17 de noviembre 2006 - 00:00

Nuevo enojo de obispos por ley

Joaquín Piña
Joaquín Piña
El gobierno nacional cambió de estrategia en su pelea con el Episcopado: pasó del dicho al hecho. En vez de lanzar afilados y burlones ataques verbales a la cúpula de la Iglesia Católica, ahora el oficialismo parece mortificar los valores religiosos con una batería de leyes que son resistidas por los prelados y quizás celebradas por los militantes del kirchnerismo.

Ayer, en la madrugada, la Cámara de Diputados convirtió en ley la adhesión de la Argentina al Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ( CEDAW), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. La sanción de este proyecto llega tras la aprobación de leyes resistidas por la Iglesia Católica como la que autoriza la práctica gratuita de ligaduras de trompas y vasectomías.

La iniciativa había sido cajoneada en los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde para no enfrentarse con sectores religiosos que tildaban al CEDAW de «abortista». Aunque el protocolo en ningún lugar menciona al aborto, sus recomendaciones sobre la planificación familiar y el derecho de la mujer «a disponer de su propio cuerpo». siempre fueron resistidas por el Episcopado,tanto que el mismo cardenal Jorge Bergoglio reclamó por escrito -y sin éxito- a los senadores que no aprobaran la iniciativa.

Es que fue Néstor Kirchner, una semana después de la derrota del oficialista Carlos Rovira en Misiones, quien ordenó la aprobación del CEDAW sin reservas. El triunfo del obispo emérito de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, en los comicios para frenar la reelección indefinida provincial, obligó al Presidente a guardar silencio. Pero la respuesta de la Casa Rosada llegó a través del Congreso con el nuevo impulso al protocolo resistido por el Episcopado.

El texto incluye recomendaciones para reafirmar la defensa en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. El proyecto, aprobado ayer en Diputados por 116 votos contra 30 y 3 abstenciones, fue cuestionado por las fuerzas de centroderecha, que plantearon sus dudas en torno del artículo 10 y 12 que, según sostuvieron, abren la posibilidad de que se introduzca, «en forma solapada, la cuestión del aborto».

La postura del centroderecha fue expresada en el recinto por el diputado de Fuerza Republicana por Tucumán, Roberto Lix Klett, quien rechazó el texto y sostuvo que «sería lamentable» la sanción de la iniciativa, al advertir que «introduce solapadamente el aborto».

A través de esta iniciativa, se establece que los estados parte reconocerán la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las denuncias presentadas por los países que hayan adherido a este protocolo. Esas comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del estado parte y que aleguen ser víctimas de una violación de los derechos enunciados en la Convención.

El dictamen sobre el protocolo fue firmado esta semana en un rápido trámite en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Familia, controladas por el kirchnerismo. De nada sirvieron las advertencias del Secretariado Nacional para la Familia, de la Conferencia Episcopal Argentina. Este organismo reiteró que «el CEDAW se aprueba para imponernos el aborto y otros reclamos de la ideología de género pasando por encima de la Constitución, y que la aprobación nos pone de rodillas ante un comité de burócratas que sólo quieren imponernos un modelo de vida absolutamente ideologizado». Además cuestionó que «sus senadores y ahora probablemente sus diputados votarán por la afirmativa siguiendo las instrucciones de algún funcionario que cree que la democracia no somos nosotros, sino ellos».

La pelea seguirá la semana próxima cuando los diputados traten un proyecto que establece que, en caso de violación, los centros de salud deberán suministrar información sobre la anticoncepción de emergencia y, previo consentimiento por escrito, podrán administrar la píldora anticonceptiva de emergencia, conocida como «píldora del día después».

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