Preocupa un Consejo con más políticos que técnicos

Es cierto que el Consejo de la Magistratura dilapida los dineros públicos y hasta es lento en la selección de los jueces, pero la pretensión de reformar su composición para beneficio del oficialismo resulta una barbaridad política.

El gobierno expuso ayer con todas las letras su interés en excluir a las minorías legislativas del órgano clave que designa y remueve jueces.

El proyecto, que estaba para ser votado, no alcanzó el martes a obtener dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, porque el radicalismo y un grupo de abogados -encabezados por Carlos Andreuchi de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)- presentaron una sólida oposición. De no haber ocurrido, Cristina de Kirchner -principal defensora de la reforma- se habría alzado con un triunfo que en la práctica le hubiera dado a la administración Kirchner el control total para bloquear o imponer decisiones en el Consejo de la Magistratura.

El proyecto de ley que motoriza el gobierno prevé la reducción del número de miembros de 20 a 13, pero mantiene -obvio- la representación legislativa en manos de senadores y diputados. De ese modo, los integrantes del Consejo serían: tres miembros de cada cámara (dos por la mayoría y uno por la primera minoría), tres jueces, dos representantes de los colegios de abogados, uno por el Poder Ejecutivo y uno por el ámbito científico y académico.

El nuevo esquema deja sin representación política a las terceras minorías como el ARI. Actualmente, el Congreso tiene cuatro representantes por cada cámara: dos por la mayoría, uno por la primer minoría y otro por la segunda minoría.

Además, le otorga al oficialismo el manejo de 1/3 del Consejo de Jueces: de 13 miembros, cinco responderán al eje oficial (dos senadores oficialistas, dos diputados oficiales y un representante del Ejecutivo). Número más que suficiente para frenar decisiones en las que se necesita la mayoría calificada de 2/3 de los votos.

• Decisiva

Así como resulta decisiva para bloquear definiciones, también lo será para imponer resoluciones o, al menos, hacerla objeto de negociaciones y de roscas políticas.

Las segundas minorías no serían las únicas perjudicadas, porque la comisión que preside la primera dama, secundada por Miguel Pichetto, dejó claro que la pretensión es que los abogados no tengan ningún puesto de decisión.

Actualmente, los letrados presiden la comisión de selección de jueces, pero ayer Cristina de Kirchner teorizó que ese lugar no deberían tenerlo, ya que pueden condicionar a los futuros jueces, porque presionándolos pueden obtener resultados favorables en los juicios.

La reunión ya era un espanto. Pero crispó los nervios de los abogados escuchar la diatriba de Pichetto, quien consideró que el parlamentarismo debía recobrar el poder que delegó en otros estamentos. Lo que propone el legislador desentona con la Constitución.

De acuerdo con la Carta Magna, la composición del Consejo de la Magistratura debe guardar un equilibrio entre las representaciones políticas, los jueces y los abogados.

«El concepto de equilibrio no quiere decir igualdad de partes, sino quienes tengan representación. Los miembros de la segunda minoría suelen actuar con una postura contestataria o de oponerse a todo», discurseó Pichetto.

La exposición del senador rionegrino es el pensamiento que guía esta reforma del consejo de jueces que deberíaalentar la independencia de la Justicia y no quedar sujeto a los gobiernos. En definitiva, sería reeditar el papel que en algún momento tuvo el Congreso en la promoción y remoción de jueces.

• Elogios

Por eso abogados y jueces elogiaron la opinión con la que abordó el tema Emilio Cárdenas en columna publicada en este diario hace una semana en la que sostiene con precisión que el mandato constitucional no debería interpretarse como referido a un peligroso equilibrio bilateral entre «los representantes de los órganos políticos y los demás», sino a un «equilibrio trilateral», o sea, entre los políticos, los jueces y los abogados. «Entre tres -y no dos- estamentos, entonces.»

Los jueces también están disconformes con este proyecto de ley. La Asociación de Magistrados afirma que, en vez de disminuirse la proporción de los jueces, debe incrementarse «hasta constituirse en un tercio de su número total».

En ese sentido, apuntan que el número de magistrados debe garantizar una suficiente participación en las comisiones que tienen a su cargo tres aspectos que hacen a la vida interna del poder judicial como lo son disciplina, administración y reglamentación.

Además, se opone a que sea excluido del cuerpo colegiado el presidente de la Corte Suprema, como prevé el proyecto oficial porque -según Pichetto- «no va nunca» a las reuniones.