El gobierno contemplaba ayer maquillar el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura modificando alguno de sus artículos para que duhaldistas, adolfistas y juecistas, además de algunos radicales, puedan legitimar así su apoyo al proyecto del oficialismo. «No sería raro modificar algún artículo», explicaba ayer una fuente de confianza de Agustín Rossi, líder de los diputados del Frente para la Victoria. La idea de tenderles un puente de plata a los provinciales desorientados y a los radicales reflexivos -como llaman irónicamente desde la conducción kirchnerista a los aliados extra FpV del gobierno- surgió ayer tras el cónclave entre Cristina Fernández, Alberto Fernández, Carlos Kunkel, Juan Manuel Urtubey y los cinco legisladores del Frente Nuevo, del intendente de Córdoba, Luis Juez.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Al igual que los siete diputados del bloque de Adolfo Rodríguez Saá, los juecistas postergaron una definición sobre el apoyo al proyecto que le dará al gobierno poder de veto en la designación y remoción de los jueces. Según dijo ayer el cordobés Raúl Merino -quien participó el miércoles de la reunión con la primera dama-, hay «flexibilidad» en el oficialismo y eso podría ayudar a sumar voluntades. Si bien su compañero de bloque, Gumersindo Alonso, aseguró a este diario que no apoyarán al oficialismo mientras no se modifique la atribución del poder político para influir en la Justicia, los puntanos se diferenciaron al expresar que necesitan más tiempo para estudiar el caso y entender sus consecuencias jurídicas. Mantienen de este modo un hermetismo total sobre los términos de la negociación con la Casa Rosada para definir su postura en relación con los cambios en el consejo de jueces. En este sentido, como explicó ayer este matutino, es un dato revelador que los hoy indecisos diputados adolfistas no recuerden que Rodríguez Saá votó a favor del tema en el Senado.
Un universo aparte lo constituyen los diputados duhaldistas, enfrascados en su propia interna. Desde el gobierno, aseguran que cuentan con ocho o diez votos del bloque Peronismo Federal, que serían servidos en bandeja por José María Díaz Bancalari. Aunque la naturaleza impredecible de los justicialistas no garantiza ningún respaldo hasta el día de la votación en el recinto. Jorge Landau y Carlos Ruckauf firmaron el dictamen oficialista en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales con disidencia parcial. Casi una caricia en el lomo de Néstor Kirchner, al que apenas le objetaron los artículos 2 y 8 del borrador de la ley, donde se consagra la potestad oficialista de vetar el nombramiento y la remoción de los magistrados. El resto, Juan José Alvarez, Cristian Ritondo y Francisco De Narváez, también apoyó el dictamen del kirchnerismo, pero con disidencia total.
Ante la proximidad de la sesión extraordinaria de febrero, el gobierno sigue presionado para asegurarse los 129 votos. Pero la comodidad con la que domina el Senado -donde tiene mayoría propia- le da margen hasta para ceder en la Cámara de Diputados a las modificaciones que le reclaman juecistas y duhaldistas ya que, de todos modos, el proyecto retocado debería volver a la Cámara alta, recinto en el cual el kirchnerismo podría insistir con el modelo original de reforma al Consejo y convertirlo en ley.
Es una estrategia que le calza perfecta al gobierno ya que daría una imagen conciliadora, evitaría pagar el costo político en la Cámara de Diputados y le bajaría el tono al debate trasladando la reforma a las apacibles y seguras aguas del Senado.
Dejá tu comentario