Papeleras: ¿se insinúa una tímida tregua con Uruguay?

El secretario de la Presidencia del Uruguay, Gonzalo Fernández, se comunicó ayer con las autoridades de las «papeleras» que se establecieron en Fray Bentos para consultarlas informalmente sobre el reclamo que formuló Néstor Kirchner el miércoles, durante la apertura del período ordinario de sesiones del Congreso. Fue la primera reacción del gobierno de Tabaré Vázquez a aquel llamado, más allá de las declaraciones que formuló la vicecanciller Belela Herrera, diciendo que Kirchner encendió «una luz» en el conflicto al pedir la suspensión de las obras.

A cambio de esa suspensión, el gobierno uruguayo reclama el final de los cortes de los puentes hacia ese país. Algo difícil de lograr, como se probó ayer cuando Alberto Fernández llamó a los activistas de Gualeguaychú pidiendo una pausa en la protesta aunque más no fuera por unas horas. No le hicieron caso.

Gonzalo Fernández quiso explorar la posibilidad de que desde las empresas se emita alguna señal que abra una instancia de negociación sobre la base del «ruego» de Kirchner. El colaborador de Vázquez se encontró con una negativa similar a la que ya había recibido hace 15 días, cuando planteó la misma hipótesis, tal como informó este diario. Sin embargo, ayer hubo un matiz: ya no le dijeron que había que descartar de plano una interrupción de los trabajos. Tanto desde la española ENCE como desde la finesa Botnia le contestaron a Fernández con otro problema. ¿Cómo arriesgarse a una suspensión de la construcción de las fábricas sin que antes se negocien los criterios a seguir en materia ambiental? «Sería un salto al vacío», comentó a este diario, anoche, uno de los interlocutores del secretario uruguayo.

Es lógico que, desde la orilla argentina, Kirchner no piense dar un solo paso atrás sin que se cumpla ese gesto que reclamó en público. En otras palabras: al formular ese reclamo a Vázquez se puso un límite explícito respecto de su capacidad para disuadir a los ambientalistas y vecinos de Entre Ríos a cortar los puentes internacionales. Esta intransigencia comenzó, para la evaluación oficial, a dar algunos frutos concretos. En la Casa Rosada están seguros de que las empresas comenzaron a admitir, «in extremis», una suspensión acordada por los problemas que les está ocasionando el bloqueo de los puentes para la provisión de materiales. Esto vale especialmente para el caso de Botnia, que es la que comenzó los trabajos más recientemente.

• Reconstrucción

Los funcionarios más cercanos a la gestión de este problema (si es que tal actividad existe) suponían anoche que fueron estas insinuaciones de las empresas las que encendieron esa luz de la que habló la oriental Herrera. Dicho de modo general: más allá de cualquier escalada verbal, el conflicto parece encaminarse a una instancia de negociación discreta.

¿En qué términos? Es aquí donde debe reconstruirse, siquiera parcialmente, la historia de la negociación que ya existió en torno a la instalaciónde las papeleras. El 14 de abril de 2004, en una visita a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el entonces canciller Rafael Bielsa afirmó: «Respecto de M'Bopicuá (la planta desarrollada por ENCE), el acuerdo que suscribimos con Uruguay va a tener tres etapas. Una primera etapa es la que culmina con la aprobación del emprendimiento. Esa etapa tiene un ámbito que es la Comisión del Río Uruguay -la CARU-en la que la Argentina va a recibir toda la información por parte de Uruguay. Como se sabe, la Argentina ha presentado dos informes de impacto ambiental y los informes contienen los planes de remediación. La segunda etapa -sigue hablando Bielsa-, que es la de construcción, es de cuatro años, respecto de la cual la Argentina va a tener una posibilidad de monitoreo, que no es un tema trivial, porque el punto está puesto en que existen procesos tecnológicos que permiten reducir al mínimo las consecuencias mediaombientales, excepto que las plantas que tienen esa naturaleza son mucho más caras».

Los dichos de Bielsa tienen un significado muy relevante a la luz de los hechos que se desencadenaron posteriormente. En principio, habló de haber «suscripto» un acuerdo. Se refiere al que habría firmado con Didier Operti, el canciller de Jorge Batlle, el 2 de marzo de 2004. En ese entendimiento se pactó llevar el entredicho por la contaminación de estas plantas al seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Pero, al mismo tiempo, se admitió la construcción de las papeleras. Otro contenido atendible de la confesión de Bielsa es que el acuerdo fue suscripto a pesar del primer incumplimiento que ahora Jorge Taiana, su sucesor, imputa al gobierno uruguayo: el de haber autorizado el 9 de octubre de 2003 la construcción de la planta de ENCE «sin respetar el mecanismo de consulta e información previas previsto expresamente en el Estatuto del Río Uruguay» (Intervención de Taiana ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el 16 de febrero último). La indignación de Kirchner, sostienen sus colaboradores, se debe a que precisamente el 9 de octubre se había reunido con Batlle en la residencia presi dencial Anchorena, en Uruguay, sin que su colega le comunicara su decisión.

La CARU se reunió inmediatamente después, con la participación de la delegación argentina, presidida por el embajador Roberto García Moritán, y de la delegación uruguaya, encabezada por el arquitecto Walter Belvisi. Este diario accedió al acta de esa reunión, en la cual consta un acuerdo entre la Argentina y Uruguay respecto de las prácticas que deben garantizarse para disminuir el impacto ambiental de las «papeleras» ( impacto que los uruguayos reconocen en el apartado I como superior al de la actividad siderúrgica y a la de las curtiembres).

El valor de esta acta es que, por un lado, la delegación argentina concedió que, si se adopta una batería de recaudos enumerados en el mismo texto, las papeleras deberían ser aceptadas. Al mismo tiempo, los diplomáticos uruguayos se comprometieron a realizar las operaciones necesarias para garantizar esas prevenciones. El texto de esas condiciones integra el inciso

IV.4 del acta y se publica parcialmente, por separado, en esta página. Su relevancia radica en que sería, casi seguramente, el punto desde el cual debería retomarse cualquier negociación.

• Promesa incumplida

Las discusiones se interrumpieron, según las autoridades argentinas, porque el gobierno uruguayo no cumplió con las tareas que había prometido en esa acta de la CARU. Siempre según la versión del Palacio San Martín, el canciller colorado Operti dilató una y otra vez la entrega de los protocolos ambientales pactados, a pesar de los requerimientos de Bielsa. Todavía no se habían producido los otros dos incumplimientos denunciados oficialmente por Kirchner y Taiana en sus discursos: la autorización de la planta de Botnia, el 14 de febrero de 2001, poco antes de que Batlle dejara el poder, y el permiso del 5 de julio de 2005 (ya durante la presidencia Vázquez) para que ENCE construya un puerto.

¿Volverán las tratativas al seno de la CARU y adoptarán el formato de aquel acuerdo de febrero de 2002? ¿Están la Argentina y Uruguay, gracias a un guiño de flexibilidad de las empresas, en condiciones de retomar el diálogo? Será difícil tener indicios de estas eventuales novedades en los próximos días. Pero habría que, tal vez, adoptar -siquiera lúdicamenteun criterio: será difícil que el intercambio se reanude mientras Raúl Estraba Oyuela sea el técnico enviado por la Cancillería argentina. Técnico eximio (es uno de los autores del Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático), diplomático avezado, Estrada es caracterizado aún por sus amigos y superiores como un hombre para el combate.