29 de marzo 2012 - 21:58

Moyanismo acusa al Gobierno de querer "deslegitimar a las obras sociales para quedarse con la plata de los trabajadores"

Julio Piumato, uno de los principales laderos del líder de la CGT, cargó duro contra la Casa Rosada.
Julio Piumato, uno de los principales laderos del líder de la CGT, cargó duro contra la Casa Rosada.
El secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, sostuvo que el Gobierno nacional quiere "deslegitimar a las obras sociales" sindicales para "quedarse con la plata de los trabajadores".

"Quieren deslegitimar a las obras sociales para quedarse con la plata de los trabajadores. Esto es un invento de (Domingo) Cavallo, es un invento del neoliberalismo. ¿Cómo lo que puede ser bueno para el neoliberalismo puede ser bueno para un gobierno nacional y popular?", enfatizó Piumato.

El sindicalista insistió en que hay "15 mil millones de pesos del aporte de los trabajadores" que corresponden a las obras sociales y que están en manos del Gobierno. Y advirtió que hay "una nueva andanada" de ataques contra las obras sociales sindicales.

"Todas estas cortinas de humo se disipan después del 12 de julio. Los trabajadores no comen vidrio y van a ratificar la conducción de Hugo Moyano al frente de la CGT", sostuvo el sindicalista.

Piumato se pronunció de esa forma luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó el miércoles por unanimidad un informe sobre el manejo de recursos destinados a obras sociales por parte de la Administración de Programas Especiales (APE), en que el se denuncian numerosas irregularidades y fraudes millonarios.

El informe, presentado por el titular de la AGN, Leandro Despouy, hace hincapié en la existencia de "troqueles falsos" de medicamentos por los cuales se otorgaban subsidios a obras sociales sindicales, además de prestaciones de usuarios ya asistidos o fallecidos.

El documento resalta la "reticencia y dilación en la entrega de información y documentación" por parte de la APE, lo que "motivó la demora en la finalización de la auditoría" y para lo que se requirió "la intervención de la Justicia penal".

El informe subrayó además la existencia de "incumplimientos" por parte de la APE, entre los que se destaca "la discrecionalidad o favoritismo en el tratamiento de las solicitudes", que incluye a obras sociales de los gremios de Camioneros, Gastronómicos, UPCN y la UOCRA.

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