Juicio Oil: fiscal anunció que acusará en alegato y repasó contexto de causa

Política

García Elorrio consideró probado los hechos pero remitió al requerimiento de elevación. Pero tomó recortes neutros de las primeras testimoniales.

El fiscal Juan Patricio García Elorrio anunció que sostendrá la acusación por defraudación al Estado en el juicio Oil Combustibles, al decir que “tiene por probados los hechos de este proceso”, en la primera audiencia de alegatos, luego del desistimiento de la querella de AFIP. La fiscalía justificó que arribó a esa conclusión a partir de la prueba recogida en las audiencias a las que calificó como “elementos objetivos”.

Pese a que la introducción contó con variada adjetivación jurídica respecto al tenor de la acusación, García Elorrio se remitió al requerimiento de elevación a juicio del fiscal Gerardo Pollicita, el cual fue acotado por el Tribunal Oral Federal N°3, cuando definió el objeto procesal del debate. La primera audiencia se consumió en una contextualización respecto a situaciones previas –de una denuncia idéntica sobre Oil que databa de 2013-, enfatizando que había resultado en un sobreseimiento y en los testimonios del periodista Hugo Alconada Mon, Alberto Abad, Leandro Cuccioli y de Hernán Cruells, jefe de departamento dentro de la Dirección de Análisis de Fiscalización de la AFIP. Varios de los tramos escogidos en el resumen que analizó la fiscalía fueron llamativos: son los que echan por tierra la versión inicial sobre las cuestiones investigadas en instrucción, como por ejemplo que Cristóbal López y Fabián De Sousa “retenían” el ITC del combustible que los usuarios cargaban en las estaciones de servicio Oil.

Para ello, se valió del expertise de Cruells, un experto en ITC cuyo aporte fue la descripción técnica tributaria respecto a ese impuesto, que generaba el hecho imponible en la primera transacción en la cadena de ventas, lo que ubicaba ese momento cuando Oil sacaba el producto de la refinería y se lo vendía a un tercero, estacionero, no cuando –tal como se difundió ampliamente- el consumidor pagaba el litro de nafta. Para reforzar esta cuestión, el mismo fiscal describió antes la operatoria de Oil, sus activos y su objetivo de negocios, y subrayó que poseía una red de 340 estaciones de servicio, operadas y propiedad de terceros, con otros CUIT cuya vinculación eran contratos heredados de Petrobras.

García Elorrio repasó todas las causas que se relacionan a este juicio: la investigación contra la AFIP y el Gobierno de Macri que lleva adelante la jueza María Servini y el denominado “tramo 2”, que tuvo novedades por parte del fiscal Gerardo Pollicita que solicitó nuevas medidas de prueba antes de definir si considera que hay algún delito para elevar. Pero el fiscal también relató la causa que envolvió a Ricardo Echegaray, López y De Sousa en 2013 por la compra de Oil, con idéntica denunciante –Elisa Carrió- pero que derivó en un sobreseimiento, cuyos argumentos mencionó. Y aprovechó para traer al debate un informe del entonces subdirector Técnico Institucional Guillermo Michel que solicitó informes a todas las áreas intervinientes para establecer qué procedimientos habían seguido.

Y, agregó García Elorrio, “con total crudeza si la adhesión al plan fue ajustada a derecho y con la normativa legal pertinente”. Continuó acerca de lo informado por el abogado y contador: “Michel le mando un memo al administrador federal sobre la conclusión del pedido de informes. Lo puso en conocimientos de Oil y también que los acogimientos se efectuaron cumplimentando con los mecanismos previstos en la normativa”.

Allí enlazó la declaración del periodista Alconada Mon pero resaltó que admitió haber cometido “errores” en la investigación que generó la publicación del artículo por la presunta deuda de $ 8 mil millones. Y recordó que el periodista mencionó que expertos de la AFIP habían utilizado una metáfora referida a un “kiosko” sobre la supuesta laxitud en los controles a la petrolera (El mismo que había hecho idéntica referencia en el juicio fue Carlos Bo, algo que requirió preguntas aclaratorias. Él era uno de los hombres de Elisa Carrió dentro del organismo recaudador).

Sin llegar todavía a ese testimonio, García Elorrio hizo un resumen de las partes relevantes, a su criterio. Allí mencionó uno de los asuntos medulares para la hipótesis de acusación que eran los préstamos “intercompanies” que Oil realizaba a empresas relacionadas. La fiscalía buscó siempre ligar esas asistencias a una posible correlación entre incremento de deuda con AFIP con préstamos internos. Lo particular de la audiencia de ayer fue que todavía no comenzó a hacer valoraciones sobre la prueba, sino que condensó cronológicamente el recorte que consideró relevante, casi de forma informativa.

Tras ello, tomó el testimonio de Abad y recordó su auto limitación a otorgar planes de facilidades de pago, aunque mencionó que el exadministrador reconoció que era “una actividad discrecional” de su cargo. Sin embargo, el fiscal rescató como una “pauta operacional” que Abad le dijera verbalmente a su secretaria que no trataría pedidos de planes especiales, en contraste con lo que García Elorrio consideró un “circuito informal”, en alusión al mail de la Subdirección de Recaudación que en la era de Echegaray fijaba el procedimiento interno para que las áreas intervengan en la aprobación o rechazo de los planes.

Por un momento, la fiscalía pareció tomar la dirección de descartar la hipótesis delictiva respecto a los denominados “planes generales” ya que en todo momento puso de relieve los testimonios que hablaban de la sistematización de su aprobación, sin intervención humana. Cabe recordar que el TOF 3 fijó el objeto procesal del juicio por dos planes particulares (los del Artículo 32) y dos generales, como supuestas infracciones de los imputados.

Naturaleza y motivo de los planes como parte de una política tributaria, contexto económico de Argentina que los consideraban necesarios para su planificación y demás conceptos volcados por Abad, además de consideración de que en Grandes Contribuyentes había controles “muchísimo más estrictos” que en las Agencias, formaron parte del combo. Luego de Cuccioli repasó su declaración, incluyendo la carta de los jefes de Agencias que se quejaban de imputaciones penales por hechos que no constituían delitos. Y recordó una frase del sucesor de Abad, que se justificó ante el personal de AFIP mencionando que “había cosas que no podía cambiar porque habían ocurrido en el pasado”.

Concluyó la primera de tres audiencias destinadas a saber qué camino adoptará la fiscalía y de qué forma estructurará su acusación.

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