Postergan dictamen a la obligatoriedad de los debates presidenciales

Diputados se aprestan a discutir además la obligatoriedad de los debates entre candidatos a la Presidencia durante campañas electorales, que ya fue aprobado en el Senado.

El proyecto que regula la transición presidencial con el fin de fijar plazos precisos para ese proceso y que contempla, entre otras cuestiones, que se garantice el acceso del gobierno electo a la información de todos los órganos de la Administración Pública Centralizada, recibió hoy dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y podría ser aprobado antes del fin del período ordinario de sesiones.

En cambio, la discusión del proyecto para establecer la obligatoriedad de los debates presidenciales, que ya tenía sanción del Senado, fue postergada para las sesiones extraordinarias o bien para el 2017 ya que debía ser tratado por un plenario junto con la comisión de Justicia, donde no se logró el quórum reglamentario para avanzar en el dictamen.

De todas maneras, la comisión de Asuntos Constitucionales -que preside el macrista Pablo Tonelli- firmó despacho favorable del proyecto que regula la transición presidencial que el gobierno de Mauricio Macri decidió impulsar tras la polémica generada a fines de noviembre pasado cuando el gobierno de Cristina de Kirchner se negó a brindar información precisa sobre el estado de la administración tras 12 años de gestión.

"Avanzamos en un importante proyecto para sentar reglas claras de transición entre el gobierno entrante y el saliente tras una elección. Buscamos transparencia y facilitarle la tarea al gobierno entrante para que no ocurra lo que sucedió tras la pasada elección. El gobierno entrante no contó con información adecuada para iniciar la tarea", recordó Tonelli, al finalizar la reunión.

Entre otras cuestiones, la iniciativa establece que el presidente electo asumirá a las cero horas del día siguiente de la finalización del mandato del saliente, que concluye a la medianoche del 9 de diciembre, y que será en forma independiente de la jura del binomio presidencial que debe realizarse ante la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional.

De esta forma, se busca evitar la situación generada con el traspaso de mando del gobierno de Cristina de Kirchner al de Mauricio Macri cuando "surgieron dudas respecto de cuestiones tales como el momento preciso de la asunción o el lugar de entrega de los atributos de mando", al hacer referencia a la ausencia de la ex presidenta en el Congreso de la Nación.

De acuerdo al proyecto, el presidente electo "estará en condiciones de asumir el cargo a las cero horas del día siguiente al de la finalización del mandato del presidente saliente, independientemente del juramento que prestará ante el Congreso Nacional".

Además, propone "establecer las bases para que el traspaso de mando entre las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional en funciones y las de un gobierno electo se concrete de un modo eficiente, transparente y ordenado".

La propuesta enviada por el Gobierno en agosto pasado sufrió modificaciones, a partir de propuestas impulsadas desde el massismo por Graciela Camaño y por Margarita Stolbizer (GEN) para que el gobierno saliente no pueda tomar crédito externo desde que se inicia el proceso de transición, ni pasar a planta permanente al personal contratado.

El proyecto hace hincapié en las "dificultades para obtener información completa sobre las distintas áreas de gestión de la Administración Pública Nacional" que tuvo el gobierno de Macri y, en ese sentido, contempla que el jefe de Gabinete del gobierno saliente "coordine las acciones de transición, convoque a los representantes de las gestiones saliente y entrante a reuniones necesarias para facilitar la transición".

Entre otras cuestiones, el jefe de Gabinete debe asegurar que las diferentes áreas hagan entrega al gobierno electo de la nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra; la modalidad de contratación, la situación financiera de cada uno de los ministerios, instituciones, empresas y entes y auditorías realizadas, así como también un detalle de la situación de todos los procesos judiciales en los que cada organismo sea parte.

Asimismo, el proyecto contempla que, dentro de los seis primeros meses de gestión del nuevo gobierno, la Jefatura de Gabinete enviará al Congreso y publicará en internet, un informe final del proceso de transición que incluya la información recibida del gobierno anterior y el estado de situación de los organismos públicos y organizaciones donde el Estado tenga participación, al momento del traspaso de mando.