Pino Solanas realizó una denuncia penal contra Cristina y Boudou por abuso de autoridad

El diputado nacional Fernando "Pino" Solanas y otros legisladores denunciaron penalmente hoy a la presidenta, Cristina Kirchner, y a miembros del Gobierno Nacional por "abuso de autoridad y administración fraudulenta de bienes públicos", a raíz del dictado del decreto 2010, que dispuso el uso de reservas del Banco Central para pagar parte de la deuda externa.

La denuncia recayó ante el juez federal subrogante Marcelo Martinez de Giorgi, y en el escrito, los diputados consideraron que el decreto presidencial "no respeta el orden jurídico constitucional al negociar y pagar una deuda sospechada de ser fraude contra el Estado".

En el escrito, hicieron mención a tres causas penales en curso que investigan el endeudamiento, entre ellas, la causa sentenciada en el Juzgado Federal nº 2 por el ex juez Jorge Ballestero (de julio de 2000).

El recurso fue acompañado también con la firma de los diputados Jorge Cardelli, Cecilia Merchán y Lilina Parada, así como por los legisladores porteños Julio Raffo y Jorge Selser, del bloque Proyecto Sur

El mismo está patrocinado por el abogado Alejandro Olmos, hijo del homónimo y uno de los primeros en denunciar la ilegalidad de la deuda externa.

Además de Cristina Kirchner, también fueron denunciados el ministro de Economía, Amado Boudou, y "los responsables de consentir y aplicar el Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09", entre ellos "funcionarios del Banco Central, legisladores que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y el Procurador General de la Nación".

Más temprano, el abogado José Magioncalda también denunció penalmente a la Presidenta, por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad", por haber removido del cargo al titular del Banco Central, Martín Redrado, luego de que se negara a liberar las reservas de la entidad para pagar parte de la deuda.

Esa presentación recayó ante el juzgado federal Nº 7 de esta Capital, el cual es subrogado por el juez Norberto Oyarbide.

Según el denunciante, del decreto "vulnera elementales normas y principios de rango constitucional y legal", y denunció a Cristina Kirchner por incurrir en lo previsto por el artículo 248 del Código Penal, el cual establece que será reprimido "con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

"Del texto constitucional surge que los decretos de necesidad y urgencia se dictan ante circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir trámites ordinarios para la sanción de leyes", sostuvo el letrado.

"Pero cierto es que el Decreto 18/2010 no se ha dictado ante la imposibilidad de reunir al Congreso de la Nación para la sanción de una ley, sino ante la supuesta imposibilidad de reunir una comisión bicameral para emitir un `consejo`, es decir, una opinión, un mero dictamen", añadió.

Por ello, Magioncalda aseguró que la Presidente, "que dice ser abogada", no puede desconocer que "una comisión bicameral no tiene facultades para sancionar leyes".

Magioncalda aseguró que la conducta de Cristina Kirchner -a su entender- "viola el derecho de defensa" de Redrado y "el derecho que le asiste al pueblo, consagrado en la Carta Orgánica de dicha entidad bancaria, consistente en expresar su opinión por medio de sus representantes".

El abogado consideró como un "capricho presidencial" la actitud del Gobierno en insistir con el alejamiento de Redrado, algo que finalmente consiguió mediante un decreto.