Una defraudación que podría superar los 7 millones de pesos en perjuicio del Servicio de Salud y Asistencia Social (SSAS) del personal de la Legislatura porteña fue denunciada ante la Justicia, según el vicepresidente primero del Cuerpo, Santiago de Estrada, informó a los presidentes de los principales bloques.
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Por su parte, el legislador kirchnerista Elio Rebot presentó una nota mediante la que pedía una profunda investigación al respecto. El presunto fraude se descubrió ante la quiebra de la financiera Santa Elena, donde se habría invertido el dinero de los afiliados en bonos cotizables en la Bolsa de Comercio.
Ante esta situación, en su sesión de hoy, la Legislatura evaluará reformar la Ley 930 que regula la actividad del SSAS, para limitar su autarquía y disponer eventualmente su intervención.
Esta obra social tiene de gerente administrativo a Andrés Albor, enrolado en la corriente del radical Christian Caram, la presidencia la ejerce el sindicalista Andrés Seisdedos y la vicepresidencia la ocupa Guillermo Souza. Los restantes directores son: Ernesto Samania, Celia Rossi, Jorge Pisani, Marcelo Valeri, Miguel Angel Varela y Fernando Bertani.
El titular de la Comisión Fiscalizadora es Angel Barraco, el vice Luis Scholnik, a quienes acompañan cinco secretarios.
Los distintos bloques legislativos han nombrado representantes en el Consejo de Administración así como conducciones de Sutecba, ATE y UPCN de la Legislatura.
• Antecedente
El tema había sido observado en enero de 2005 por el legislador porteño Juan Manuel Velasco, que pasó de Recrear al bloque de ARI, cuando pidió por nota que se investigaran presuntas irregularidades que se habrían cometido en la obras social legislativa desde 1997.
Entre diciembre de 1997 y marzo de 1998, se les habría hecho a los trabajadores una retención de 3% de sus salarios, sin que aún hubiera sido contratada una prestadora médica. Esos fondos descontados, según la denuncia, habrían sido depositados en un plazo fijo a nombre de autoridades de la cámara de aquel entonces, administrada por el hoy jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.
Otra irregularidad también denunciada se produjo en 2001 con el cobro de 13 cuotas anuales, en lugar de 12, destinadas al servicio de Provincia Salud.
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