Legajo del primer prófugo macrista ("Pepín"): procesado por "administración fraudulenta" en caso Socimer

En los '90 se hizo conocido por sus "servicios" en el sistema financiero y asesoramiento al fleje sobre "offshore".

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.

Las maniobras realizadas por el Banco Medefin y su controlante Socimer tuvieron de protagonista a Pepín Rodríguez Simón. Acusado de acordar con autoridades del Banco Central para definir a qué acreedores beneficiar y cuales perjudicar. Los camaristas que ratificaron su procesamiento fueron Ballestero, Farah y Freiler, quienes sufrieron su hostigamiento.

El primer prófugo macrista, alias “Pepín”, en los ‘90 se hizo conocido por sus “servicios” en el sistema financiero y asesoramiento al fleje sobre “offshore”. Hoy tiene pedido de captura internacional por negarse a una indagatoria dictada por la juez María Servini. La causa lo tiene como eje central en la “asociación ilícita” para ejecutar la persecución a los accionistas del Grupo Indalo.

En el mes de agosto de 2009 los integrantes de la Cámara Federal trabaron embargo por u$s130.000 Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y ratificaron el procesamiento por considerarlo “partícipe necesario del delito de administración fraudulenta" en la caída del Banco Medefin, cuyo controlante era Socimer.

Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah fueron los firmantes de la resolución. A partir de diciembre de 2015, con Mauricio Macri en el gobierno comenzó una embestida contra ellos. “Pepín” no perdonó.

El escrito dice: “CONFIRMAR los puntos dispositivos IX y X del auto apelado en cuanto dispone el procesamiento de Fabián Rodríguez Simón y Alejandro José Olivera por hallarlos ‘partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta’”.

Y finaliza: “Regístrese, hágase saber a la Fiscalía de Cámara y devuélvase a primera instancia a fin de que se practiquen allí las notificaciones pertinentes. Sirva la presente de atenta nota de envío. Fdo. Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah. Ante mi: Eduardo Nogales (Prosecretario de Cámara)”. Así el primer prófugo macrista engrosó su legajo judicial.

Los jueces evaluaron la responsabilidad de “Pepín” y funcionarios del Banco Central que con maniobras terminaron perjudicando a acreedores del malogrado banco Medefin. Pero salvando a amigos.

“Los directivos del Banco Central de la República Argentina, en acuerdo previo con Rodríguez Simón y Olivera, convinieron y establecieron los términos bajo los cuáles debía disponerse el instituto de exclusión de activos y pasivos privilegiados en el Banco Medefín. Mediante la toma de esa decisión se habría beneficiado indebidamente a ciertos acreedores y perjudicando ilegítimamente a otros”, señala el escrito.

A finales de los ‘90 la entidad Socimer (controlante del Medefin), era investigado también en España por irregularidades.

Los exfuncionarios procesados fueron Pedro Pou, Martín Lagos, Marcelo Rafael Saúl y Javier Alberto Bolzico, entre otros. A ellos se les imputó ser “coautores del delito de administración fraudulenta”y a “Pepín”, como representante de Paul Clarke y de Socimer, ser “partícipes necesarios de la misma”.

De la investigación judicial se desprende que los directivos del Banco Central, en acuerdo previo con Rodríguez Simón y Olivera, convinieron y establecieron los términos bajo los cuáles debía disponerse el instituto de exclusión de activos y pasivos privilegiados.

Dada la afirmación en la justicia de que “la exclusión decidida resultó arbitraria” y se identificó en la causa como “un grupo de acreedores que habían sido tenedores de obligaciones negociables subordinadas que fueron luego convertidas –algunas en un 50% y otras en un 100%- en depósitos a plazo fijo; un grupo de bancos llamado “bancos sindicados” y, por último, Socimer”.

Socimer International Bank Limited (SIBL) era el principal depositante de Medefín con U$S 74.000.000 y por tal motivo surgió de ahí su “calidad” de pasivo privilegiado. SIBL era controlada por Socimer Finance Holding, sociedad radicada en Ginebra, Suiza, que pertenecía al Grupo André también de origen suizo.

En febrero de 1998 la Corte Suprema de Bahamas dispuso la liquidación judicial de SIBL. Como consecuencia de ello se removieron las autoridades y se designó a Paul Clarke como síndico liquidador. Según Rodríguez Simón, Clarke tenía como función “recuperar los activos para cancelar deudas con sus acreedores”.

El golpe final para los acreedores no beneficiados llegó el 12 de mayo de 1998, en Miamia, en la que participaron algunos bancos acreedores llamados “sindicados” y el representante de Socimer y asesor de Paul Clarke, Fabián Rodríguez Simón. Allí definieron su acuerdo para la exclusión de los activos y pasivos privilegiado.