Provincias piden pesificación 1 a 1 para aprobar presupuesto

Si bien la discusión de la reforma política fue el motivo más evidente y divulgado de la reunión de ayer entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, hubo una agenda paralela acaso más inquietante y urgente que la de esa «reingeniería»: tiene que ver con los recursos asignados a las provincias en el presupuesto nacional, la situación de los pasivos de esos distritos y la manera en que el país dará satisfacción a la exigencia del Fondo Monetario Internacional para que se sancione cuanto antes una nueva ley de coparticipación.

• Al mismo tiempo en que se desarrollaba ayer en Olivos la cumbre por la reducción de la estructura y el gasto institucional de la política, se activó allí una especie de «confesionario» en el cual cada mandatario provincial podía ajustar sus cuentas con los funcionarios de Eduardo Duhalde. Del otro lado de la ventanilla, dos expertos en picardías «federales» a nivel fiscal: el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli -ex gobernador de Mendoza- y el encargado de cuentas provinciales del Ministerio de Economía, Juan Carlos Pezoa, encargado de esa materia desde la primera gestión de Domingo Cavallo en 1991.

En esas transacciones se discutió, en principio, una cantidad de cuentas pendientes de la Nación con los gobiernos del interior. Entre las demandantes estuvieron La Pampa -clave por la presencia de un senador de esa provincia, Carlos Verna, al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado-; La Rioja, que recibe un adicional extra en aportes del Tesoro nacional desde 1987 (fue el propio Duhalde, ayer, quien dio orden de reponer ese flujo de dinero, interesado en despejar cualquier animadversión hacia la tierra de Carlos Menem); Santa Cruz, que reclamaba ayer un aporte especial de $ 1,5 millón. Sumados, estos requerimientos podrían representar unos 400 millones de pesos en el presupuesto nacional.

• Sin embargo, el tramo más duro de la negociación tuvo que ver ayer con otro aspecto de las relaciones federales. Se trata de la deuda financiera de las provincias, especialmente de un lote de seis o siete, cuyo monto quedó modificado sustancialmente después de la devaluación. Los gobernadores pretenden que conste en el presupuesto una cláusula que establezca taxativamente que sus deudas serán pesificadas «uno a uno», como las de los particulares y las empresas. Además, el artículo debería incluir alguna expresión favorable a la renegociación de la deuda.

El pasivo de las provincias había sido tratado por Cavallo y los gobernadores hacia el final de la gestión De la Rúa. En esa oportunidad se alcanzó una fórmula de acuerdo por la cual se refinanciaban las deudas a 7% y, a cambio, los distritos aceptaban una reducción de 13% en la coparticipación de impuestos. Pero con el cambio monetario que introdujo el gobierno actual esa ecuación perdió validez y por eso desde el interior se reclama una norma explícita concediéndoles la pesificación. Además, esa cláusula podría contener alguna referencia al canje de deuda nacional, que sería suspendido para dar paso a otra transacción que incluya pasivos nacionales y provinciales. La discusión de este capítulo será materia de reuniones esta semana, siempre en el eje Gabrielli-Pezoa.

• La última innovación que se trató ayer en Olivos al margen de la reforma política tiene que ver con un «recordatorio» del Fondo: desde Washington, Anne Krueger le transmitió a Jorge Remes que se espera del Congreso argentino un rápido tratamiento de una nueva ley de coparticipación. En rigor, es un requisito que ya estaba en el último «memo» que le había llegado a Cavallo con el mismo remitente. En aquella oportunidad se pedía que la norma tuviera estado parlamentario antes de que terminara 2001. Pero eso no se produjo, lo que obligará esta semana a un tratamiento de emergencia de algún proyecto, como para abrir la discusión en las Cámaras cuanto antes. Entre los textos posibles, anoche se veía con mejores ojos uno auspiciado por el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero.

La de la coparticipación no es una discusión sencilla. No sólo por la trama de intereses que deben armonizarse a nivel federal sino porque, de por sí, conlleva la discusión de un nuevo sistema impositivo: es decir, la reforma al tipo de imposición (impuesto a las ventas, eliminación de sellos, etc.) y a la manera de cobrarlos, derivando parte de esa responsabilidad a las provincias.