Fernando de la Rúa negó ayer que esté entre sus planes dictar un indulto para Carlos Menem, detenido preventivamente por el juez Jorge Urso, quien investiga la venta presuntamente ilegal de armas a Croacia y Ecuador en la década pasada.
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La negativa del Presidente se conoció cuando ayer se lo preguntó un cronista mientras visitaba San Juan, circunstancia que le resta gravedad a la respuesta -si nadie se lo preguntaba, De la Rúa no hubiera mencionado asunto. «Los indultos no corresponden», se limitó a enfatizar el jefe del Estado, durante una rueda de prensa que ofreció en la sede de la Municipalidad de Jachal para anunciar que iba a donar el aguinaldo que le corresponde como presidente.
La posibilidad de este indulto fue mencionada desde que se habló de la probabilidad de que Menem fuera citado por la Justicia en el caso de las armas. Fue en los pasillos del gobierno, previniendo alguna actitud en caso de que Menem fuera procesado, lo que aún no ha sucedido. (En efecto, un indulto podría dictarse sólo en caso de que estuviera el ex presidente ya procesado en alguna causa.) En aquellas conversaciones preliminares dentro del gobierno, no se hablaba de un indulto para beneficiarlo a Menem, sino lo contrario; sería una forma de aprovechar un traspié judicial para producir un menoscabamiento político: el indulto elimina la pena, pero no el delito, y un decreto así supondría una culpabilidad del ex presidente que el sucesor se avendría a disculpar graciosamente. Una manera de agraviarlo con el justificativo de ayudarlo.
El propio gobierno dejó de lado esa maniobra, aun antes de que Menem fuera detenido por Urso, siguiendo su manía por las encuestas. Una muestra ordenada por la Casa de Gobierno anotició a De la Rúa de que una mayoría de la opinión pública no vería con buenos ojos ese indulto. Eso convertía la maniobra en un bumerán.
Ya con Menem detenido, recrudeció el tema del indulto, pero ahora, entre los defensores del ex presidente. El coordinador de los diversos patrocinantes promovió una rueda de consultas entre juristas y expertos en derecho que, unánimemente, dictaminaron que un indulto a Menem está entre las facultades del Presidente, pero que para poder hacerlo, Urso debería haber dictado un procesamiento. Este tipo de perdones sólo tiene vigencia para procesados y condenados.
Este segundo debate se sumó a los reproches que el peronismo de Don Torcuato guarda hacia el gobierno, al que acusa de alentar subrepticiamente los actos de Urso y del fiscal Carlos Stornelli y producir un acto de persecución política e ideológica.
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