a favor de la reforma superó ampliamente al No en la consulta no vinculante.
A partir de los resultados el gobernador Oscar Castillo deberá evaluar si presenta el proyecto a la Legislatura para que declare la necesidad de la reforma constitucional con los dos tercios de sus miembros.
Posteriormente se deberá convocar a elección de los convencionales constituyentes que tendrán a cargo el debate y la aprobación de los distintos artículos a modificarse.
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