Piqueteros ya tienen carta de emergencia social hasta 2022

Con los nuevos niveles alarmantes de pobreza, los movimientos sociales podrán presionar desde el inicio de 2020 a quien gane las elecciones del 27-O por un nuevo festín millonario de fondos y planes.

Leonardo Grosso, Juan Grabois y Sergio Ziliotto

El Gobierno publicó ayer, en el Boletín Oficial, la declaración de emergencia alimentaria hasta 2022 que sancionó días atrás el Congreso, tras semanas de vueltas del macrismo y con una oposición que utilizó los virulentos cortes de calle para obtener un rédito político en plena campaña electoral. Tras los alarmantes niveles de pobreza dados a conocer en las últimas horas, los movimientos sociales ya tienen preparado un proyecto para estirar la emergencia social y presionar a quien gane el 27-O por un nuevo festín millonario de fondos y planes sociales.

Desde el Congreso, y antes de presentarse la iniciativa opositora “unificada” de emergencia alimentaria que se votó en el Congreso el Movimiento Evita, terminal legislativa de los bloqueadores de calles, dejó asentado otro proyecto de emergencia social hasta fines de 2022. En la actualidad rige una que se votó a fines de 2016 tras un acuerdo del “abogado” y piquetero papal Juan Grabois con la ministra de Desarrollo Social del macrismo, Carolina Stanley, que significó un regalo de $30.000 millones hasta el 31 de diciembre del corriente año.

Entre los firmantes del proyecto para estirar la emergencia social hasta fines de 2022 aparecen los diputados del Movimiento Evita Leonardo Grosso y Silvia Horne, las massistas ahora K Cecilia Moreau y Carla Pitiot; la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas; el gobernador electo de La Pampa, el justicialista Sergio Ziliotto, y la “progresista” Victoria Donda. También avala el texto el jefe del cristinismo en la Cámara baja, Agustín Rossi, entre otros.

Los diputados consideran “prioritario avanzar en la visibilización institucional y reconocimiento de este sector del trabajo (economía popular) como medida inicial”, así “como la conformación de un ámbito de decisión y desarrollo participativo de las políticas para el sector que tenga como meta central la institución de un salario social complementario para los trabajadores de la economía popular, cuyo objetivo central radica por un lado en el reconocimiento de la deuda pública y social hacia estos trabajadores y, por otra parte, en la satisfacción material que implica alcanzar el monto delimitado como básico para un trabajo decente”.

Además, los legisladores destacan: “Desde el Estado deben promoverse las herramientas y medidas necesarias para fortalecer y ampliar los programas de empleo vigentes. Fundamentalmente avanzando en áreas donde las políticas sean el canal para pensar la producción desde el trabajo y no desde el capital abriendo un abanico de posibilidades concretas de generar ocupación digna en la base social”.

En otro punto de la argumentación, los diputados resaltan: “La construcción de una sociedad con mejores niveles de igualdad, de inclusión y de dignidad en la vida de los ciudadanos requiere que seamos capaces de elaborar y proponer herramientas que den respuestas a las situaciones que se presentan de manera urgente e impostergable, con las características resultantes de los procesos y ciclos socio económicos que ha atravesado nuestro país”. Bajo estos argumentos, los piqueteros -con ayuda de diputados cristinistas, massistas y peronistas- presionarán a quien gane las elecciones del 27 de octubre próximo.