En tanto Carlos Menem y Juan Carlos Romero lanzaron la convocatoria al Primer Plenario Nacional de Dirigentes Justicialistas, el gobernador de La Rioja, Angel Mazza y el vice en ejercicio de Salta, Walter Wayar, presentaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia una «acción declarativa de certeza». En ella solicitan al alto tribunal dar por válidos, «sin más trámite», la renuncia del presidente interino Eduardo Duhalde a partir del 25 de mayo de 2003 y la convocatoria a elecciones generales para el 30 de marzo próximo.
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En respuesta al congreso nacional del PJ, el menemismo se apresta a reunir a sus seguidores en el complejo Costa Salguero, el martes próximo a las 10. Allí se pasará revista a la situación política y social de cada distrito. Se aprobará un plan de acción política local y nacional y se conformará una Mesa Nacional Peronista que representará a este plenario. Con las firmas de Menem y Romero, integrantes de la fórmula de precandidatos del PJ, se hizo la convocatoria, donde este sector espera reunir más de 800 dirigentes de todo el país.
Por su parte, el constitucionalista Héctor Masnatta, al ser consultado sobre la presentación de Mazza y Wayar, precisó que, en principio, «una acción declarativa no es un pronunciamiento en contra de nadie». Que en todo caso lo que los mandatarios provinciales están solicitando es que la Justicia se pronuncie expresamente sobre si hay legitimidad en las acciones de Duhalde. De esta forma, si la Corte se expide, se evita que en el futuro se produzca una declaración de inconstitucionalidad de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo.
El pedido presentado ayer apunta a evitar que los plazos del vencido cronograma electoral camino del 30 de marzo y 25 de mayo, deban ser ratificados por una ley del Congreso, donde podrían quedar estancados y sin validez mientras no exista esa revalidación. Postergando las elecciones generales y la entrega del poder, que es lo que sospecha el menemismo que es lo que persigue en última instancia Duhalde.
Para Masnatta más grave es el acortamiento del mandato presidencial, que concluye el 10 de diciembre del año próximo y así lo establece la Constitución, aunque se convalide a través de una ley. Una cosa es el mandato al que renuncia Fernando de la Rúa -y está en su derecho hacerlo-, y otra muy distinta que se violen disposiciones constitucionales que hablan de un mandato presidencial de 4 años. Mandato que otorgó la asamblea legislativa que designó a Duhalde.
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