Nuevo revés para la privatización de AySA: la Justicia rechazó el recurso y mantiene la cautelar

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata volvió a fallar contra la empresa y declaró inadmisibles los recursos extraordinarios con los que buscaba revertir la medida que condiciona el proceso de privatización. El Gobierno pretende vender el 90% de las acciones estatales. La causa ya pasó al fuero federal, que deberá definir el alcance y la vigencia de la cautelar.

La privatización de AySA sigue frenada en la Justicia.

El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) volvió a encontrar un obstáculo en la Justicia. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó los recursos extraordinarios presentados por la empresa contra la cautelar que le impide reducir o alterar las obligaciones vinculadas con la prestación del servicio, las obras, la calidad del agua, la salud pública y la protección ambiental.

La decisión adquiere especial relevancia porque se produce en momentos en que el Gobierno avanza con la transferencia de AySA al sector privado. El esquema oficial contempla la venta del 90% del paquete accionario que actualmente pertenece al Estado nacional. La licitación pública nacional e internacional fue autorizada por el Ministerio de Economía para transferir esas acciones a un operador estratégico, en este caso al grupo Román y al grupo Neuss.

La nueva resolución representa otro revés judicial para AySA. Primero, el juzgado de primera instancia hizo lugar a la cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo bonaerense. Luego, la Cámara rechazó la apelación de la compañía y confirmó la medida. Ahora, el mismo tribunal le cerró la vía extraordinaria intentada para revertir aquella decisión.

Una privatización bajo la lupa

El conflicto no gira simplemente alrededor de quién será el futuro propietario de AySA. La discusión judicial apunta a las condiciones bajo las cuales se pretende concretar la privatización y, particularmente, a las obligaciones que conservará quien tome el control de la compañía.

La cautelar obliga a preservar las condiciones esenciales de prestación mientras se analiza el fondo de la cuestión. La Justicia ya había ordenado que AySA se abstuviera de modificar, limitar, reducir, diferir, suspender o desnaturalizar obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente.

El punto es particularmente sensible por las obras pendientes y los estándares de calidad que deberá cumplir el futuro operador privado. El planteo de la Defensoría bonaerense sostiene que el nuevo esquema podría derivar en postergación de obras, reducción de inversiones o flexibilización de controles, con eventuales consecuencias ambientales y sanitarias. La Cámara, al confirmar la cautelar el 8 de septiembre, consideró necesario mantener la protección preventiva frente a esos riesgos.

El Gobierno, en cambio, sostiene que la privatización permitirá incorporar un operador con capacidad técnica y financiera para ampliar la red y mejorar el servicio. El procedimiento oficial prevé desprenderse del 90% que conserva el Estado, mientras el 10% restante pertenece a trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

AySA alegó "gravedad institucional"

Frente a la cautelar, AySA redobló su ofensiva judicial. El 21 de septiembre presentó recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad contra la resolución de la Cámara que había mantenido vigente la medida.

La empresa alegó "gravedad institucional", falta de verosimilitud en el derecho, ausencia de peligro en la demora y afectación del interés público. También cuestionó que estuvieran reunidos los presupuestos jurídicos necesarios para sostener la cautelar. La Cámara volvió a rechazar el planteo.

Los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez resolvieron por unanimidad que los recursos habían sido presentados en término, pero que no eran admisibles porque la resolución cuestionada no tiene carácter definitivo.

El tribunal recordó que, según doctrina reiterada de la Suprema Corte bonaerense, las decisiones sobre medidas cautelares no constituyen, como regla, sentencias definitivas susceptibles de ser revisadas mediante esos recursos extraordinarios. Y agregó un elemento importante: no encontró en el caso ninguna circunstancia excepcional que justificara apartarse de ese criterio.

Por eso resolvió directamente "denegar la concesión de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad".

La definición pasa ahora a la Justicia Federal

El rechazo, sin embargo, no significa que la discusión haya terminado ni que la privatización haya sido anulada.

La propia Justicia bonaerense resolvió que no es competente para intervenir en el fondo del expediente debido al carácter federal de AySA y remitió las actuaciones al Juzgado Federal N°2, Secretaría N°4, de La Plata. Allí estará ahora una de las claves del proceso.

La Cámara recordó expresamente que la ley 26.854 establece que el juez que acepte la competencia deberá pronunciarse sobre el alcance y la vigencia de la cautelar en un plazo que no puede superar los cinco días.

Así, mientras el Gobierno intenta avanzar con una de las privatizaciones emblemáticas de su programa, AySA no consiguió hasta ahora remover judicialmente las restricciones que condicionan las obligaciones de la empresa durante ese proceso. La próxima decisión relevante quedará en manos de la Justicia Federal.