Para Katopodis, la prórroga de las concesiones de autopistas durante el macrismo fue "ilegal"

El ministro de Obras Públicas, aseguró que la Justicia deberá determinar si corresponde la rescisión del contrato.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que la prórroga de las concesiones de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste dispuesta durante el Gobierno de Mauricio Macri es ilegal, y reiteró que será la Justicia la que determinará si corresponde la rescisión del contrato.

“Vemos elementos muy claros de una prórroga ilegal", sostuvo el funcionario en diálogo con FM Urbana. "Un contrato que era de concesión y de obras, tenían que hacer obras en el marco del cobro del peaje; transformaron ese contrato en un pagaré a sola firma, esa deuda la tenemos que pagar todos los argentinos cuando pasamos por las cabinas de peajes”, agregó.

Además, Katopodis también señaló que en el Gobierno “estuvimos dos años trabajando" para esclarecer la situación de los contactos y "conformamos una comisión, hicimos una auditoría y vamos a dar todos los pasos que tengamos que dar, por eso no estamos decretando ni la estatización ni la anulación del contrato”.

“Simplemente se hizo una auditoría, se le dio vista a las partes y se va a cumplir toda la instancia administrativa que se tiene que cumplir, y será luego la Justicia la que determine si corresponde o no corresponde la rescisión”, afirmó el Ministro.

Al profundizar sobre la sospechosa prórroga de las concesiones por diez años sin llamar a una nueva licitación, de la Panamericana y el Acceso Oeste, Katopodis indicó que “el contrato establecía una vigencia hasta 2018" pero que el gobierno anterior, por decreto, y "fuera de las posibilidades que se otorgaba al Poder Ejecutivo otorgó una prórroga por diez años”.

"Al solo efecto de pagar una deuda en dólares, que no justifica su composición y mucho menos la conversión de esa deuda de pesos a dólares”, agregó el funcionario. “Se les reconoció una deuda de más de 700 millones de dólares con una actualización del 8 por ciento anual, es decir una renta extraordinaria en dólares cuando no hay ni ningún elemento”, explicó al referirse a las empresas concesionarias.

Asimismo, sostuvo que “se garantizó que sean los usuarios los que tengan que pagar esa deuda a través de las tarifas, eso estaría implicando que una tarifa de 60/70 pesos pase a 600 pesos si tuviésemos que cumplir con la curva para el reparo de la deuda”.

En esa línea, también Katopodis consideró que “tanto en el caso de las PPP como en este caso hay una lógica, son contratos que están escritos para que siempre sea el sector privado el que tenga las prerrogativas”.

“En el caso de las PPP nosotros logramos la rescisión de todos esos contratos, sin ninguna posibilidad de que ellos puedan hacer ningún reclamo ni en tribunales nacionales ni en tribunales internacionales, y hoy las obras se están haciendo a mitad de precio de lo que estaba establecido”, concluyó.