Testigo aseguró en el juicio que hubo hostigamiento de la IGJ de Macri a empresas de Báez

Política

Convocada por la fiscalía, inspectora aseguró que hubo inusual pedido de Brodsky para pedir documentación. Y que se direccionaron inspecciones. Acusación empieza a desistir de testigos.

En medio de un clima de cierta tensión se desarrolló una nueva audiencia del juicio a Cristina de Fernández de Kirchner por el presunto difreccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en la que otra vez una testigo perjudicó la hipótesis delictiva. Los cruces entre las partes tuvieron lugar a raíz de la comparecencia de testigos de la acusación que aportaron poco y nada a la causa y, hasta en algunos casos, fueron capitalizados por las defensas.

Como indicó Ámbito, algunos de los abogados de los imputados acusaron este lunes al fiscal Diego Luciani y al representante de la Oficina Anticorrupción, Sergio Mola de protagonizar una “excursión de pesca de testigos”. Las duras críticas quedaron asentadas por el Tribunal y todo indicaría que hubo acuse de recibo de la situación. Es porque tras el fracaso de los dos testimonios de ayer, que a pesar de la insistentes preguntas aseguraron una y otra vez que no tuvieron acceso a documentación sobre la empresa de Lázaro Báez y que no podían acreditar irregularidades, a las doce de la noche la fiscalía y la OA comunicaron en forma digital que desistían de uno de los testigos previstos para el debate de este martes. Era Miguel Ángel Lico, empleado de carrera del Ministerio de Planificación.

En esta etapa del debate la fiscalía busca demostrar que la Inspección General de Justicia hizo la vista gorda durante el Gobierno de Cristina Kirchner respecto del funcionamiento de Austral Construcciones. Pero, nuevamente, una testigo no sólo no pudo ratificar la hipótesis declictiva sino que terminó aportando argumentos a favor de las defensas. En una breve audiencia habló Eugenia Piñeiro, abogada, inspectora del departamento de denuncias y fiscalizacion de la IGJ desde 1987. Ella fue la encargada de realizar una inspección en la constructora de Lázaro Báez en 2016, recién iniciado el gobierno de Mauricio Macri. La orden la dio Sergio Brodsky, ex inspector General de Justicia del macrismo.

La acusación busca demostrar que la empresa era una firma fantasma y que se había intentado obstruir la inspección de la IGJ. Si bien Piñeiro reconoció que cuando fue a la empresa no estaban los balances, dijo que la atendió una recepcionista a la que le dejaron el requerimiento. Pero, ante la consulta del Tribunal dijo que es un hecho habitual en cada inspección. Concretamente señaló que es normal que no estén todos los libros contables cuando van a hacer inspecciones y fue más allá. Afirmó bajo juramento que lo que no es habitual es que por no presentar cuatro balances (la firma debía los libros contables de los cuatro años anteriores) se ordenen inspecciones específicas. Para las defensas esto demuestra que hubo un encono particular con Báez por parte de la IGJ de la era Cambiemos.

Según recordó la testigo, tenía una manda específica por parte de Brodsky para el caso concreto de Austral Construcciones y debía intimar por los balances adeudados, un procedimiento que, reconoció, no era aplicado en otros casos. Preguntada por si es normal que el Inspector General le haga la manda respondió concretamente que no es algo habitual.

Para los abogados y abogadas de las defensas la testigo reconoció de esta manera que hubo un hostigamiento a la empresa patogónica y se transformó en un nuevo testimonio que “se le da vuelta” a la fiscalía.

El juicio continuará el lunes y martes de la semana que viene en la modalidad semi presencial.

La audiencia de hoy estuvo atravesada por los trámites y las negociaciones por la orden de prisión domiciliaria que obtuvo Báez por parte de otro Tribuanal y que no pudo hacerce efectiva por los hechos de violencia en la puerta del country Ayres del Pilar contra el móvil que lo trasladaba.

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