El presidente Fernando de la Rúa prometió ayer a los intendentes de todo el país que promulgará la nueva ley de telecomunicaciones. La norma permite a los municipios cobrar un impuesto a las empresas del rubro por el uso del espacio público. Los intendentes temían el veto de la medida sancionada por el Congreso, por lo que marcharon a la Casa Rosada para ejercer presión. La ley es rechazada por las telefónicas ya que, sostienen, vulnera los acuerdos previos a la privatización de los servicios. Sin embargo, los intendentes accedieron a firmar un convenio con Nación para regular otras tasas municipales que pesan sobre las telefónicas.
El presidente Fernando de la Rúa se comprometió ayer ante los intendentes de todo el país a promulgar la ley que les permitirá cobrar una tasa por el uso diferencial del espacio público a las empresas de telecomunicaciones. Los mandatarios municipales, por su parte, acordaron firmar un convenio con Nación para dar previsibilidad a otros tributos que gravan a las empresas del rubro pero que manifiestan marcadas diferencias entre un distrito y otro.
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Los mandatarios que viajaron a Capital Federal para pedir la bendición de De la Rúa fueron 300 y llegaron en marcha a la Casa Rosada. La remozada ley nacional de telecomunicaciones les permite cobrar 2 por ciento de la facturación bruta anual de las empresas de telecomunicaciones. Se calcula que dicha tasa representaría para el total de los gobiernos locales 150 millones de pesos al año.
La nueva ley es rechazada por las empresas, que aseguran que se vulneran los acuerdos previos a la privatización de los servicios de telefonía durante la década pasada.
Los mandatarios nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) trabajarán esta semana junto a técnicos de la Secretaría de Comunicación para que el próximo martes -a más tardar el miércoles-sea rubricado un convenio con el gobierno central que apacigüe los ánimos empresariales.
El acuerdo intentará regular las otras tasas municipales que gravan a las empresas de telecomunicaciones. Se trata del impuesto sobre la actividad comercial, el canon por la colocación de antenas y el derecho de construcción de obras cuyos valores oscilan de una ciudad a otra de manera muy marcada, lo que perjudica la previsibilidad de gastos para las empresas.
Políticos
La inmensa mayoría de la delegación que se presentó en Casa de Gobierno era justicialista. El intendente de Morón, Martín Sabbatella (Alianza), fue el encargado de gestionar la presencia frepasista. Por eso, también se apersonó en Balcarce 50 el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, entre otros mandatarios de esa fuerza.
Radicales no hubo ninguno, quizá para esquivar el trance que se vivió una vez que los mandatarios municipales estuvieron dentro del edificio rosado. El secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, les había comunicado que era inminente un veto de la ley y los intendentes se exaltaron reclamando la inmediata presencia de De la Rúa. El ministro del Interior, Ramón Mestre, en todo momento conciliador, no pudo evitar el alboroto.
Fue entonces que el Presidente cedió al pedido y se entrevistó con una comitiva integrada por el secretario ejecutivo adjunto de la FAM, Andrés Filón; el intendente de Oncativo, Osvaldo Vottero (Córdoba-PJ); el de San Juan, Alfredo Avelín (Alianza), y el de San Lorenzo, Armando Traferri (Santa Fe-PJ), entre otros. Allí hizo la promesa de promulgar la norma.
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