17 de junio 2008 - 00:00

Promesa de aumento pacifica a militares

Jorge Godoy
Jorge Godoy
«Demasiado bueno para ser cierto», es la frase más escuchada en las fuerzas a propósito del último proyecto de decreto sobre aumento de haberes a los uniformados. El documento -trascendió justo cuando se cuestiona la gestión de Cristina por el conflicto con el campo- está en revisión en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, y si los tiempos políticos ayudan, la Presidente daría a conocer la novedad en el acto castrense más próximo del calendario: podría ser el 9 de Julio, conmemoración de la Independencia. O la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. Todo sea por sumar actores en apoyo del kirchnerismo. La Armada, por caso, fue lanzada al ruedo de presuntos golpistas con la imputación al jefe naval Jorge Godoy en la causa de espionaje a políticos -la ministra de Defensa, entre ellos- que tramita en el juzgado federal de Hugo Sastre, en Trelew. La noticia se conoció en medio del revoleo de sospechas conspirativas, y eso que el marino dio muestras de lealtad al proyecto kirchnerista en aquel memorable discurso del 3 de marzo de 2004, cuando abominó del aparato de la ESMA cual si fuese ajeno a la historia del Proceso militar.

El decreto propone una mejora salarial escalonada de alrededor del 19 por ciento, semejante a la que se otorgó a la administración pública nacional. La política de sueldos castrenses era una decisión postergada casi tanto como la atención de las cuentas públicas de los intendentes que en la coyuntura pasaron a máxima prioridad.

A pesar de la veracidad del escrito: consta de cuatro páginas y dos anexos con las nuevas escalas salariales, desde el teniente general y equivalentes hasta el voluntario de segunda o marinero de segunda, y que tramita en la Secretaría General de la Presidencia, no hay hombre de armas que no ponga en duda su aplicación. El clima de golpe voceado por el gobierno a raíz de la crisis con los productores agropecuarios induce a los militares a pensar que el aumento es sólo una dosis de sedante destinada a un actor que siempre fue convocado en escenarios de ruptura. Claro, en ese ambiente no son pocos los que cruzan los dedos a favor de los chacareros. Si algo le falta a la desestabilización imaginada por el oficialismo es mal humor en las filas de los uniformados. Los secretarios generales de las fuerzas, de Ejército, general Hugo Bruera; de la Armada, contraalmirante Adalberto Allovero; y de la Fuerza Aérea, brigadier Marcelo Puig, fueron los destinatarios oficiosos del proyecto de decreto firmado por Garré que como el maná se multiplicó al infinito entre los cuadros.

  • Extasis

  • Todos los lectores entraron en éxtasis con el primer considerando del decreto que dice: «Con el transcurso del tiempo y en atención a las características que demandan las funciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas se torna necesario actualizar los montos del haber mensual de los mismos», y llegaron al clímax con el siguiente: «La actualización de los haberes del personal militar en actividad se enmarca en el mecanismo de movilidad en la determinación de los haberes de retiro, motivo por el cual resultan innecesarias las medidas dispuestas por los decretos Nº 4994/06 y Nº 1163/ 07». El primer párrafo confirma que la suba es del haber mientras que el segundo deja sin efecto las sumas fijas que se daban hasta ahora y todos los suplementos reglamentarios a otorgar se calcularán -como lo fue antaño- conforme a la proporción del haber aumentado.

    El primer tramo de la mejora se percibiría con el sueldo de julio y el segundo con el de setiembre. El haber mensual del teniente general, máxima jerarquía del Ejército, se fijó en
    2.546,25 pesos y en la segunda etapa alcanzará 3.055,50 pesos. La medida se diferencia de anteriores recomposiciones que desde la gestión de Carlos Menem -por ingenio del entonces ministro de Economía, Domingo Caballo-, se otorgaban como suma fija no remunerable con el objetivo de que el padrón de retirados quedase fuera del beneficio. Esa errónea manera de liquidar aumentos se mantuvo inclusive durante el período presidencial de Néstor Kirchner y el Estado debió afrontar millares de juicios -todos ganados por los damnificados- con el perjuicio del bolsillo del contribuyente.

    La iniciativa que firma Nilda Garré implica ahora un cambio de fondo -más allá del guarismo neto de la mejora-, pues incluirá a los pasivos de las Fuerzas Armadas. Según datos del Instituto de Ayuda Financiera para Retirados y Pensionados Militares (IAF), la caja previsional de los uniformados a cargo del licenciado Lorenzo Donohoe, en 2002 se pagaron sentencias por 2.250 millones de pesos, hay presentaciones actuales en la Justicia por más de 4.000 millones que si se agregan a los reclamos de la gente en actividad, llegarían a los 6.500 millones, todos pagaderos en bonos públicos.

    Como la Ley de Solidaridad Previsional sancionada en 1995 fijó que cada año el Presupuesto nacional determinará qué se paga y cómo, con el transcurrir del tiempo se acumuló una bola de nieve inmanejable. Así, son más las nuevas sentencias que benefician a los reclamantes que las cancelaciones en bonos que se efectivizan a través del Presupuesto. El decreto promovido por Garré frenaría nuevas impugnaciones de los retirados en la Justicia y quitaría algo de presión a los ciudadanos que con sus impuestos subsanan las decisiones erróneas de los funcionarios públicos. Hubo cabildeos para llegar a esta resolución, una iniciativa anterior que recortaba el sueldo de los retirados en 20 por ciento levantó polvareda entre los gendarmes, quienes están sujetos al mismo plexo normativo de personal que los militares: la ley Nº 19.101. Y se sabe que esta fuerza es hoy por hoy garante de la seguridad del gobierno y del orden social en el país. Luego, el ministro de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández, desaprobó aquella propuesta de Garré y todo el expediente retornó al Ministerio de Defensa que elaboró la versión actual.

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