El gobierno amortiguó las críticas al paro que concretaron con éxito y con fuertes epicentros de violencia en Córdoba y Neuquén, las tres centrales sindicales que se encuentran identificadas como las dos CGT y la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) que nuclea, en su mayoría, a los gremios estatales. Para Fernando de la Rúa la medida de fuerza no tuvo «objetivos claros porque sus razones, al parecer, se vinculan con las medidas cambiarias que fueron imprescindibles frente a las maniobras de quienes provocaron pánico y corridas» el pasado viernes 30 de noviembre último. De la Rúa minimizó el alcance de la protesta porque «el país es muy grande y la movilización de ayer fue muy pequeña».
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Bajo ese análisis, De la Rúa volvió a defender las medidas para restringir el uso de dinero en efectivo, al advertir que fueron parte de una acción de emergencia para evitar un perjuicio al país. «No responde a una política permanente sino a una emergencia para evitar un perjuicio al país, que nos despojaran de nuestro patrimonio y atacaran las reservas de los ahorristas», enfatizó el Presidente, quien reconoció que «esto ocasiona molestias», pero consideró que «se van superando» los inconvenientes en el sistema financiero. En ese punto el jefe de Estado insistió en que la medida es transitoria, fijándose un plazo de 90 días para el tope de $ 1.000 en la extracción de efectivo de los bancos.
Al mandatario le contestó el colectivero Juan Manuel Palacios que le pidió a De la Rúa que «dé un paso al costado, si no puede hacer absolutamente nada para que la Argentina supere la crisis económica. El que paró el país fue él», retrucó el segundo de Hugo Moyano en la conducción de la CGT disidente que responde a la estrategia política de Carlos Ruckauf. Desde el propio Presidente hasta sus operadores más cercanos le reprochan al bonaerense intenciones de impulsar «un golpe blanco» para provocar la caída anticipada del gobierno. «El Presidente lo que no está haciendo es gobernar», remató el sindicalista que controla a un sector clave en el éxito de un paro: los servicios públicos de transporte de pasajeros que ayer adhirieron entre 75 y 90%, sobre todo colectivos y los trenes que unen al conurbano con la Capital Federal. Los subtes funcionaron con un servicio de emergencia conducidos por personal jerárquico.
También Moyano criticó al gobierno por la recesión económica y las restricciones a la extracción de dinero en los bancos y consideró «muy alto» al índice de acatamiento a la medida de fuerza que -según sus informes- había contado con la adhesión de profesionales, comerciantes e industriales. «Fue un repudio al modelo económico», cargó Moyano, quien aprovechó el escenario para atacar a la reunión de De la Rúa con Carlos Menem en Casa de Gobierno, en total sintonía con las críticas que, en ese mismo momento, desde la ART del Banco Provincia disparaba Ruckauf contra sus dos mayores adversarios políticos. Unos activistas fueron, además, a montar una olla popular en la esquina de avenida Del Libertador y Ocampo, donde vive Domingo Cavallo. El cegetista incursionó en teoría económica al rechazar la propuesta de dolarizar que impulsa Menem. «Esa medida condenaría de por vida a nuestra economía», ensayó el camionero para explicar que «no le podemos vender nada a nadie por el sistema cambiario, lo único que exportamos es materia prima. Si no le damos valor real a nuestro dinero -hace tiempo que puja por la devaluación- no tenemos destino», concluyó.
Para el Ministerio de Trabajo la huelga tuvo un acatamiento dispar, promediando 60% en todo el país. En la Capital Federal y en la mayoría de las provincias el acatamiento fue elevado en la administración pública y en las áreas de Justicia y Educación, esta última favorecida por la terminación del ciclo lectivo 2001. Contrario a lo dicho ayer por la CGT de Moyano, CAME (Cámara Argentina de Actividades Mercantiles), que orienta Osvaldo Cornide, aclaró que no adhirió al paro y que muchos comercios abrieron sus puertas. En aquellos lugares donde se restringió la apertura de los negocios como Gran Rosario, Mendoza y Neuquén, fue por «la intimidación de los huelguistas», según Cornide, quien dijo compartir los argumentos de las medidas de fuerza pero que esa entidad protestó ayer a través de cacerolazos, bocinazos y apagones por 10 minutos.
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