Papeleras: ahora Uruguay dice que mantendrá puente cortado

Tabaré Vázquez

La cuerda imaginaria que une a través del Puente General San Martín las costas argentina y uruguaya se tensó particularmente en las últimas horas luego de que el gobierno de Tabaré Vázquez resolvió mantener cerrada la frontera con nuestro país, en claro contraataque a la inamovible voluntad de los ambientalistas de Gualeguaychú de bloquear en forma permanente -hoy hace ya un año- ese paso fronterizo.

La afrenta oriental es, ni más ni menos, música para los oídos de los díscolos ecologistas, quienes, eufóricos, desplegarán durante toda la jornada una serie de acciones para ratificar su rechazo a la presencia de Botnia del otro lado del río Uruguay.

En ese sentido, el canciller uruguayo, Reynaldo Gargano, afirmó que el cierre de la frontera que llevan adelante fuerzas militares en Fray Bentos continuará, por lo menos, «hasta que vuelva del exterior el presidente Tabaré Vázquez», y luego se tomará una «decisión definitiva» con respecto al tema.

Con este nuevo escenario que plantea el gobierno uruguayo y con la planta de Botnia ya funcionando en Fray Bentos (ayer la compañía relativizó un informe adverso y logró el visto bueno de expertos ambientalistas contratados por la Corporación Financiera del Banco Mundial), los vecinos de Entre Ríos siguen apostando a su causa, mientras que el gobierno nacional trabaja, a través de la Cancillería, en el reclamo judicial ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En este contexto, la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú asegura que hoy «no hay nada que festejar», porque el bloqueo les significó «quitar tiempo a la familia, al trabajo y al esparcimiento».

«No festejamos el aniversario del corte, sino que nos felicitamos por la fuerte convicción que tuvimos para poder sostener durante un año este corte, con el objetivo intacto de que Botnia se vaya del río Uruguay», dijo el coordinador de la Asamblea, José Pouler.

Para recordar el aniversario del inicio del corte, los vecinos de Gualeguaychú planean realizar su tradicional asamblea en Arroyo Verde, que estará seguida de una «cena a la canasta» y un «antorchazo» sobre el puente internacional.

Balance

Con este panorama, Pouler hizo un balance del corte en Gualeguaychú y afirmó que «se ha logrado mucho», entre otros aspectos porque «se concientizó» a los pueblos de la Argentina y de Uruguay de esta lucha, sumando a vecinos de otras ciudades como Colón y Concordia, que también realizan cortes programados en los otros dos puentes fronterizos.

Pero, en rigor, los cortes no han sido útiles para correr a Botnia ni para evitar que su enorme chimenea comenzara a echar humo (y olores) hace más de una semana. Tampoco lo han sido en la búsqueda de una salida alternativa a este conflicto que ya lleva más de cuatro años y que, por esas piruetas electorales, permitió que Cristina de Kirchner tuviera el 28 de octubre un triunfo arrollador en Gualeguaychú.

Allí, justamente, donde todos parecían descalificar la política llevada a cabo por el gobierno en este interminable pleito, a pesar del compromiso público con la causa asumido hace más de un año por Néstor Kirchner en esa misma ciudad, rodeado de dictos gobernadores e intendentes de todo el país.

El bloqueo a la ruta comenzó en forma precaria, con una carpa blanca en la que se realizaban las asambleas, sin calefacción, sin luz; y con un camión con acoplado cruzado sobre la ruta, en una zona descampada.

Comodidades

A un año de su inicio, la estructura precaria se cambió por un refugio de material de 17 metros de largo por 6 de ancho, en el que pueden entrar 130 personas, que cuenta con una salamandra para calefaccionar y energía eléctrica, además de cinco baños y duchas.

El final de esta historia queda abierto y sujeto, sobre todo, a la resolución final que tome la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aunque no existen, sin embargo, antecedentes jurídicos en materia ambiental emanados de ese tribunal que permitan pensar en un fallo favorable para la Argentina del máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, que es al que acudió el gobierno nacional por tratarse el conflicto de una «violación» a una herramienta jurídica internacional como lo es el Tratado del Río Uruguay.

La Argentina demandó a Uruguay ante la Corte de La Haya por haber violado el Tratado del Río Uruguay al autorizar unilateralmente (sin consultar a la Argentina) la instalación de Botnia sobre el compartido río Uruguay.