Nueva presión a jueces para acelerar juicios a militares

Nilda Garré

Néstor Kirchner formuló ayer una nueva presión sobre la Justicia para que imprima mayor «celeridad» a las causas contra represores que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. A pocos días de haber logrado una ley del Congreso que le cede facultades legislativas para modificar o aumentar partidas del Presupuesto, el Presidente volvió a usar un acto en la Casa de Gobierno para avanzar sobre otro poder, el Judicial.

Se quejó de que los magistrados son lentos y además miedosos, calificación que los jueces habrán anotado para el momento cuando les quepa calificar la conducta del gobernante seguramente cuando el actual Presidente deje el cargo y cuente con menos protección política.

El propio Kirchner sabe de esta mudanza en la vida pública cuando dijo que algunos ex militares sometidos hoy a juicio no deben pensar -dijo ayer- que «venga otro tiempo para volver a recuperar la impunidad o para tratar de buscar seudoconciliaciones que los mantengan en la impunidad como los mantuvieron durante tanto tiempo, porque de última muchas veces con estos temas se está especulando».

Extravagancias

No dio detalles sobre estas especulaciones que parecieron dar aval a las extravagantes opiniones del diputado y piquetero Eduardo Depetris, quien insiste en que hay una amenaza de crímenes por encargo promovidos por una presunta conspiración en la que participarían incluso militares. El propio Jorge Bendini, jefe del Ejército, se ocupó el lunes de negar esa versión que Depetris ha sostenido ante la prensa y también desde su banca de diputado.

Nadie, ni él, ha podido aportar prueba alguna ni tampoco ha tenido eco en otros locuaces voceros del gobierno, como Luis D'Elía, que en el pasado ha tomado el rol de anunciador desde el gobierno de catástrofes y conspiraciones que nunca ocurren.

Tampoco llama la atención que tan tremendas versiones no encuentren eco si un ex presidente como Fernando de la Rúa acaba de publicar un libro en el que denuncia que fue destituido por un golpe institucional en el cual participó el peronismo que hoy gobierna y tampoco ha tenido eco en otros dirigentes o en algún fiscal que podría tomarse la molestia de iniciar algún expediente.

Según consta en un informe presentado por la Argentina ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en la actualidad hay en todo el país casi un millar de causas en trámite por crímenes de lesa humanidad.

Cárceles comunes

Al hablar en un acto desarrollado en Casa de Gobierno, el Presidente también dijo que los represores que sean condenados por la Justicia deben ir a «cárceles comunes».

Aquí lo que dijo en un acto con intendentes del conurbano, pero que el Presidente dedicó a un nuevo capítulo de rispideces con los Estados Unidos y a esta presión sobre los jueces:

También, quería hacer llegar mi preocupación porque avancen con firmeza todos los casos que tienen que avanzar en la Justicia, por supuesto, que la Justicia tenga celeridad, eficiencia, justicia y seguridad. La celeridad tiene que estar acompañada de buenos trabajos; naturalmente, los deben realizar los que administran Justicia. Pero en el caso de los juicios que se llevan adelante contra los represoresde Estado por la violaciónde los derechos humanos,me parece que los veo un poco lentos. Hay que tener más celeridad; yo llamo a no tener miedo, a avanzar, porque dicen que hubo más de 490 campos de concentración y no llegamos ni a 200 o 300 detenidos, parece que hubo campos de concentración donde los detenidos estaban solos, se atendían solos; entonces queremos justicia.

Para eso, la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que dictó la Corte en su momento, es fundamental y central con el trabajo y el conjunto de toda la sociedad y es muy importante avanzar en esto. Que no vayan a pensar que quienes fueron responsables esperen que venga otro tiempo para volver a recuperar la impunidad o para tratar de buscar seudoconciliaciones que los mantengan en la impunidad como los mantuvieron durante tanto tiempo, porque de última muchas veces con estos temas se está especulando.

La ministra de Defensa ha hecho una presentación que obviamente comparto plenamente, que los represores de Estado tienen que ir a cárceles comunes. Esto es una actitud de justicia, no tiene por qué haber diferenciaciones, todos aquellos que infligieron la ley y más en este tema, tienen que ir a cárceles comunes, porque algunos siguen siendo tratados como si fueran lo que no son.

Entonces, como todos los argentinos, tienen que estar sujetos a las leyes y a las mismas realidades y obligaciones. Esto que es central lo digo, porque creo que es imperioso, necesario, que haya justicia en todos los aspectos en este país, justicia, esto es lo importante, con plena objetividad pero que haya justicia.