Fiscalía se aferra a (dudosa) pericia para intentar salvar juicio Vialidad

Tras "perder" principales testigos, la acusación ahora busca apuntalar peritaje que sacó valores comparativos de una revista y los dolarizó, lo que distorsiona muestra. Inicia control de daños.

Cristina de Kirchner

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz se encamina al receso de verano y deja atrás un año de audiencias en las que ni un solo testigo pudo ratificar las bases de la acusación. Incluso, en muchos casos, las declaraciones rebatieron las hipótesis de la fiscalía, que sostiene que una presunta asociación ilícita liderada por Cristina de Kirchner favoreció a una empresa y a una provincia por sobre el resto.

Sobreprecios

Según el juez de instrucción, Julián Ercolini y los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, en los 51 contratos de Austral Construcciones celebrados entre 2004 y 2015 hubo un 65% de sobreprecios. Sin embargo, el informe que dio puntapié a la denuncia, ordenado por el propio Javier Iguacel a los pocos días de asumir en la Dirección Nacional de Vialidad, no arrojó irregularidades en los valores. “Todas las obras estaban dentro del rango del 20% del presupuesto oficial”, afirmó bajo juramento el contador que rubricó el informe, Marcelo Bianchi.

Peritaje

La controversia sobre el pago o no de sobreprecios quedará al descubierto cuando declaren los peritos oficiales, Pablo Eloy Bona (recusado por la vicepresidenta por parcialidad manifiesta tras haber retuiteado mensajes violentos contra su persona) y Roberto Panizza. Ambos elaboraron el peritaje oficial a pedido del Tribunal, que se entregó recién una vez comenzado el juicio a pesar de que las defensas reclamaban que se hiciera antes del inicio del debate. Ese peritaje contable sí estableció que hubo sobreprecios, pero los imputados aseguran que está plagado de irregularidades, por lo que esperan ansiosos el momento en que ambos profesionales tengan que explicar ante el Tribunal cómo llegaron a esa conclusión. Las inconsistencias señaladas son las siguientes:

Utilizaron los valores de la revista El Constructor como parámetro de análisis comparativo. El problema es que esa publicación refiere valores para ejecutar obras en terrenos llanos, en la zona central del país. Varios testigos desarmaron esta modalidad para cuantificar ya que el asfalto que se debe utilizar en obras de zonas con temperaturas bajo cero es mucho más caro que el que se usa habitualmente. Por el mismo motivo, el cemento, la mano de obra, el mantenimiento de las máquinas también son más costosos. Además, en particular los materiales “áridos” que se utilizan para nivelar el suelo, tienen un costo en un 300% mas caro en la Patagonia que en la zona centro.

Otro de los errores de la pericia judicial es que los valores fueron analizados en dólares, cuando la obra pública siempre es en pesos. Pero para el análisis fueron dolarizados al momento de las licitaciones cuestionadas y convertidos a pesos a la actualidad, lo que arroja valores totalmente distorsionados.

Las obras existían

Pero, además, tanto Bianchi cuanto uno de los dos ingenieros que recorrieron las obras, Martín González Oria, afirmaron que “las obras existían”. Es decir que no era cierto que se había pagado por trabajos que no se habían realizado. Del informe 03/2016, surge que sobre 41 obras auditadas 23 estaban finalizadas y 15 en ejecución. Incluso estas últimas luego fueron rescindidas por la gestión macrista en la DNV y quedaron abandonadas. Ninguna de las obras presentaba incumplimiento de plazos. De hecho, todos los testigos declararon que es usual la redeterminación de los tiempos de entrega en todas las obras viales del país, y sobre todo en la Patagonia debido a las inclemencias climáticas y a la veda invernal.

Esa misma auditoría determinó que de un total de 83 obras en Santa Cruz, 44 estaban finalizadas y 33 en ejecución. Y que, inclusive, el mejor promedio de ejecución lo tenía Austral Construcciones.

Cartelización

Otro de los ejes de la acusación está centrado en las supuestas presiones y amenazas de Lázaro Báez para quedarse con empresas de la competencia y concentrar todas las contrataciones a favor de Austral. Sin embargo, esto fue desmentido en el juicio por dos testigos convocados por la propia fiscalía, Nicolás Loscalzo y Jorge Luís Del Curto. Ambos negaron haber sido coaccionados para venderle a Báez. El primero dijo que la firma se vendió por una decisión familiar, tras la muerte de su padre. El segundo, afirmó que cobró en tiempo y forma por la venta de su parte, con tres cheques en enero, febrero y marzo de 2006 y aseguró haberse quedado satisfecho con el precio. “Estuvo bien vendida, no perdí plata ni expectativas económicas”.

Control de las obras

Una de las preguntas que más sobrevoló el juicio por parte de la querella, la fiscalía y el Tribunal apuntó a la supuesta falta de control de las partidas presupuestarias. Todos los testigos que declararon sobre eso afirmaron que los controles corren por parte de la Auditoría General de la Nación. Algunos funcionarios de carrera de Vialidad dedicados a la fiscalización de las obras especificaron que falta personal en casi todos los distritos del país y que los controles en general podrían ser mejores. Pero que no hubo una negligencia en ese sentido específicamente en Santa Cruz. De hecho, la acusación mencionó en varias oportunidades una auditoría de la DNV del año 2013 en la que se analizaron los trabajos viales de cinco provincias, incluída la patagónica. De ese estudio interno surge que no había un beneficio específico de un territorio en detrimento de otro y que los controles existían.

Presiones del macrismo

Una de las audiencias más resonantes tuvo lugar el 28 de octubre, cuando una testigo declaró que exfuncionarios macristas la forzaron a firmar un documento que luego fue utilizado para iniciar la causa. La diputada Laura Hindie, dijo que Iguacel y el extitular de Jurídicos de Vialidad, Ricardo Stoddart, llegaron en un patrullero de la Policía Federal para pedirle que firme. “Le soy sincera, no corroboré nada y firmé”, reconoció.

De esta manera, la declarante dejó al desnudo el interés deliberado del gobierno de Mauricio Macri y la maniobra que se llevó a cabo para justificar un supuesto direccionamiento de la obra pública y abrir el proceso contra Cristina de Kirchner, Lázaro Báez y otros once imputados. Una juicio al que le quedan al menos dos audiencias antes de la feria judicial de enero y que promete durar al menos, un año más.