Polémica en Mendoza por DDJJ de funcionarios: casas de 70 centavos y un auto de $ 1

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pidió sancionar una ley de ética pública a raíz de las controversias que despertaron las declaraciones juradas de sus funcionarios y resaltó que el decreto original firmado por el ex gobernador Francisco Pérez sobre declaraciones patrimoniales "está lleno de errores".

"Ese decreto tiene varias imperfecciones, pero nosotros no quisimos modificarlo siendo que podíamos hacerlo, por lo tanto todos los funcionarios fueron ordenados por mí a presentar, en los primeros 30 días, su declaración jurada en tiempo y forma según estipula", señaló Cornejo.

El exgobernador Francisco Pérez a fines de su mandato el año pasado dictó el decreto 1789/2015 por el cual se impuso la obligación de los funcionarios del poder ejecutivo y de aquellos otros organismos que adhieran a la norma, de presentar declaración jurada de bienes.

A raíz de esto este martes se difundieron las declaraciones patrimoniales de los funcionarios mendocinos presentados ante la Fiscalía de Estado y llamaron la atención valores de algunos bienes como el de la vicegobernadora, Laura Montero, quien declaró un inmueble por 70 centavos o del ministro de seguridad provincial quien declaró un auto por un peso.

"Hace poner el valor de las propiedades, no dice si es el valor fiscal o de mercado, es sobre esa base que se hizo la mayoría de las declaraciones patrimoniales", resaltó el gobernador mendocino.

Y agregó en diálogo con la prensa que "es muy probable que tengamos que hacer una ley integral de ética pública, que incluya a los tres poderes. Tiene que salir por ley, no por un decreto, fijando criterios objetivos sobre cosas que hoy están en la nebulosa".

Por otra parte, una vez hecha pública esta situación algunos de los involucrados culparon del hecho a la forma que se realiza el evaluó de los bienes por parte de la ATM (Administración Tributaria Mendoza).

En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Jorge Tanús (PJ), presentó un proyecto de ley por el que se dispone la obligatoriedad con fuerza de Ley del Decreto del Ejecutivo Provincial para los funcionarios y empleados públicos provinciales de los tres poderes, como así también a los entes provinciales de carácter estatal o con participación estatal.

"Si bien la norma ha significado un avance en materia de transparencia, su aplicación práctica ha demostrado cierta debilidad en cuanto a las consecuencias legales de cualquier omisión maliciosa en la declaración de bienes" fundamentó el legislador.

Tanus además agregó: " que a seis meses del dictado del decreto referido la adhesión de distintos ámbitos provinciales ha sido dispar, creemos que al convertir el decreto referido en Ley se equiparan las obligaciones de todos los funcionarios provinciales sean ellos, del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial", finalizó.

Por su parte el diputado provincial del bloque de Frente de Izquierda, Héctor Fresina, se sumó a la polémica que ocasionó la presentación de los funcionarios y expresó que "el avalúo fiscal que representa entre un 10 y un 20% de los valores de mercado de las propiedades, es un instrumento más del quebranto provincial producido por los grandes grupos económicos que dominan Mendoza y frente a esto hemos propuesto una delimitación para el cobro del impuesto inmobiliario".