Tucumán - El gobierno del justicialista Julio Miranda se apresta a recibir otro embate de la oposición, que insistirá hoy y mañana en el Congreso Nacional en el pedido de intervención federal de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia a causa de los casos de corrupción surgidos de la reforma constitucional aprobada en febrero de este año, que habilita la reelección del gobernador.
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La denuncia hecha por Alejandra Ducca, la esposa del ex legislador provincial por el bussismo, Mariano Poliche, acerca del pago de $ 2 millones a parlamentarios tucumanos para declarar la reforma de la Carta Magna motivó que desde todo el arco opositor pugnen por asegurar una investigación de la Nación.
Si bien Ducca luego desmintió sus dichos sobre la entrega de coimas -es investigada por falso testimonio y ahora afronta una querella del oficialismo-el tema se reavivó en la provincia, donde ayer por la noche se realizaba una multitudinaria marcha para solicitar el desafuero de los 27 legisladores sospechados convocada por la ONG Faro Ciudadano, que ya juntó 4.500 firmas a favor de este pedido.
En el plano nacional, José Vitar, diputado por Tucumán del ARI reclamará en la Cámara baja que sea tratado sobre tablas el proyecto que pide la intervención federal porque, asegura, «en la provincia desapareció la división de poderes». «La esposa de un legislador denunció el pago de sobornos desde el Poder Ejecutivo a la Legislatura y la Justicia está alterada, lo cual queda en claro con el hecho de que un juez (Eudoro Albo) demora un año una acusación contra Antonio Bussi y, en vez de ser castigado, se promueve su ascenso a camarista», acusó Vitar.
Por su parte, Ricardo Bussi, diputado nacional por Fuerza Republicana (FR), expresó que informará sobre el tema al ministro del Interior, Jorge Matzkin, «para interiorizarlo de la insostenible realidad por la que atraviesa la provincia».
También el titular de la convención tucumana del radicalismo, Eudoro Aráoz, reclama la intervención federal en Tucumán: «Para que los 27 legisladores que votaron por la reforma, que ya deberían haber renunciado, se desprendan de sus fueros y puedan empezar a ser investigados esta misma semana», señaló.
En tanto que en la Cámara de Senadores -donde el caso podría lograr mayor adhesiónmañana sería tratado sobre tablas el pedido de intervención federal elaborado por Pablo Walter, de FR.
Las sospechas de corrupción en el Ejecutivo y el Legislativo tucumanos comenzaron luego de que en marzo pasado Ricardo Bussi denunciara el presunto pago de coimas para que se habilite la reforma constitucional. A partir de allí, el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez, investigó y solicitó el desafuero de los 27 parlamentarios reformistas (17 peronistas, cinco ex bussistas, cuatro independientes y un radical), lo cual fue rechazado en mayo por la propia Legislatura.
Luego de este rechazo, Pérez comenzó a investigar al vicegobernador y presidente de la Legislatura, Sisto Terán, y presentó un pedido para su destitución, pero éste fue archivado en la noche del lunes en una polémica decisión de la comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana.
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