"No estoy contra el Uruguay", dijo Busti

El peronismo de los diputados se une para reír. Fue ayer, antes de la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores: Rafael Bielsa, Carlos Ruckauf (que fueron cancilleres), Jorge Argüello (que no lo logra aún), el jefe de bancada Agustín Rossi y el invitado del día, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

Jorge Busti tuvo su turno ayer ante las comisiones de Relaciones Exteriores de Diputados y el Senado para dar su visión sobre el conflicto por la instalación de las papeleras en Fray Bentos. El gobernador, que casi con seguridad verá sancionados la semana próxima los proyectos de declaración del Congreso en apoyo al envío de la causa a la Corte Internacional de La Haya, además de insistir con la oposición al proyecto junto a grupos de ambientalistas de Gualeguaychú que lo acompañaban, profundizó en las pérdidas que las plantas le ocasionarán a su provincia en el futuro.

«Hablo con dolor de esta controversia», dijo Busti; «si hay una provincia que tiene similitudes con el Uruguay es Entre Ríos», arrancó. Frente a los diputados leyó un discurso donde abundó: «No estoy en contra del Uruguay ni de su industrialización, pero los entrerrianos no queremos ser contaminados».

El informe de Busti y de los ambientalistas se produjo el mismo día que el Senado escuchó al canciller Jorge Taiana (ver nota aparte) y mientras ambas cámaras se preparan para votar la próxima semana dos proyectos de declaración -son un mero sostén político, sin relevancia legal- donde apoyan, de ser necesario, la decisión del gobierno de elevar la causa a La Haya. La única discusión que mantiene el oficialismo y la oposición -después que esta bajara en 48 horas sus cuestionamientos al gobierno y su llamado a continuar negociando ante la presión de los asambleístas- es si la declaración contendrá o no un pedido para que se dicte una medida cautelar que suspenda la construcción de las plantas, como piden los ambientalistas de Gualeguaychú.

• Imposible

Esa posibilidad, que ayer apoyó también Taiana, es en realidad imposible de instrumentar. Para ordenar una medida cautelar, antes la Argentina debería presentar ante La Haya una acción de amparo y ésta tendría que ser aplicada por una autoridad competente. ¿Quién lo haría, entonces? No existe, gracias a Dios, una policía internacional que se dedique a forzar la aplicación de este tipo de medidas. Las decisiones de los tribunales arbitrales internacionales siempre de acatamiento voluntario.

Pero lejos de ese razonamiento-legal, Busti prefirió hablar de números en el tramo más interesante de su explicación: «Si sumamos el daño emergente, el daño ambiental y el lucro cesante durante los veinte años que está previsto que dure la explotación de las papeleras, la cifra se eleva a unos 1.200 millones de dólares en pérdidas».

Los ambientalistas, mientras tanto, tuvieron en el Senado su turno ante la comisión que preside Carlos Reutemann, como lo había hecho 24 horas antes en Diputados. Sus definiciones fueron:

• «Los daños de las papeleras son inminentes, el gobierno uruguayo violó los más básicos derechos ambientales y humanos».

• «Si se instalan las pasteras el daño será irreversible durante cuarenta años. Los efectos en la salud ya se están haciendo presentes entre la gente de Gualeguaychú».

• El médico Martín Alazar pidió: «Presionen al gobierno para que firme un decreto que prohíba el transporte de elementos para la construcción de las fábricas que tienen que pasar por el puente binacional». El kirchnerista Miguel Pichetto respondió inmediatamente: «Es imposible, debemos ser respetuosos de las instituciones.