Aporte solidario: 500 veces más, por los que menos

Con la confirmación de la recaudación del aporte extraordinario, se profundiza notablemente el fondeo para obras de Integración Socio Urbana. Estamos ante la consolidación de una política de Estado que llegó para quedarse.

En el 2016, cuando con pocos recursos pero mucha organización realizábamos el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, no imaginábamos que tan rápido íbamos a empezar a ver los resultados concretos. Yo nací, me crié y sigo viviendo en La Cava de Beccar, una de las villas más emblemáticas del conurbano bonaerense. En más de 40 años he visto pasar promesas de todos los colores y, en su mayoría, todas terminaron siendo de un gris humo. Por eso cuando me invitaron a coordinar el relevamiento en mi barrio me costó confiar y sólo me convencí al constatar que la información conseguida iba a estar, además de en el Estado, al alcance de las organizaciones sociales. Porque sabía que esa información sería una herramienta fundamental para nuestra lucha.

Con el relevamiento pudimos ponerle cifras a nuestra realidad: relevamos 4.416 villas y asentamientos donde vivimos cerca de un millón de familias que no contamos con acceso formal a por lo menos dos de tres servicios básicos (agua, luz y cloaca), además de padecer la irregularidad en la tenencia de la tierra. Esa foto, ese dato certero e innegable, nos permitió en el 2018 conseguir el apoyo unánime a la ley 27.453, que declara de interés público la integración social y urbana de los barrios del Renabap, así como los inmuebles sobre los que estos se asientan.

La ley también autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a crear un Fideicomiso para fondear las obras de integración y la adquisición de suelo, “con el objeto de facilitar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares”. Hablamos de agua, cloaca y electricidad, garantizados de forma suficiente y segura. Con obras en los barrios para solucionar una demanda histórica y la construcción de lotes con servicios para atajar la nueva demanda (y así dejar de correr siempre desde atrás). Hablamos de ingresar al Siglo XXI.

En el 2018 logramos la ley, pero no fue si no hasta diciembre del 2019 que se publicó el decreto creando el fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que sin embargo no fue constituido. Recién a finales del 2020, con la llegada de nuestra Secretaría al Ministerio de Desarrollo Social, pudimos constituir el FISU. Previamente, a principios del año pasado, el gobierno había definido orientar el 9% del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) a dotar de fondos al FISU. Se trató de dotar con recursos a una política que, hasta el momento, no tenía fondos. A eso sumamos este año la definición de destinar al mismo fin el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario Para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia, conocido como Aporte de las Grandes Fortunas.

Estos ingresos nos permiten proyectar para este año un fondeo disponible de más de 50 mil millones de pesos. No son suficientes, por supuesto, para revertir tanta injusticia. Pero sí para consolidar una forma de trabajo a lo largo y ancho del país, para adquirir la experiencia, los equipos técnicos, la confianza de nuestro pueblo desarrollando cientos de obras que mejoran la vida de miles de familias. Tenemos lo necesario para consolidar una política pública de largo aliento en nuestro país.

Para dimensionar el volumen de la decisión política tomada vale la pena señalar que, en todo 2019, la Secretaría de Integración Socio Urbana comprometió menos de 100 millones de pesos en obras. Por nuestra parte, en el primer cuatrimestre del 2021, es decir, desde que pusimos en funcionamiento el FISU, hemos financiado proyectos por más de 4.300 millones de pesos. En tan solo cuatro meses multiplicamos por 45 los fondos comprometidos en todo el 2019.

En lo que resta del año tenemos el desafío de escalar aún más la ejecución. La recaudación exitosa del Aporte de la Grandes Fortunas (que algunos aún intentan esquivar) ha significado que se tripliquen los ingresos esperados para el FISU en este 2021. Esta transferencia directa de quienes más tienen a quienes más necesitan es un hito en sí mismo y un cambio respecto de la concepción que tenía la anterior gestión, que pretendía fondear nuestro fideicomiso mediante el endeudamiento de las provincias. Pero además, la recaudación de este aporte nos pone ante el desafío de multiplicar ya no por 45, si no por 500 la ejecución de proyectos.

Al día de hoy contamos con obras en más de 100 barrios populares del país repartidos en 15 provincias y tenemos 50 barrios a cuyos proyectos sólo le faltan detalles. Confiamos en terminar la primera mitad del año con obras de integración en 200 barrios, para alcanzar los 400 por año que Daniel Arroyo nos puso como objetivo. Para esto recibimos todos los proyectos, vengan de donde vengan los trabajamos con la misma seriedad y dedicación, porque sabemos que los destinatarios no pueden esperar, ya llevan demasiados años esperando. Lo estamos logrando con muchísimo esfuerzo y no sin dificultades, no sólo por la pandemia que asola al mundo, si no porque se trata de una política pública que, hasta ahora, venía realizándose de forma desarticulada, con escasa inversión y bastante informalidad. Éramos las propias y propios vecinos de los barrios quienes nos construíamos las soluciones. Ahora nos acompaña el Estado.

Estamos desarrollando a lo largo y ancho del país una política seria y masiva de integración social y urbana, que lleva derechos allí donde más se necesitan y reactiva la economía. Debemos asumir esta tarea en unidad, para fortalecerla y garantizar su continuidad en el tiempo. Gobiernos provinciales y locales, organizaciones sociales, sindicatos, cámaras empresarias, colegios de profesionales y universidades, ojalá todos veamos la oportunidad de unirnos en esta gesta de Integrar a la Argentina para ponerla de pie.