16 de enero 2006 - 00:00

Moyano entra al dominio de fondos para obras sociales

Se creía que el gobierno le iba a demorar el dominio de los fondos que asisten a las cajas de las obras sociales en la medida en que el sindicalista camionero Hugo Moyano frenara demandas salariales y renovación de convenios hasta mediados de año, aun si hubiera inflación. La táctica ahora sería inversa. Le concede ya el dominio de cuantiosos fondos al titular de la CGT para el mismo objetivo de limitar los reclamos sobre salarios.

Carlos Menem
Carlos Menem
Néstor Kirchner ya dispuso todos los detalles para cumplir con el «pacto negro» que selló con Hugo Moyano, el secretario general de la CGT. Las resoluciones y los decretos ya están redactados: habrá una nueva conducción de la Superintendencia de Salud y de la Administración de Programas Especiales (APE), acordada con el camionero. Es decir, así como a este sindicalista se le abrió un espacio en el comando de la política de transporte, ahora se lo invita a participar en el gerenciamiento de la sanitaria. Una alianza cuyo significado político se verá más adelante ya que primero conviene consignar los detalles:

• El nuevo superintendente de Salud será, como adelantó este diario hace un par de semanas, Héctor Cappaccioli, el actual secretario de Descentralización del Gobierno porteño. Se trata de un funcionarioligado al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cuya influencia crece en el gobierno de la salud. Fernández no sólo domina el PAMI a través de Graciela Ocaña, ahora también se hará cargo del organismo de control de todo el sistema sanitario, la Superintendencia del ramo. Una nueva herida en el narcisismo político del ministro Ginés González García, quien de a poco está siendo relevado de cualquier responsabilidad sobre áreas claves de su competencia. Precisamente, Cappaccioli llega para reemplazar a Rubén Torres, un hombre de González García.

• Otra novedad que ya se dispuso en la Casa Rosada es la designación de un nuevo gerente general para la superintendencia. Será el cargo que ocupe Néstor Vázquez. El nombramiento tiene un significado ambivalente. Es cierto que este médico mantiene una antigua relación con el jefe de Gabinete, decisivo en su promoción. Pero se trata también de un funcionario que responde al sindicalismo tradicional de manera verticalizada. Su llegada al cargo ofrece toda una curiosidad: si hay alguien identificado con el manejo de los fondos sindicales de salud durante el menemismo fue Vázquez, quien ahora regresa al mismo cargo que ejerció durante el segundo mandato del riojano, cuando en la Superintendencia reinaba José Luis Lingieri, el actual secretario general adjunto de la CGT (aun así, afirman que la relación entre ambos no conserva la lozanía de aquel entonces).

• En esta reorganización, Moyano tendrá otro escalón bajo su mando. Será intervenida la APE, y el encargado de esa operación será Juan Rinaldi, el agresivo abogado del sindicato de camioneros. La APE es la dependencia desde la cual se disponen subsidios destinados a las distintas obras sociales y también donde se pagan las operaciones de alta complejidad que requieren algún refuerzo financiero. En otras palabras, Kirchner pondrá en manos de Moyano la misma llave que en su momento Menem puso en las de Luis Barrionuevo: el control de la «caja» sindical para disciplinar a los gremios en relación con el poder político.

•Sentido político

Hasta aquí, los hechos que están por venir. Ahora vale la pena desentrañar su sentido político, ya que hay matices a los que prestar atención. En principio, se verifica otra vez que la actual administración está dispuesta a ceder al líder de la CGT porciones de poder que no conocen otros actores importantes de la escena pública, como muchos dirigentes encumbrados del PJ, por ejemplo. Hay que recordar que a Moyano ya le cedieron la Subsecretaría de Transportes, que él controla a través de su íntimo Jorge González. Y también le entregaron otra joya inapreciable: las empresas que suscriban el convenio laboral de su sindicato (es el N° 40) se benefician con el reintegro de todas las cargas sociales de sus empleados. Eso sí: para hacerse merecedoras de ese beneficio, esas compañías deben procurar para sus trabajadores una libreta sanitaria que sólo entrega la obra social del gremio, diligencia por la cual esa entidad recibe un suculento subsidio del gobierno.

Ahora, el secretario general de la CGT ampliaría su influencia sobre otra área del gobierno. Y lo va a hacer a título personal, es decir, sin extender los beneficios de sus pactos a otros colegas gremialistas. Esta conducta es vista por muchos de ellos como una mezquindad. Sobre todo porque ya se transformó en convicción la sospecha de que a cambio de estos trofeos el líder de la central obrera está postergando reclamos de sus pares y de sus representados.

Para comprender este pacto Kirchner-Moyano y, en consecuencia, el malestar que provoca en muchos dirigentes sindicales, hay que advertir que el camionero ha bajado la bandera de cualquier reivindicación general. Sea un aumento del salario mínimo, de los haberes jubilatorios o de las transferencias que debe producir el PAMI por la atención de afiliados que terminan recibiendo prestaciones en sus obras sociales de origen. Pero, sobre todo, Moyano resignó una demanda central del sindicalismo de estos días: que se aumente el mínimo no imponible en el pago de Ganancias. Como ese mínimo está en $ 1.800 para los solteros, es cada vez más frecuente que los aumentos salariales que los sindicalistas consiguen en sus paritarias terminen agregando nuevos contribuyentes al padrón de Ganancias. Es decir: el Estado se beneficia indirectamente con los aumentos de sueldos que conceden las empresas. La suma que, según lo que reconoce el propio gobierno, perdería el Tesoro si se aumentara ese piso para calcular el impuesto es de, por lo menos, $ 1.500 millones. Por eso la CGT levantó su voz para que se actualice este régimen. Pero Moyano les ordenó a los diputados que le responden votar a favor del proyecto del gobierno sin favorecer lo que su misma organización demanda.

•Conveniencia

La estrategia del camionero es conveniente para el oficialismo. Consiste en dejar a cada gremio la conquista de sus propias mejoras salariales mientras se le despeja la escena de cualquier demanda general, política. Claro, esta dinámica permite al gobierno ganar tiempo y evitar un choque con el movimiento obrero en su conjunto. No mucho más. A la larga, la administración no podrá mostrarse indiferente ante los conflictos que se desatan en cada sector ya que la presión salarial terminará impidiendo el tipo de contención de la inflación que, con tanto voluntarismo, ha decidido encarar la Casa Rosada, buscando acuerdos particulares de precios.

Por eso Kirchner pretende quedarse con una última llave que le asegure la moderación de Moyano. Es un detalle, que el camionero no habría descubierto si no fuera porque un colega gremialista se lo hizo notar: en el mismo decreto donde se designa al abogado Rinaldi al frente de la APE se sugiere que esa «caja» deberá en algún momento disolverse. Se abre, entonces, la gran incógnita del pacto entre el Presidente y el jefe de la CGT. ¿Se entregó Kirchner a Moyano o lo puso en el brete de tener que liquidar aquello que se le concedió? Hay que esperar un par de meses para despejar la incógnita. Porque este acuerdo es, también, una partida de póquer que ganará quien se levante primero, en el momento preciso.

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