Piden indagar a Jaime y Schiavi por defraudación en la contratación del seguro de TBA

Política

La fiscal federal María Alejandra Mángano pidió a la jueza María Servini la citación a declaración indagatoria de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios kirchneristas, en una causa que investiga una supuesta defraudación de la ex concesionaria de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre en la contratación del seguro de responsabilidad civil que regía al momento de la tragedia de Once.

Además de Jaime y Schiavi, Mángano pidió la indagatoria del ex superintendente de Seguros de la Nación Juan Antonio Bontemopo, del ex gerente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sícaro y de los responsables de la entonces concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) Sergio Cirigliano, Marcelo Calderón y Jorge Álvarez.

La lista también incluye al ex presidente de TBA Carlo Ferrari, además de integrantes de su directorio y al presidente de la empresa aseguradora Liderar, Oscar Nieves, su vicepresidente José Buccioni, entre otros, según el dictamen al que accedió la agencia Télam.

La fiscal que tiene delegada la investigación sostuvo que hay prueba suficiente para indagar a los imputados de lo que calificó como una "maniobra defraudatoria" que afectó al Estado Nacional y a las víctimas del choque del tren de Once del 22 de febrero de 2012 a la hora de reclamar indemnizaciones, además de las víctimas de otros accidentes ferroviarios en las líneas concesionadas durante los ocho años en que estuvo vigente la póliza cuestionada.

"Se incumplió deliberadamente con las obligaciones asumidas con el Estado Nacional a través de la legislación de la concesión y concretamente se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado a partir de la suscripción de una póliza de seguro aparente que permitió frustrar los derechos de reparación de los civilmente afectados por distintos episodios dañosos, en particular pero no exclusivamente del choque registrado en la estación Once de la línea Sarmiento el 22 de febrero de 2012", advirtió en el dictamen.

La maniobra "no hubiera sido posible sin la connivencia de los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento del contrato", agregó la fiscal en referencia a la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Superintedencia de Seguros de la Nación.

La empresa TBA estaba obligada a contratar un seguro de responsabilidad civil "por el equivalente en moneda argentina a dos millones de dólares" por siniestro durante la concesión.
Pero la empresa concesionaria contrató para el Sarmiento, el Mitre y Ferrocarriles Metropolitanos una póliza por dos millones de pesos por medio de la compañía Liderar, "con una franquicia por evento de 1.800.000 pesos".

"La suma asegurada fue disminuida considerablemente ya que, teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente a esa fecha, el monto asegurado debió ser prácticamente duplicado", advirtió la fiscal en base a la denuncia presentada por la Procelac en el 2016.

Esa póliza empezó a regir desde el 22 de abril de 2004 y fue renovada hasta la tragedia del tren de Once.

"Las condiciones se mantuvieron incólumes hasta el 2012 en lo relativo a la suma asegurada y la franquicia a cargo del contratante y tornaron en aparente y meramente formal el requisito de contar con una póliza de seguro por una suma asegurada, mínima, del equivalente en moneda nacional de dos millones de dólares", se agregó en la acusación.

De esta manera, los imputados actuaron "desvirtuando maliciosamente la esencia del seguro, tal como en efecto sucedió , frustrando las expectativas de cobro de los damnificados", concluyó.

Tras la tragedia del tren de Once del 22 de febrero de 2012 que causó 51 muertos, entre ellos una embarazada y más de 700 heridos se presentaron 800 demandas civiles contra TBA y subsidiariamente el Estado Nacional.

"Frente a los reclamos TBA efectuó un pago por consignación de dos millones de pesos para cubrir la totalidad del evento, de cara a un reembolso de 200 mil pesos a cargo de Lideraer, cifra completamente exigua y alejada del mínimo legalmente establecido en la concesión", advirtió la fiscalía.

La maniobra "fue avalada por la ausencia de control de los diferentes agentes estatales y culminó en un perjuicio al Estado Nacional y a las víctimas", sostuvo además Mángano porque las demandas "tramitan contra empresas que eran, desde el inicio, específicamente insolventes para cubrir un episodio como Once".

Esas maniobras "no fueron controladas ni sancionadas por los organismos estatales que debían fiscalizar a la empresa concesionada", con lo cual hubo una defraudación de intereses del Estado Nacional a través de un contrato que rigió entre 2004 y 2012, y fue sólo "aparente" y basado en el "ánimo de lucro" de la concesionaria TBA.

Después de la tragedia de Once, la Superintendencia de Seguros advirtió que Liderar "poseía pólizas de responsabilidad no autorizadas".

Cirigliano, Jaime, Schiavi fueron condenados a penas de cumplimiento efectivo por la tragedia de Once en un juicio oral, cuyo veredicto está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación. Jaime ya está preso en otras causas por corrupción durante su gestión en el kirchnerismo.

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