La polémica por la muerte del policía Jorge Sayago alcanzó ayer al Congreso de la Nación, donde diputados y senadores presentaron pedidos de informes y de interpelación a Aníbal Fernández. La política oficialista de tolerancia de los piquetes frente a supermercados, copamiento de comisarías y cortes de rutas finalmente le explotó en las manos al gobierno, que ahora deberá dar explicaciones ante los legisladores.
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En la Cámara alta fue Ricardo Gómez Diez, del Partido Renovador de Salta (PRS), quien presentó en la presidencia del cuerpo un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre los violentos hechos ocurridos en la localidad santacruceña de Las Heras. «La falta de aplicación de las normas y las leyes en relación con las formas de manifestación y reclamo de distintos sectores de la sociedad, impulsada por la política del gobierno nacional, ha llevado al abuso por parte de muchos, que desde legítimos reclamos sociales terminan perjudicando a otros sectores de la sociedad en sus actividades diarias», es parte del documento firmado por el senador salteño, quien destacó la prepotencia, impunidad y violencia con la que se expresaron los trabajadores petroleros y la falta de intervención de las autoridades que, según Gómez Diez, no pusieron límite al descontrol.
El legislador del PRS apoyó la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores petroleros, quienes tienen sueldos elevados por la rigurosidad de su trabajo pero que llegan a aportar hasta un salario íntegro en concepto de pago de este gavamen. Además sugirió que, para esclarecer el episodio, se pida al Registro Nacional de Armas determinar si los sindicalistas involucrados en los incidentes figuran en sus registros como portadores de armas.
En la Cámara de Diputados, los diputados Federico Pinedo, Pablo Tonelli y Paula Bertol, del bloque PRO, Guillermo Alchouron, del interbloque Propuesta Federal, y José Brillo, del Movimiento Popular Neuquino, reclamaron la interpelación de Aníbal Fernández por «las graves alteraciones al orden público y vulneración de garantías constitucionales con motivo de protestas sectoriales de diverso tipo que condujeron al asesinato de un integrante de la Policía de Santa Cruz». Pinedo destacó que el agentemuerto buscaba impedir la liberación de una persona detenida por orden judicial. «El ministro debe explicar la falta de acción de las autoridades nacionales y provinciales para que se resguarde el derecho constitucional de entrar y salir del país», agregó.
El legislador macrista volvió a fustigar al gobierno al exigir al Ministerio del Interior que aclare cuál será en el futuro la política de seguridad que llevará adelante: «La modalidad de piquete es tolerada en ciertos conflictos, como el de las papeleras, y penalizada en otros casos, como en el de la Ruta 2; a la vez se toleró el asalto a la Legislatura de Buenos Aires, pero se limitó el acoso a la Casa de Gobierno.
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